El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, reconoció ante el juez Santiago Pedraz que durante 2025 se abrieron cuatro procedimientos disciplinarios contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por "infracciones muy graves". Así consta en la documentación que su defensa aportó posteriormente al magistrado y a la que ha tenido acceso en exclusiva El Independiente para respaldar las explicaciones ofrecidas por el número dos de la Guardia Civil durante su declaración como investigado.
En las 121 páginas entregadas por el abogado de Llamas se incorporan distintos documentos destinados a acreditar algunas de las afirmaciones realizadas por el DAO ante Pedraz. Entre ellos figura un certificado de la propia Guardia Civil que confirma que en 2025 se abrieron un total de cuatro expedientes disciplinarios contra agentes de la UCO.
Llamas explicó durante su declaración que esos cuatro procedimientos disciplinarios no estuvieron precedidos de una información reservada porque, según sostuvo, "los hechos estaban claros". La defensa recoge expresamente esta afirmación en el escrito remitido al juez y aporta como respaldo un certificado del General de División jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil.
El documento certifica que, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública formulada a través del Portal de Transparencia del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil informó de que el "número total de expedientes disciplinarios abiertos contra agentes de la UCO" durante 2025 ascendió a cuatro. El certificado está fechado el 22 de julio de 2026.
Expediente disciplinario e información reservada
La documentación adquiere relevancia porque una parte de la declaración de Llamas ante Pedraz giró precisamente en torno a las informaciones reservadas abiertas dentro de la Guardia Civil. Se trata, sin embargo, de un mecanismo distinto de un expediente disciplinario. Hay que recordar que el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos explicó en su declaración ante Pedraz que él "nunca había abierto expedientes ni informaciones reservadas a la UCO".
Una información reservada constituye una actuación previa destinada a esclarecer unos hechos y determinar si existen indicios que puedan dar lugar a responsabilidades. El expediente disciplinario es el procedimiento mediante el que se depuran esas posibles responsabilidades cuando ya existe base para ello.
Por eso, que un expediente disciplinario no vaya precedido de una información reservada no significa que no exista una investigación interna. En el caso de los cuatro procedimientos abiertos en 2025 contra agentes de la UCO, la explicación ofrecida por Llamas es precisamente que no fue necesario realizar esa actuación previa porque los hechos estaban suficientemente claros para iniciar directamente el procedimiento disciplinario.
La defensa utiliza este dato para contextualizar la utilización de las informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil. En el mismo escrito sostiene que Llamas explicó al juez que este tipo de actuaciones no son "excepcionales" y aporta documentación sobre 58 informaciones reservadas de toda la Guardia Civil que terminaron en infracciones muy graves durante un periodo de dos años.
Las tres informaciones reservadas ajenas a la UCO
La defensa incorpora además documentación sobre otras tres informaciones reservadas que no tenían como destinatarios a agentes de la UCO. El escrito las utiliza para tratar de demostrar que este mecanismo se emplea en distintos ámbitos de la Guardia Civil y no exclusivamente en relación con la unidad de élite de la Policía Judicial.
Una de ellas afectó a Asuntos Internos; otra estuvo relacionada con una agregaduría de Interior en el extranjero a raíz de una filtración a la prensa; y la tercera se abrió respecto a un oficial destinado en el Sector de Tráfico por el uso para fines particulares de vehículos oficiales.
En este último caso, la documentación aportada por la defensa incluye el escrito mediante el que Llamas remite una denuncia anónima al mando correspondiente para que se incoe una información reservada con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias o penales que pudieran existir.
La defensa sostiene con estos documentos que la apertura de informaciones reservadas forma parte de los mecanismos ordinarios de control interno de la Guardia Civil. La cifra de 58 actuaciones que terminaron en infracciones muy graves en dos años se utiliza en el escrito para poner en contexto las seis informaciones reservadas a las que Llamas se refirió durante su declaración.
Los cuatro expedientes disciplinarios a la UCO
Los cuatro expedientes disciplinarios abiertos en 2025 contra miembros de la UCO son, por tanto, una cuestión diferente. El documento aportado por la defensa permite acreditar que existieron y que fueron cuatro, pero no identifica en este apartado de la documentación a los agentes afectados ni detalla las conductas concretas que dieron lugar a cada uno de los procedimientos. Tampoco consta en este certificado cuál fue el desenlace de cada expediente.
Se desconoce, también, si alguno de esos cuatro agentes se encontraba en ese momento investigando al entorno del Gobierno y del PSOE. Esa cuestión sería clave, ya que, de ser así, los presuntos mecanismos de presión por parte de los dirigentes de la Guardia Civil contra los investigadores alcanzaría una nueva modalidad.
La cuestión queda ahora pendiente de una mayor concreción por parte de la propia Guardia Civil. En una providencia dictada el pasado 6 de octubre, Pedraz ha solicitado información específica sobre esos procedimientos: el juez quiere conocer qué mando acordó incoar cada expediente, cuándo se inició, cuál fue la falta o delito imputado y si los hechos guardaban relación con investigaciones judiciales en las que los agentes expedientados estuvieran actuando como policía judicial.
La petición del magistrado permitirá completar una información que hasta ahora no figuraba detallada en la documentación entregada por la defensa. De momento, lo que queda acreditado documentalmente es que cuatro agentes de la UCO fueron objeto de procedimientos disciplinarios durante 2025 por infracciones muy graves, según reconoció Llamas ante Pedraz y confirma un certificado oficial de la Dirección General de la Guardia Civil incorporado a la causa, además de las tres informaciones reservadas contra agentes de la UCO ya conocidas.