Culmina la instrucción del 'caso Begoña Gómez'. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto broche final este martes a la investigación que empezó hace ya más de dos años a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vista se ha extendido durante poco más de media hora y ha concluido con la ratificación de todas las partes en sus escritos, sin acordar medidas cautelares y a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emita el auto que acuerde la apertura de juicio oral, según han precisado fuentes jurídicas a El Independiente.
El juez Peinado citó el lunes a Gómez y su exasesora para la audiencia preliminar para las 18.00 horas de este martes. Ninguna ha acudido a la vista, al no estar obligadas a presentarse personalmente en este tipo de señalamientos. Se trata de un trámite previo al juicio en el que la mujer de Pedro Sánchez se sentará ante un jurado popular por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. No obstante, la última cita de Peinado con la esposa del presidente comenzó pasadas las 19.15 debido a que su representación legal tuviera que reprogramar un viaje.
Y es que a última hora de la tarde del lunes, la defensa de Gómez —ejercida por el abogado Jaime Campaner— presentó un escrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pidiendo el aplazamiento de la cita, ya que el letrado tenía previsto un viaje laboral a Barcelona y no podría estar presente, según confirmaron fuentes cercanas a la defensa de la mujer de Sánchez a El Independiente. Por su parte, Cristina Álvarez se encuentra de viaje y no regresaría a España hasta el 28 de septiembre, un día después de la jubilación del magistrado, según avanzó el diario El Periódico. Su abogado, José María de Pablo, ha acudido a la vista.
Las defensas reclaman su absolución
Las defensas de Gómez y Álvarez han reclamado su absolución al entender que no han cometido ningún delito. La esposa del presidente del Gobierno mantiene que no actuó "en ningún momento" con "ánimo de enriquecerse", y niega haberse apropiado del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), uno de los elementos centrales de la investigación.
Álvarez, por su parte, asegura que no intervino en el registro, contratación, transferencia o disposición sobre el software de la UCM y que actuó "siempre siguiendo instrucciones" de Gómez, convencida de que no estaba haciendo nada ilegal.
Frente a ambas, la acusación popular que ejerce Hazte Oír mantiene su petición de 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez por presunta malversación. La Fiscalía, en cambio, es partidaria de que las dos sean absueltas.
La defensa de Gómez ha aprovechado además la audiencia preliminar para cuestionar el escrito de acusación de Hazte Oír. Según fuentes jurídicas, Campaner ha alegado su "ineficacia" por contener "graves defectos insubsanables" y ha criticado que la acusación popular incluya referencias a atestados policiales y declaraciones prestadas durante la instrucción, cuando, a su juicio, debería limitarse a relatar los hechos punibles.
El abogado ha puesto el foco especialmente en que se trata de un procedimiento ante un tribunal del jurado, donde, según su interpretación, la inclusión de elementos propios de la fase de investigación podría "contaminar" al jurado antes de la celebración del juicio.
Discrepancias entre Hazte Oír y Manos Limpias
La audiencia preliminar también ha evidenciado un desencuentro entre las propias acusaciones populares sobre el papel de Cristina Álvarez. Hazte Oír mantiene su petición de seis años de prisión para la exasesora de Gómez, mientras que Manos Limpias sostiene que no ha cometido ningún delito y reclama su absolución.
El letrado de Manos Limpias, Víctor Soriano, ha hablado a la salida de la vista de la "discrepancia" de su formación con Hazte Oír. Según ha explicado, su representación pidió al juez Peinado poder intervenir durante la audiencia para apartarse del escrito de acusación presentado por la dirección letrada de las acusaciones populares, pero el instructor rechazó la petición.
El desencuentro se produce mientras el Tribunal Constitucional tramita un recurso de amparo presentado por Manos Limpias contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de mantener agrupadas a las distintas acusaciones populares. El propio Soriano ha admitido que no alberga demasiadas esperanzas de que el Constitucional estime su recurso.
El precedente de junio
La audiencia de este martes llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid recortara en julio el alcance de la acusación contra Gómez. El tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por su defensa y revocó el enjuiciamiento por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero mantuvo la decisión de enviarla a juicio ante un tribunal del jurado por malversación y tráfico de influencias.
A raíz de esa resolución, Peinado tuvo que dar un nuevo plazo a las partes para que reformularan sus escritos de calificación conforme a los criterios fijados por la Audiencia Provincial. Las acusaciones lideradas por Hazte Oír, que hasta entonces reclamaban 24 años de prisión para Gómez, rebajaron su petición a 13 años.
Todas las partes se han ratificado este martes en sus respectivos escritos, por lo que la audiencia preliminar ha transcurrido en poco más de media hora. El siguiente paso corresponde ahora al instructor, que deberá decidir mediante auto si abre formalmente el juicio oral.
La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece un plazo de tres días para dictar esta resolución, aunque Peinado ya excedió ampliamente ese plazo en la anterior ocasión. El magistrado, además, se encuentra ante un calendario especialmente ajustado: estará de vacaciones desde este miércoles hasta el 18 de septiembre y se jubilará el próximo 27 de septiembre, por lo que deberá resolver antes de abandonar el juzgado.
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