El Salón de Plenos del Tribunal Supremo no acoge este jueves ninguna vista, sino el acto con el que la Justicia da oficialmente la bienvenida a su nuevo curso. Presidido por el Rey Felipe VI —ataviado para la ocasión con el Gran Collar de la Justicia—, la cita reúne desde las 12.00 de la mañana de este jueves a las principales autoridades judiciales y representantes de los tres poderes del Estado en las instalaciones del Alto Tribunal, mientras todas las miradas permanecen puestas en la crisis migratoria de Ceuta.
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El monarca ha cedido la palabra, en primer lugar, a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que ha presentado los principales resultados de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025. Después ha tomado la palabra la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que ha presentado la Memoria anual del Poder Judicial, sobre el estado, funcionamiento y actividad de los juzgados y tribunales durante el último ejercicio.

Perelló reivindica la independencia judicial frente al 'lawfare'

A continuación ha tomado la palabra la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, que ha presentado la Memoria anual del Poder Judicial, que recoge el estado, funcionamiento y actividad de los juzgados y tribunales durante el último ejercicio.

Su discurso ha estado marcado por una defensa de la independencia judicial frente a las acusaciones de que jueces y tribunales adoptan decisiones por motivos políticos. "Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales", ha advertido. "La independencia judicial no constituye excepción al principio democrático, sino una de sus garantías", ha subrayado Perelló, que ha defendido que "los tribunales han de resolver conforme al Derecho, sin presiones directas ni indirectas".

En este sentido, ha cargado contra las acusaciones que atribuyen a jueces y tribunales decisiones adoptadas por razones políticas y no por los argumentos jurídicos recogidos en sus resoluciones. "Esta es una imputación de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva", ha señalado. Una acusación de este tipo, ha añadido, pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete "uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho". La presidenta del Supremo ha citado además al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "Cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio".

Perelló ha diferenciado entre la crítica a una resolución judicial y la descalificación personal de quien la dicta. "Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal, el daño no se limita al juez", ha advertido. A su juicio, este tipo de ataques se proyecta sobre la función jurisdiccional y "debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

La advertencia ha sido especialmente contundente cuando se ha referido a quienes ejercen responsabilidades institucionales. "Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor", ha afirmado. "No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción", ha concluido.

El discurso de Perelló ha terminado también con una referencia a Ceuta, donde a finales de julio se produjo la grave crisis migratoria. "Recordamos de manera especial a las personas que han fallecido en la grave crisis en la que está sumida Ceuta", ha señalado la presidenta del Supremo. En una situación "tan complicada", ha añadido, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado y en que los jueces "van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley".

Peramato traslada su solidaridad con Ceuta

Antes de hacer balance de lo que fue 2025 para el ejercicio fiscal, Peramato ha querido trasladar su solidaridad a los ciudadanos de Ceuta. "Están haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras", ha apostillado la fiscal general. "Se trata de un desafío que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de nuestras instituciones". Así, ha anunciado que reforzarán la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta, trasladando próximamente a tres fiscales a la ciudad autónoma.

La fiscal general ha situado el narcotráfico entre las principales amenazas para la seguridad y el Estado de Derecho. "Sigue constituyendo una de las principales amenazas (...) debido a la creciente capacidad económica, sofisticación e internacionalización de las organizaciones criminales que operan en este ámbito". Así, ha querido hacer mención en especial a zonas como el Campo de Gibraltar, donde la "presión ejercida por las redes de narcotráfico" plantea "desafíos extraordinarios" para las instituciones.

"No puedo dejar de recordar en este punto a los guardias civiles que perdieron la vida en Barbate en el año 2024 y en Huelva en este año 2026, mientras cumplían con su deber, víctimas de la violencia y el desprecio por las normas democráticas que caracterizan a estas organizaciones criminales", ha afirmado. Su memoria, ha añadido, supone "un permanente recordatorio de la dimensión humana del esfuerzo que exige la lucha contra el narcotráfico y de la deuda de gratitud que la sociedad mantiene con quienes arriesgan su vida para protegerla".

La Memoria de la Fiscalía también deja datos "sencillamente intolerables", en palabras de Peramato, sobre la violencia contra las mujeres. 50 mujeres fueron víctimas de feminicidio a manos de sus parejas o exparejas durante 2025, la misma cifra que el año anterior. De ellas, únicamente 11 habían presentado una denuncia previa, apenas el 22% de los casos. Además, 14 de los presuntos autores, un 28% del total, contaban con antecedentes de violencia de género respecto de otras parejas o exparejas, un dato que, según la Fiscalía, confirma la preocupante presencia de los denominados agresores persistentes.

Al acto asisten también los vocales del CGPJ, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados del alto tribunal, así como los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales. Entre ellas, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo.