La jueza María Tardón ha aceptado que la Abogacía del Estado se persone como acusación particular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada apunta que el Estado tiene la condición de perjudicado al considerar que los hechos afectaron a la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de España.
"Pudiéramos encontrarnos ante conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España, al poder integrar un ataque —entre otros bienes y valores jurídicos— a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de Derecho", explica la instructora.
La magistrada declaró este lunes la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada en la ciudad autónoma como un "grave ataque" a la integridad territorial de España. A su juicio, los hechos podrían constituir presuntos delitos contra la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con posibles homicidios imprudentes—, así como un posible delito de organización criminal.
Su decisión llegó después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunciara a favor de que este órgano asumiera la investigación. Tardón había solicitado previamente un informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre lo ocurrido y, una vez recibido, dio traslado al Ministerio Público. El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, respaldó la competencia de este tribunal.
El informe del CENIF fue clave para la decisión de la magistrada. El documento concluía que la entrada masiva no tuvo un carácter espontáneo y describía una estructura organizada en diferentes niveles, desde la difusión de los llamamientos en redes sociales hasta la coordinación sobre el terreno y una posible planificación estratégica. La jueza Tardón comparte esta misma tesis, y sostiene que los hechos "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
En concreto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 sostiene que se ha evidenciado una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso" desde territorio de Marruecos y afirma expresamente que comparte el criterio del informe policial al calificar de "guiado activo" el comportamiento observado en determinados agentes.
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