La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados con la mal llamada Ley de Nietos, le ha servido al PP para sacar pecho ante un asunto sobre el que arrojaron una montaña de dudas, finalmente respaldadas por el alto tribunal. Dicen en el cuartel general de los populares que esta "es una batalla que se gana y estamos muy satisfechos de haberla liderado", aunque el recurso ante el TS partió de Vox y de la organización Iustitia Europa.
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También tiran las mismas fuentes de ironía al lanzar "un saludo a todos aquellos que decían que Feijóo exageraba al poner el foco en la Ley de Nietos y que qué irresponsable y que qué error dudar de este Gobierno y que bla bla bla...". Lo cierto es que la hemeroteca es prolija en críticas de Feijóo a una medida que siempre defendió, habida cuenta la cantidad de ciudadanos de origen gallego que fueron al exilio, pero no dejó de lanzar dudas sobre la aplicación de una instrucción por la que no se exigía ser hijo o nieto de un represaliado por el franquismo por razones políticas, creencias religiosas o tendencia sexual.

Feijóo anuncia que llegarán «hasta el final en relación a este asunto"

Ayer mismo, tras conocer la decisión del TS, destacó Feijóo que "las nacionalidades no se regalan» y que el PP llegará «hasta el final en relación a este asunto" tras considerar que el espíritu de la ley fue desvirtuado por la firma de una instrucción en 2022 de la entonces directora directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, permitiendo una vía indiscriminada de petición de nacionalidades, con impacto en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Los populares registraron ante la secretaría de Estado de Justicia la petición de revisión de oficio y declaración de nulidad de pleno derecho de dicha instrucción, firmada por Puente, hermana del ministro de Transportes.

Desde el principio, el meollo de la polémica ha residido en si este proceso de nacionalizaciones podía distorsionar el censo electoral de cara a las elecciones generales y autonómicas del año que viene. Feijóo abrió este debate ya en el mes de enero, cuando denunció que el Gobierno no tenía derecho "a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas». «No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas», dijo en otro acto público poco tiempo después.

La decisión del TS, aunque provisional, es el segundo varapalo al Gobierno tras la suspensión del DNI electrónico para votar

E incluso hubo un vídeo, difundido en redes, en el que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, denunció que «cuando queremos saber si alguien está manipulando unas elecciones siempre nos fijamos en las papeletas, en las urnas o en el recuento. Pero hay una forma más silenciosa: decidir quién entra en el censo electoral».

Y añadía: «Sánchez no está reparando ningún pasado, se está garantizando el futuro». Este martes, Ezcurra ha exigido la asunción de responsabilidades al Gobierno por pretender "con todo el descaro, alterar las generales" para que Pedro Sánchez "se perpetuara en el poder", informa Europa Press. El Ejecutivo socialista "se ha encontrado con un Estado de Derecho que funciona", a pesar de "todos sus intentos por acosar a jueces".

Ante las sospechas respecto a un proceso que ahora suspende cautelarmente el Supremo, -sin entrar en el fondo de la cuestión ni revocar las nacionalidades concedidas- Feijóo anunció hace dos meses la redacción de una nueva ley de nacionalidad. A falta de concretarse, vincularía el derecho al voto con la residencia, de modo que no se podría incrementar el censo electoral desde el extranjero. El líder del PP llegó a hablar de "ingeniería social" con un objetivo gubernamental poco menos que inconfesable.

Bolaños exige al Supremo que resuelva la situación antes de las elecciones generales y autonómicas

La decisión del TS ha generado malestar en el Ejecutivo, que no comparte la decisión, y pide al Supremo resolver esta situación antes de las elecciones generales y autonómicas del año que viene. Así lo manifestó ayer en el Senado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para quien "lo más sagrado que hay en democracia, es el derecho al voto" al tiempo que destacó la "ejemplaridad" de nuestro sistema electoral.

No ha sido el primer contratiempo para el Gobierno en materia electoral. A la decisión del Supremo de suspender los efectos electorales de la ley de Memoria Democrática, se suma la decisión, el pasado mes de marzo, de la Junta Electoral Central (JEC) de interrumpir el uso del DNI digital para ejercer el derecho al voto, tras una petición en este sentido del primer partido de la oposición.

El órgano que garantiza la limpieza de los procesos democráticos en nuestro país entendió entonces que no se garantizaba suficientemente la identidad de los votantes. El PP pidió dicha suspensión "ante las dudas y la alarma social que se ha generado tras conocerse que no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, que es lo que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento". Esta suspensión, después de una ardua polémica, sigue vigente.