La Fiscalía Anticorrupción investiga la mayor inyección de fondos públicos en la historia reciente de la industria militar española. El Ministerio Público ha abierto diligencias para esclarecer el destino de los más de 7.200 millones de euros vinculados al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa (PITSDEF). En concreto, sigue el rastro de posibles irregularidades en contrataciones a Indra y la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Según ha podido saber en exclusiva El Independiente, las diligencias, abiertas en enero, examinan la adjudicación de contratos de grandes programas militares y los préstamos públicos concedidos para financiarlos, de los que más de 6.000 millones de euros habrían ido a parar a Indra o a uniones temporales de empresas en las que participa junto a Escribano.
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Anticorrupción comenzó sus pesquisas a raíz de la denuncia interpuesta en diciembre del año pasado por un particular que hizo acopio de todos los hechos al apreciar que estas dos grandes empresas recibían un porcentaje muy grande de las ofertas públicas vinculadas al ámbito de la Defensa. Bajo esta premisa, se interpuso una denuncia por indicios de presunto delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos no responden a "un episodio aislado". El escrito los presenta como un patrón continuado que empieza en 2020 y que habría favorecido a la compañía de los Escribano (EM&E) y a Indra en el reparto de contratos y fondos públicos de Defensa.

La facturación de Indra y EM&E

Para sustentarlo, la denuncia describe el crecimiento de EM&E, que pasó de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a 355 millones en 2024. Su contratación pública pasó de menos de diez millones acumulados en 2018 y 2019 a más de 700 millones entre 2020 y 2025, según análisis privados citados en el escrito. El denunciante sitúa ese crecimiento en paralelo a la entrada de la compañía en el capital de Indra —participada por la SEPI—, hasta alcanzar el 14,3% de las acciones, y al nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra en enero de 2025. Considera esa doble condición de contratista y gestor un conflicto de interés "estructural".

A principios de este año, la Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación para esclarecer los hechos. En su escrito, al que ha accedido este medio, Anticorrupción consideraba que concurría la "especial trascendencia" de las conductas denunciadas al afectar a una empresa estratégica con una "muy relevante participación pública" y cuya gestión queda "seriamente puesta en entredicho" por las "graves irregularidades denunciadas". Así, encomendó entonces a la Intervención General del Estado recabar información y redactar un informe preliminar sobre la regularidad en la tramitación de los expedientes denunciados.

Las licitaciones y el atajo de la seguridad nacional

La denuncia enumera una decena de adjudicaciones de Defensa a EM&E, en solitario o junto a Indra. Según el escrito, la mayoría se tramitaron por procedimientos negociados sin publicidad o con una competencia muy limitada. Entre las de mayor importe figuran el programa de vehículos de combate 8x8, adjudicado en agosto de 2020 por unos 2.100 millones a TESS Defence —el consorcio formado por Indra, EM&E, Santa Bárbara y SAPA—, y el sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM, adjudicado en diciembre de 2023 por 576 millones a la unión temporal de EM&E y Rheinmetall Expal, un contrato que acabó anulándose en septiembre de 2025.

Para evitar los concursos públicos abiertos, buena parte de estas adjudicaciones se blindaron bajo una excepción prevista en la normativa europea que permite a los Estados saltarse las reglas ordinarias de publicidad y competencia cuando están en juego “intereses esenciales” de su seguridad. La denuncia sostiene que Defensa convirtió un recurso excepcional en una vía habitual y que, en varios expedientes, ni siquiera consta una justificación técnica pública que explique por qué no podían competir otros fabricantes.

Industria adelanta el dinero a coste cero

El segundo pilar del sistema denunciado reside en cómo se financian estos programas. Desarrollar armamento exige inversiones multimillonarias años antes de que el Ejército reciba el material y Defensa pague la factura. Para cubrir ese puente, el Ministerio de Industria actúa en la práctica como un banco público, ya que aprueba reales decretos de concesión directa —de nuevo sin concurso— para adelantar liquidez a las empresas que Defensa ya ha elegido previamente como única “alternativa óptima”.

