El nuevo reto de Núñez Feijóo si llega a Moncloa: evitar más Maricármenes

"Pido una oportunidad para arreglar el problema de la vivienda que Sánchez ha agravado en sus ocho años de Gobierno". En estos términos se manifestó el líder del PP el pasado viernes tras ser interrogado por la prensa sobre el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal. Habían transcurrido dos días desde el lanzamiento del piso en el que residió durante más de 70 años, pero Alberto Núñez Feijóo no había expresado su opinión sobre un hecho que ha provocado una enorme conmoción social y abierto en canal el debate sobre los problemas de acceso a la vivienda en nuestro país, tanto para comprar como para alquilar. De llegar a Moncloa tras las próximas elecciones generales, heredará un problema de enorme magnitud.

La vivienda ha escalado en los últimos años hasta convertirse en la principal dificultad de los españoles, según los barómetros del CIS. Y si hasta hace relativamente poco tiempo los desahucios eran por impago de hipoteca, ahora la mayoría son por impagos del alquiler, después de batallar durante años en los tribunales inquilinos y propietarios. El modelo pactado en la anterior legislatura -no sin enormes dificultades, entre PSOE y Unidas Podemos- de crear mapas de zonas tensionadas y límites a la subida de los arrendamientos puede tener los meses contados.

Génova defiende que los datos del CGPJ sobre desahucios les da la razón

En realidad, dicho modelo nunca fue del agrado de los socialistas, que terminaron transigiendo ante Podemos, aunque ahora parezcan sus principales defensores. Las comunidades gobernadas por el PP nunca lo han aplicado y los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los desahucios en España le ha dado al primer partido de la oposición un argumentario al que se aferran todos sus dirigentes, incluida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según los datos de la memoria del Consejo, el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2025 crecieron con respecto al año anterior nada menos que un 35,6 por ciento frente al 18,3 por ciento de 2024. Los lanzamientos -esto es, el desaolojo físico de arrendatario- fueron 25.540, un 11 por ciento menos que el año anterior. Pero es Cataluña la que se dispara con respecto al resto de los territorios. La región del socialista Salvador Illa suma 6.814 desahucios, esto es, el 26,6 por ciento del total nacional; seguida, muy de lejos por Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267.

Más de un millón de viviendas

Feijóo cree que buena parte del problema se aliviaría dando respuesta a la cada vez mas creciente demanda de hogares ante una población que no deja de crecer. Y eso pasa por , movilizar suelo y agilizar trámites para hacer posible la construcción de "más de un millón de viviendas nuevas porque solo así podremos rebajar los precios", explicó el viernes. También meterían mano a la fiscalidad, para que no lastre los precios, y poner facilidades, por ejemplo, a la donación de pisos de padres a hijos, aunque no han aclarado si recuperarán la desgravación fiscal de la vivienda habitual.

Antes del estallido del caso de Maricarmen Abascal, los populares ya tenían este asunto en agenda. Sin ir más lejos, el pasado día 15 Feijóo visitó junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, una promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler. Allí anunció ayudas fiscales de hasta 26.000 euros para los jóvenes que quieran ser propietarios, crear 'huchas hogar' y avales públicos de hasta el 100 por cien del precio de la vivienda o reducciones de impuestos de hasta el 60 por ciento. También recordó que, junto con las Comunidades autónomas que gobiernan, han elaborado un plan de vivienda que ya ha llegado al Congreso tras pasar por el Senado.

La Cámara Baja admitió a trámite en abril una proposición de ley popular con los votos a favor de PP, Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el rechazo del resto de los grupos parlamentarios. En este texto derogan el concepto de zonas tensionadas y de precios de referencia para el alquiler. En cambio, sí coincide con la reforma de la Ley del Suelo que pactaron PSOE y PNV, criticada por muchas organizaciones y partidos de la izquierda, por orillar, entre otras cuestiones, los informes de impacto ambiental. Asimismo, facilita los desahucios y endurece las condiciones para ser considerada la vulnerabilidad económica. Otro aspecto en el que incide la propuesta del PP es en el del silencio positivo administrativo ante la petición de una licencia de construcción para aliviar la carga burocrática. Este texto no entra en reformas de índole fiscal.

La gran pregunta es si con esta ley de vivienda se hubiera evitado el desahucio de Maricarmen Abascal. De hecho, hubiera agilizado los trámites para su expulsión del piso, "pero la Ley hay que cumplirla y los propietarios tienen derecho a recuperar su vivienda y más si hay orden judicial". Otra cosa, matizan los populares, es crear las condiciones para posibilitar "oferta accesible" y eso solo pasa, "por construir en un país donde ha crecido la población y las gruas están paradas". Todo lo demás, es, a juicio de Génova, la instrumentalización de un caso "descorazonador", en palabras de Feijóo.

"No voy a utilizar a Maricarmen para hacer política ni demagogia con esto", dice Feijóo

"No voy a utilizar a Maricarmen para hacer política ni demagogia con esto. No voy a utilizar un desahucio de una persona mayor a pesar del impacto que eso supone", arguyó el líder del PP en su primera declaración sobre lo acontecido el pasado miércoles en la madrileña calle de Sainz de Baranda y las movilizaciones posteriores, una de ellas ante el ático de más de seis millones de euros comprado por el Gobierno regional. Como los toreros, Feijóo ha pedido "una oportunidad" para intentar solucionar el primer problema social de España. El actual Gobierno está, a su juicio, "inhabilitado" tras ocho años en el poder. No es, como diría Mariano Rajoy, un asunto menor.