La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas ante la Justicia para exigir la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La iniciativa judicial del Ejecutivo autonómico se dirige de forma directa contra la "inacción" de la Delegación del Gobierno, a la que acusa de permitir un asentamiento que "se niega a desalojar" pese a las advertencias formuladas.
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El anuncio ha tenido lugar durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, pocas horas antes de que caducara el plazo de 48 horas fijado en el requerimiento enviado el pasado martes al delegado del Gobierno, Francisco Martín. Con este paso, la administración regional ha concretado la advertencia realizada dos días atrás por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien avanzó que acudirían a la Justicia si no se desalojaba el asentamiento promovido por el Sindicato de Inquilinas.

En el documento remitido a las autoridades estatales, la Comunidad de Madrid sostiene que la protesta por la crisis de la vivienda es "ilegal" y "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión". Entre los argumentos jurídicos expuestos se enfatiza la "ausencia de comunicación previa", su "carácter permanente e indefinido" y la provocación de una "alteración del orden público con peligro para personas y bienes", además de constituir "una ocupación ilegal de un espacio público".

Asimismo, el Gobierno regional ha denunciado que la permanencia de los manifestantes afecta de manera directa al "normal funcionamiento" de la Real Casa de Correos como sede institucional del Ejecutivo. Paralelamente, el escrito alerta sobre el perjuicio ocasionado a la "imagen de Madrid como destino de calidad" y lamenta que la actividad comercial del centro de la capital haya quedado "paralizada de facto".

Durante su intervención plenaria, Díaz Ayuso ha arremetido contra la situación criticando duramente la "acampada ilegal" que, según sus palabras, "nunca se debió permitir". En un momento del debate, la presidenta autonómica ha reprochado la actitud de la oposición manifestando: "Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias... ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir".

Por su parte, la Delegación del Gobierno ha emitido los acuses de recibo correspondientes a los requerimientos del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid, sosteniendo que se están "desarrollando las actuaciones que resultan procedentes". Asimismo, la institución estatal ha señalado que, ante las "circunstancias concurrentes", el desarrollo de la acampada se realiza en "pleno respeto al ordenamiento jurídico".