La Intervención General del Estado (IGAE) concluye en un informe encargado por la Fiscalía Anticorrupción que el Ministerio de Defensa tenía decidido que iba a adjudicar tres grandes contratos de material militar a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) antes de solicitar las ofertas. Según el documento, elaborado en abril por este órgano del Ministerio de Hacienda y al que ha tenido acceso en exclusiva El Independiente, los interventores aprecian irregularidades en los procedimientos de contratación del blindado 8x8, el lanzacohetes SILAM y los sistemas antidrones, cuyo importe conjunto asciende a 2.348 millones de euros.
En los tres casos, el informe sostiene que la competencia entre empresas fue solo una formalidad porque el Ministerio ya sabía a quién iba a adjudicar cada contrato. En primer lugar, sobre el lanzacohetes, los interventores concluyen que las circunstancias del concurso "parece que acreditan que ya estaba decidido a quién se le adjudicaba el contrato". Sobre los antidrones, apuntan que "cuando se pidieron las ofertas ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario"; y, sobre el 8x8, los técnicos señalan que la decisión de adjudicarlo "ya estaba tomada" antes incluso de que existiera la empresa que lo recibió. Además, revisan otros cinco contratos de Defensa —en los que señalan reparos de menor alcance—, y uno de Interior, en el que no ven irregularidades.
Irregularidades en contratos de Defensa
El documento forma parte de la investigación que Anticorrupción abrió en enero sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de Defensa con Indra y Escribano, tal y como adelantó en exclusiva este periódico. Las diligencias nacieron de la denuncia de un particular, que sostiene que ambas compañías se han beneficiado desde 2020 de un patrón continuado de adjudicaciones con competencia limitada y de préstamos públicos, de los que más de 6.000 millones habrían ido a parar a Indra o a sus uniones temporales con la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Anticorrupción encargó entonces a la unidad de la IGAE que les da apoyo un análisis de la regularidad de los expedientes. Según confirman a este medio fuentes conocedoras, la Fiscalía ha pedido ya un segundo informe, más completo.
Los tres contratos principales se tramitaron por la misma vía. El propio informe de la IGAE recoge que, por regla general, la Administración publica un anuncio, se presenta cualquier empresa interesada y gana la mejor oferta. Pero cuando Defensa compra armas o material de guerra que afectan a "los intereses esenciales de seguridad del Estado", una excepción europea le permite prescindir de esas reglas para elegir directamente a una o varias empresas y negociar sólo con ellas, sin anuncio público. Es legal, pero la Comisión Europea la considera una excepción que se debe justificar caso por caso.
Los antidrones: tres "competidoras" ya aliadas
Para el contrato de catorce sistemas antidrones, de 36,6 millones, Defensa justificó en su memoria que no publicaba anuncio por "la existencia de diversas opciones disponibles en el mercado". Invitó a cinco empresas y les pidió oferta el 8 de agosto de 2024. Dos meses antes, el 7 de junio, tres de ellas, Indra, Escribano y TRC, habían anunciado en una nota de prensa que se aliaban para presentar una solución antidrones a las Fuerzas Armadas. La única empresa ajena a esa alianza que llegó a presentar oferta, Amper, fue excluida por entregarla un minuto después del plazo. El contrato fue para la unión temporal de Indra y Escribano, y TRC entró a posteriori como subcontratista.
La IGAE apunta incluso a una selección anterior a raíz de un documento de Presidencia del Gobierno de diciembre de 2023, titulado Drones y Seguridad Nacional. En él se recoge en una nota a pie de página que "las empresas seleccionadas" para desarrollar estos sistemas eran Indra y el Grupo TRC, ocho meses antes de que se pidieran las ofertas.
Un préstamo para "financiar a la UTE"
El informe cuestiona también los pagos. Defensa firmó el contrato el 16 de diciembre de 2024 y el día 30 pagó 19,3 millones de euros —más de la mitad del total—, cuando ese año solo se entregaban un sistema y un simulador. "Parece más bien que se estaba financiando a la UTE", señalan los interventores, aunque también apuntan que podría ser que el ministerio "no quisiera perder" el dinero presupuestado para ese año. En octubre de 2025, Industria concedió además a la UTE un préstamo sin intereses de 17 millones para este contrato. El pliego no mencionaba esa posibilidad, lo que según la IGAE "desvirtúa la licitación".
Por último, se subraya que el contrato se sacó de las reglas ordinarias alegando la seguridad nacional, pero luego permitía subcontratar sin límite. "Para adjudicar el contrato se excepcionan las normas", pero después "la prestación o parte de ella la puede realizar cualquier empresa que elija el adjudicatario".
El lanzacohetes SILAM: 14 días y un candidato
En el sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM, de 576 millones, Defensa publicó el pliego el 24 de octubre de 2023 y dio hasta el 7 de noviembre para presentar ofertas. En total, 14 días. El propio pliego reconocía que el contrato era complejo, y según los interventores, el plazo mínimo legal es de 15 días incluso para los contratos más pequeños.
El pliego decía que se negociaría con una única empresa, pero a continuación invitaba a tres. Una de ellas, Sistemas de Misiles de España, estaba participada en un 45% por Escribano desde 2022 y, según el informe, apenas tenía actividad y no parecía tener capacidad para ejecutar el contrato. Las otras dos, Escribano y Rheinmetall Expal, se presentaron juntas en unión temporal. En la práctica, solo había una candidata.
Los interventores creen además que la oferta debió excluirse. La mesa de contratación detectó "discrepancias" entre el precio ofertado y su desglose de costes y, en lugar de descartarla, pidió aclaraciones y la aceptó. El informe lo contrapone a la exclusión de Amper en los antidrones por un minuto de retraso: "Tan irregular es una oferta presentada fuera de plazo como la que no se ajusta a los pliegos". Señala también que, aunque el contrato es único, se pactó un beneficio del 6% para Escribano y del 9,05% para Expal, "como si fueran dos contratos distintos".
El 8x8 se adjudicó a TESS antes de existir
El programa de vehículos de combate sobre ruedas 8x8 es el mayor de los analizados, con un presupuesto de 1.736 millones. Defensa pidió oferta a una sola empresa, TESS Defence —sociedad formada, entre otras, por Indra y Escribano—. Según la memoria justificativa del propio contrato, la decisión de adjudicárselo "ya estaba tomada al menos el 28 de abril de 2020". TESS no se constituyó hasta el 26 de junio de ese año.
El contrato se firmó además con precios provisionales: el importe final se calcula al terminar, a partir de los costes reales de cada empresa más un beneficio pactado. Por eso, conocer esos costes es clave. La IGAE señala que la oferta de TESS "no cuadra” con su desglose posterior y que faltan las tablas de costes de los socios, aunque la propia oferta decía adjuntarlas. En la negociación se fijó un beneficio distinto para cada uno: nulo para TESS, del 2% para Escribano, del 6% para Indra, del 10% para SAPA y de una media del 9,15% para Santa Bárbara. Además, el informe apunta también que se eligió la torre de 30 milímetros de Escribano sin saber si superaría las pruebas exigidas.
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