El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Santiago Pedraz, ha perdido de golpe a cinco funcionarios en pleno arranque del curso judicial como consecuencia del proceso de acoplamiento de plazas de la Ley de Eficiencia, tal y como ha podido saber El Independiente. El órgano afrontará así las próximas semanas con una plantilla mermada, y mientras el magistrado tiene sobre la mesa dos de las investigaciones de mayor relevancia que tramita actualmente: el 'caso Leire-cloacas' y la trama de hidrocarburos.
La situación ha sido comunicada esta semana por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, está previsto que los funcionarios que han dejado las plazas sean sustituidos aproximadamente en un mes por trabajadores procedentes de otros destinos. El problema es que, previsiblemente, los nuevos funcionarios no conocerán la Audiencia Nacional ni las causas que se tramitan en el juzgado, por lo que su incorporación no supondría una solución inmediata y al tiempo que transcurrirá hasta que ocupen las plazas se suma así el que necesitarán para familiarizarse con el funcionamiento del tribunal, tal y como subrayan las citadas fuentes.
Las causas que llegan a los juzgados centrales pueden acumular años de investigación, miles de documentos y numerosas resoluciones. El relevo de los funcionarios que las conocen y trabajan con ellas desde hace tiempo implica, por tanto, perder conocimiento acumulado y ritmo de trabajo. Por ello, fuentes conocedoras han explicado a este periódico que el juzgado priorizará entretanto los asuntos urgentes y las actuaciones que ya tiene señaladas.
Precisamente, el 'caso Leire-cloacas' retoma su actividad este miércoles en la Audiencia Nacional con las declaraciones de la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el abogado Ismael Oliver. Al día siguiente declarará el exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, así como el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso.
Un problema ya denunciado en febrero
Los juzgados centrales de la Audiencia Nacional ya alertaron el pasado febrero del colapso por falta de funcionarios. Entonces, tres magistrados —Francisco de Jorge, Santiago Pedraz y Antonio Piña— llegaron a informar mediante providencias a las partes personadas en sus procedimientos de las dificultades que atravesaban sus respectivos órganos. Advertían de que la falta de personal podía afectar directamente a la tramitación de las causas y provocar demoras en la respuesta a las solicitudes de las partes.
En una de aquellas providencias, Pedraz explicó que la situación derivaba del proceso de consolidación y estabilización de plazas de funcionarios, iniciado en aplicación de la Ley de Eficiencia promovida por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El magistrado advertía entonces de que en su juzgado era inminente el cese de siete funcionarios y que, entre su salida y la cobertura de las plazas, podía producirse un periodo de aproximadamente 45 días sin esos efectivos. Desde entonces, el problema no ha desaparecido y ahora el juzgado de Pedraz vuelve a perder efectivos. En este caso, otros cinco funcionarios.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 alertaba además de que el órgano se encontraba "sobrecargado" y que la falta de personal hacía imposible asignar procedimientos a los funcionarios que permanecían en el juzgado sin generar demoras. Una advertencia prácticamente idéntica realizó el magistrado Antonio Piña, que comunicó a las partes el cese de seis funcionarios de su juzgado y el periodo previsto hasta la cobertura de las plazas. De Jorge, por su lado, 'perdió' a cuatro trabajadores.
El balance del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia presentó en julio los resultados del primer año de la que definió como "la mayor reforma organizativa de la Justicia española en décadas". La Ley de Eficiencia, que incluye la sustitución de los juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia. Bolaños defendió entonces que el nuevo modelo permitía reorganizar los recursos y equilibrar mejor las cargas de trabajo.
El ministro resumió aquel balance con una frase: "Hay más juicios, más jueces y menos litigiosidad". También aseguró que no se había producido ninguna de las "predicciones apocalípticas" que habían acompañado a la reforma. Bolaños defendió además que la implantación se completó dentro del plazo previsto y sin provocar "suspensiones ni demoras generalizadas" en los procedimientos, una circunstancia que también destacó el CGPJ en un informe elaborado el pasado mes de marzo. Fuentes del Ministerio aseguran que la plantilla está actualmente cubierta.
"Se deshacen los equipos de trabajo"
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) sitúa el problema en un contexto más amplio. Según explica la asociación en declaraciones a El Independiente, la situación de la Audiencia Nacional se reproduce en otros tribunales españoles cuando se producen procesos de estabilización de plazas o concursos de traslado. "Se pasa de funcionarios conocedores de complejos procedimientos judiciales a nuevos funcionarios sin transición alguna", señalan.
A ello se añade habitualmente un periodo entre el cese de unos trabajadores y la toma de posesión de quienes ocuparán sus plazas en el que el puesto permanece temporalmente sin cubrir. La diferencia en la Audiencia Nacional es la especial gravedad que adquiere el problema por el número de plazas afectadas y por la complejidad de los procedimientos que se tramitan en este órgano. Una macrocausa no puede ponerse al día de un día para otro. Requiere que quienes trabajan en ella conozcan su documentación, las resoluciones dictadas y la situación procesal de cada una de sus piezas.
La AJFV asegura que no es la primera vez que denuncian esta situación, que a su juicio provoca "una parálisis indeseable del trabajo en los Tribunales". Entre las soluciones que plantea figura evitar los ceses simultáneos, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada órgano judicial, y establecer periodos de solapamiento durante los que el funcionario que deja la plaza pueda trabajar conjuntamente con quien vaya a sustituirle.
Te puede interesar