El Tribunal de Cuentas tiene listo el informe sobre la actividad económica de los partidos políticos entre los ejercicios de 2021 y 2022. En relación a ello, desde el órgano fiscalizador concluyen que no pueden valorar la cotabilidad de Vox, algo que supone un precedente entre los partidos de ámbito nacional. Según el Tribunal, los datos y las cuentas de la formación de Santiago Abascal en este último lustro no permite hacerse una idea de su situación financiera.
De ello se hace eco este jueves, Político, a través de su reciente newsletter Madrid Playbook. El Tribunal debe aprobar dicho informe este otoño –la auditoría va con cierto retraso, principalmente por las sucesivas convocatorias electorales municipales, autonómicas y de generales en 2023– . Desde la sección competente para esta actuación, y según declaraciones recogidas por el medio, tras un análisis de la contabilidad de los partidos, el Tribunal de Cuentas no ve capacidad de opinar sobre las cuentas de los de Abascal.
La valoración, aún pendiente de trascender, viene de las dos consejeras que se encargan de este tipo de informes sobre los partidos, caso de Dolores Genaro, a propuesta del PSOE, y de Elena Hernáez, por parte del PP. Su actuación, en todo caso, es independiente del Ejecutivo y se vincula más al Congreso de los Diputados. Para publicitar ese informe, dichas consejeras pueden emitir una opinión favorable de las cuentas, favorable con salvedades, desfavorable o denegar la opinión de las mismas. Esta última posición sería la elegida respecto a los números de Vox, por cuestiones, como se refleja en otros informes, como "la imposibilidad de haber podido obtener la evidencia necesaria para formarse una opinión sobre los estados financieros considerados en conjunto". A veces, los auditores encuentran problemas en algún apartado concreto. Solo si son generalizados deniegan la opinión, determinan desde Político. Se estaría esperando hasta después de las generales del 29-N para publicar el informe.
En el medio aseguran que dentro de Vox ha circulado ya este asunto, algo que se da cuando el partido lleva meses alegando ante el Tribunal para conseguir esa opinión favorable. Vox, por ejemplo, está dentro de la comisión mixta Congreso-Senado que se relaciona con el órgano. En los últimos años, entre el Tribunal y Vox ya se han producido encontronazos por cuestiones como la financiación a través de venda de merchandising e ingresos menores en cajeros para las cuentas de los partidos. En junio de este año, el Tribunal Supremo anuló una sanción de 862.496 euros que el órgano fiscalizador impuso al partido de Abascal.
Hay algunos precedentes de denegación de opinión a nivel autonómico, el de Nueva Canarias en 2018 y 2019, y de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ese último año, que acabó firmemente condenada por financiación ilegal en el caso Palau. Pero también ha habido rechazos de contabilidad a IU en su federación de Madrid, a Ciudadanos entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, o a EH Bildu en País Vasco, entre otros.
La financiación de Vox ha estado bajo la lupa, especialmente tras acudir a créditos del banco húngaro MBH, dependiente en una buena parte del Estado y del fondo Corvinus, algo muy ligado a la anterior administración de Viktor Orbán. Especialmente por el alto interés en comparación con las entidades españolas. Desde Vox aseguran que obtuvieron mayor facilidad de obtención ante el veto de los bancos españoles. Aunque según publicó El Independiente en 2025, tanto Santander y BBVA dieron créditos extra para afrontar la campaña de 2023 a Vox. Por esto fue preguntado este miércoles Abascal durante una entrevista en Onda Cero. "Lo de los húngaros no tiene nada que ver, es un banco europeo que puede financiar con un crédito y unos intereses muy costosos a los que renunciaron los bancos españoles". Sobre el tema del Tribunal de Cuentas, según Político, Vox no les ha dado respuesta.
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