El abogado boliviano Cristian Pablo Mina Aguilar ha presentado ante la Fiscalía General del Estado de Bolivia una denuncia penal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto delito de tráfico de influencias relacionado con el litigio entre la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) y la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), del Grupo Gloria. El escrito reclama a las autoridades bolivianas que soliciten cooperación judicial a España para incorporar a la investigación el informe elaborado por la UDEF sobre las gestiones de Zapatero en Bolivia y las conversaciones extraídas del teléfono de su secretaria, María Gertrudis Alcázar.
La petición llega precisamente cuando la defensa de Zapatero mantiene abierta en la Audiencia Nacional su batalla para que ese informe policial sea excluido del procedimiento. El pasado 14 de septiembre, sus abogados recurrieron ante la Sala de lo Penal para intentar sacar de la causa las pesquisas sobre sus actividades en Bolivia, al considerar que se refieren a hechos ajenos al objeto de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
En paralelo, la denuncia presentada en Bolivia pide que ese mismo material sea incorporado a las diligencias. En concreto, reclama una copia certificada del informe de la UDEF de 22 de junio de 2026 que obra en el procedimiento de la Audiencia Nacional y el acceso al contenido de las conversaciones obtenidas del teléfono de Alcázar. También solicita documentación sobre los viajes y reuniones de Zapatero en Bolivia, sus accesos a la Casa Grande del Pueblo y el expediente completo, incluidas las grabaciones, del procedimiento constitucional promovido por SOBOCE.
La llamada a Arce y el fallo 24 días después
El eje de la denuncia es la sucesión temporal entre las gestiones atribuidas al expresidente y una resolución judicial que dejó en suspenso el cobro de 744,3 millones de bolivianos —unos 107 millones de dólares— que SOBOCE debía abonar a FANCESA.
El 5 de febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dictó el Auto Supremo que rechazó el recurso presentado por SOBOCE y mantuvo la obligación de pagar esa cantidad a FANCESA. El conflicto entre ambas compañías se encontraba así resuelto, al menos en esa instancia, en favor de la cementera boliviana.
Pero la situación cambió después. Según recoge la denuncia, el 4 de mayo de 2025 Zapatero dio instrucciones a su secretaria para intentar contactar con el entonces presidente boliviano, Luis Arce. En una conversación incorporada por la UDEF a su informe, el expresidente escribió: “Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia”. Alcázar respondió que contactaría con la secretaria de Arce y, posteriormente, ambos intercambiaron mensajes para intentar cerrar la conversación.
Al día siguiente se produjo la llamada entre Zapatero y Arce. Y el 6 de mayo, según la documentación que acompaña a la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el entonces ministro de Justicia, César Siles, comunicó al expresidente que “se han dado las indicaciones oportunas” al procurador general del Estado, Ricardo Condori, en relación con el recurso de amparo constitucional presentado por SOBOCE.
"Indicaciones oportunas"
Veinticuatro días después, el 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los magistrados José Rodolfo Sáenz Paz y René Oscar Delgado Ecos, declaró procedente el amparo de SOBOCE y dejó temporalmente en suspenso la resolución del Tribunal Supremo que obligaba al pago de los 744,3 millones de bolivianos.
La denuncia trata de establecer una relación entre las gestiones atribuidas a Zapatero y esa posterior resolución judicial. La coincidencia temporal constituye uno de los elementos que el denunciante pide investigar, pero no acredita por sí misma una relación causal entre la llamada del expresidente y el fallo.
La Fiscalía boliviana ya investiga el caso
La denuncia presentada en Bolivia no ha quedado únicamente en manos del Senado. La Fiscalía General del Estado boliviano confirma en un documento fechado el 20 de julio que existen dos investigaciones preliminares relacionadas con el denominado "caso Zapatero". Una de ellas parte de la denuncia presentada por el abogado Cristian Pablo Mina Aguilar y está dirigida por el fiscal Ángel Mario Durán Guzmán. La segunda fue abierta de oficio el 30 de junio, bajo la dirección del fiscal Javier Ángel Gorena Camacho.
