El juez Pablo Llarena ha rechazado nuevamente aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y Antoni Comín por la malversación vinculada al referéndum del 1-O y mantiene las órdenes nacionales de detención contra ambos. En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del procés admite que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado julio ha dejado sin efecto uno de los argumentos que utilizó para negar la medida, pero sostiene que continúa vigente el segundo: que los hechos respondieron a un propósito de obtener un "beneficio personal de carácter patrimonial".
Llarena recuerda en su resolución que la denegación de la amnistía en julio de 2024 se apoyó en dos motivos distintos. Concretamente, la existencia de un supuesto beneficio personal de carácter patrimonial y la consideración de que los hechos afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre este último punto, el magistrado reconoce ahora que el TJUE le ha obligado a cambiar de criterio. "La objeción de las defensas es fundada", admite el juez después de analizar la sentencia europea del 16 de julio.
La decisión llega apenas una semana antes de que el Tribunal Constitucional empiece a resolver los recursos de amparo de los líderes independentistas a los que el Supremo rechazó aplicar la ley por la malversación. El Pleno del órgano de garantías deliberará el próximo 22 de septiembre sobre el recurso de Jordi Turull, el primero de los siete presentados por los dirigentes del procés afectados por esta cuestión. La resolución puede marcar el camino para los demás, entre ellos Puigdemont y Comín, cuyos recursos continúan pendientes.
El Supremo dejó fuera de la amnistía la malversación al considerar que concurría la excepción prevista en la ley para los casos en los que hubiera existido un propósito de enriquecimiento o un "beneficio personal de carácter patrimonial". Esa es precisamente la interpretación que ahora tendrá que revisar el Constitucional. Si el tribunal de garantías considera que esta excepción no permite excluir de la amnistía la malversación del procés, el escenario judicial de los dirigentes independentistas cambiaría.
En el caso de Puigdemont, además, la eventual aplicación de la amnistía tendría como consecuencia el levantamiento de la orden nacional de detención que pesa sobre él y que le impide regresar a España sin riesgo de ser arrestado. A diferencia de Turull, Junqueras, Romeva y Bassa, que ya fueron condenados por el Supremo, Puigdemont y Comín permanecen procesados en rebeldía y fuera de España.
La previsión dentro del Constitucional es que el Pleno avance con rapidez en la resolución de estos recursos. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que la primera semana de octubre podrían estar resueltos todos los amparos. Será entonces cuando el protagonismo vuelva al Supremo y, en el caso de Puigdemont y Comín, al propio Llarena, que tendrá que adaptar su decisión a la doctrina que, en su caso, establezca el tribunal de garantías.
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