En octubre de 2025, el BOE publicó tres decretos reales con los que Industria activó de golpe 6.890 millones de euros en préstamos para financiar 18 programas de modernización militar. Si bien la denuncia calcula que unos 6.077 millones (el 84 %) del conjunto del plan industrial de Defensa fueron a parar a Indra, a Escribano o a sus alianzas, el desglose de esa tanda de octubre acentúa todavía más la concentración: 6.515 millones de euros —el 94,5 % del dinero aprobado en esos tres decretos— recayeron en Indra en solitario (2.000 millones), en su filial AERTEC (178 millones), en UTE formadas por Indra y Escribano (3.169 millones en cuatro programas, con los dos megacontratos de artillería autopropulsada a la cabeza, que suman 3.002 millones) o en consorcios liderados por la tecnológica como TESS Defence (788 millones) y su alianza con Telefónica (380 millones).

Frente a ese dominio, competidores históricos del sector como Santa Bárbara Sistemas (176 millones), UROVESA (132 millones) o la UTE Cipherbit-Epicom (67 millones) se repartieron apenas el 5,4 % restante.

Préstamos a tipo cero y sin riesgo

Más allá de quién acapara los fondos, la letra pequeña de los tres decretos fija unas condiciones financieras fuera de mercado que llevaron incluso a Santa Bárbara Sistemas a recurrir las normas ante el Tribunal Supremo, que admitió la impugnación a trámite el pasado enero. A diferencia de cualquier crédito bancario convencional, Industria concedió estos préstamos a un interés fijo del 0 % y eximió de forma generalizada a las empresas de presentar avales o garantías patrimoniales para ir cobrando los distintos plazos.

El diseño de la norma blindó además la economía de las empresas adjudicatarias frente a cualquier imprevisto. Los decretos permitieron reclamar los adelantos previstos para 2025 —2.367 millones de euros en conjunto— incluso antes de haber firmado el contrato definitivo con Defensa, dejando apenas un depósito del 10 % que se cancelaba al estampar la firma; si el acuerdo no llegaba a formalizarse antes del 31 de octubre de 2026, la compañía solo estaba obligada a devolver el dinero sin pagar un euro en intereses de demora. A ello se suma que las empresas no empiezan a reintegrar el préstamo al Tesoro Público hasta que Defensa les abona los pagos del contrato militar, de modo que cualquier retraso del ministerio obliga a Industria a reajustar automáticamente el calendario de devolución.

Por último, los reales decretos otorgan carta blanca a los adjudicatarios principales para repartir el trabajo entre terceros. Mientras la Ley General de Subvenciones restringe y fiscaliza qué porcentaje de un proyecto financiado con dinero público puede delegarse en otras compañías, las normas aprobadas en octubre declaran expresamente que la contratación de proveedores para ejecutar las fases de estos programas no tiene consideración legal de subcontratación, liberando así a Indra y a sus socios de los topes y controles ordinarios.

La investigación, de vuelta en Anticorrupción

La Intervención General entregó su primer informe a la Fiscalía en abril. Después, según ha podido saber El Independiente, Anticorrupción remitió los hechos al Juzgado de Instrucción número 49, que investiga la venta de cinco mil respiradores al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en 2020. En esa causa, el juzgado admitió en mayo una querella de un accionista de Indra contra los hermanos Escribano, EM&E y el entonces director de Ingesa, Alfonso Jiménez, por un presunto fraude a la Administración. La querella atribuye a la operación un sobreprecio de unos 27,4 millones de euros. Los hermanos declararon ante el juez en julio.

Sin embargo, el juez consideró que la denuncia que investigaba la Fiscalía sobre las adjudicaciones en Defensa no se podían vincular a sus actuaciones y decidió no incorporarlas al procedimiento. El caso volvió así a Anticorrupción, que sigue practicando diligencias. Entre ellas figura un segundo informe de la Intervención General, más completo que el de abril.