La Fiscalía asegura además que ya ha activado, a través de su Unidad de Asuntos Internacionales, solicitudes de cooperación judicial a España y Perú para obtener documentación y elementos de convicción relacionados con los hechos investigados. Las peticiones, señala, se encuentran actualmente en trámite y pendientes de respuesta.
Una denuncia también contra los jueces
El escrito presentado por Mina no se dirige únicamente contra Zapatero. También incluye al expresidente boliviano Luis Arce, al exministro de Justicia César Siles, al entonces procurador general Ricardo Condori y a otros responsables públicos y personas vinculadas al caso.
Asimismo, denuncia a los dos magistrados que dictaron el amparo favorable a SOBOCE. El abogado cuestiona el contenido de su resolución y sostiene que incurrió en una actuación ultra petita, es decir, una actuación judicial que concede más de lo que se había pedido.
Sobre esta base, solicita que se investiguen posibles delitos de prevaricación y un eventual consorcio entre jueces y abogados. La denuncia pretende así reconstruir una posible cadena de actuaciones que comenzaría con la contratación de Zapatero y sus contactos con autoridades bolivianas y terminaría con la paralización judicial del pago reclamado por FANCESA.
Los 200.000 euros
La denuncia se apoya en buena medida en las conclusiones del informe elaborado por la UDEF. La Policía española investigó los pagos recibidos por Zapatero a través de la sociedad peruana Focus Social Research SAC y los relacionó con sus gestiones ante autoridades bolivianas en favor de intereses vinculados al Grupo Gloria.
Según el informe policial, Zapatero recibió 200.000 euros mediante tres transferencias: una de 100.000 euros en julio de 2024 y otras dos de 50.000 euros en junio de 2025. Los investigadores sostienen que Focus Social Research habría servido como sociedad interpuesta para canalizar los pagos y que los servicios facturados no se corresponderían con la actividad real desarrollada por Zapatero. Esa conclusión es discutida por el entorno del expresidente, que sostiene que se trató de una actividad de consultoría legal.
La UDEF reconstruyó parte de esas gestiones a partir del teléfono de la secretaria del expresidente. Entre los mensajes analizados figura precisamente el intercambio del 4 de mayo de 2025 en el que Zapatero plantea hablar con Arce. Los investigadores también analizaron las agendas y las comunicaciones relacionadas con los contactos políticos y empresariales en Bolivia.
Zapatero intenta sacar el informe de la causa española
La solicitud de la Fiscalía boliviana coincide con un momento especialmente relevante en España. La defensa de Zapatero ha recurrido la decisión de mantener en la causa el informe de la UDEF sobre sus actividades en Bolivia y pide a la Sala de lo Penal que lo excluya.
Los abogados sostienen que esas pesquisas se refieren a hechos ajenos al objeto inicial del procedimiento y cuestionan que la Policía pudiera utilizar información obtenida durante la investigación para abrir nuevas líneas sobre la actividad profesional y personal del expresidente. En su recurso, la defensa sostiene que el análisis policial de sus movimientos bancarios y de otra documentación excedió el perímetro de la investigación autorizada.
El instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ya había rechazado las pretensiones de la defensa para apartar esas pesquisas. Ahora será la Sala de lo Penal la que deba resolver el recurso presentado por los abogados de Zapatero.
Bolivia pide también los registros de Zapatero
Además del informe policial y de las conversaciones del teléfono de su secretaria, la denuncia solicita que la Fiscalía boliviana reclame información oficial sobre el viaje realizado por Zapatero a Bolivia en septiembre de 2024, las reuniones que mantuvo durante esa estancia y los registros de sus accesos a la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano.
El escrito pide también el expediente completo del amparo constitucional presentado por SOBOCE, las grabaciones de las actuaciones judiciales y conocer el estado de la revisión de aquella resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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