El Tribunal de Cuentas ha abierto la puerta a investigar la posible "responsabilidad contable" de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el sueldo que cobró como coordinador de actividades de conservatorios de música entre 2017 y 2025 en la Diputación de Badajoz.

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En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas rechaza archivar la investigación, como pedía la Diputación Provincial de Badajoz, y eleva las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento para que proponga un delegado instructor de las diligencias a practicar.

Lo hace tras las denuncias de los partidos Justicia Europa, PP y Vox y las asociaciones Hazte Oír y Abogados Cristianos, que atribuyeron una posible "responsabilidad contable" a David Sánchez después de que la Audiencia Provincial de Badajoz le condenara a nueve años de inhabilitación en la causa en la que se juzgó la creación de una plaza en la Diputación pacense que luego le fue adjudicada.

Apuntan también a Luis María Carrero, que fue condenado a la misma pena, por su puesto de jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la misma institución, ya que, según las denuncias --se expone en el auto--, "el daño a los fondos públicos se habría producido al tratarse de plazas de empleo público innecesarias y vacías de contenido".

Y recoge las estimaciones de las acusaciones respecto al dinero que habría cobrado David Sánchez en su puesto de coordinador de actividades de conservatorios. En concreto, el PP estima que habría recibido 412.789,82 euros, mientras que Hazte Oír y Abogados Cristianos rebajan esta cifra hasta los 340.572 euros.

Al respecto, la Diputación de Badajoz presentó alegaciones y documentación y pidió ratificar la solicitud de archivo que había formulado, así como el sobreseimiento de las diligencias preliminares al entender que los hechos no revestían "caracteres de alcance" ni "menoscabo efectivo de en los fondos públicos provinciales".

La Fiscalía, por su parte, se mostró a favor del nombramiento de un delegado instructor para practicar una serie de diligencias dirigidas a dirimir la presunta responsabilidad contable del hermano de Sánchez por el cobro del salario.

Este paso no prejuzga

Ahora, en su resolución, el Tribunal de Cuentas recoge jurisprudencia propia para establecer que "sólo procede el archivo cuando los hechos no revistan los caracteres de alcance de manera manifiesta, es decir, patente, clara y descubierta, dado que en esta fase no se lleva a cabo investigación alguna de los hechos denunciados, sino que se trata, únicamente, de valorar si tal y como se han descrito pueden dar lugar o no al juicio contable".

"Por tanto, el archivo exige que los hechos no reúnan las características que permiten, en una valoración inicial, apreciar la existencia de un presunto alcance de fondos o caudales público", aduce el órgano fiscalizador.

En opinión del tribunal, "no se dan las condiciones exigidas para acordar el archivo de las presentes actuaciones", todo ello "sin que las alegaciones de la Diputación de Badajoz desvirtúen la anterior conclusión, pues no tiene cabida en esta fase inicial del procedimiento una decisión de fondo sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable, sino únicamente una primera valoración de los hechos".

De esta forma, la decisión del archivo se tomaría cuando el tribunal dedujera, "de manera patente y manifiesta, su absoluta irrelevancia desde el punto de vista de la responsabilidad contable, lo que no puede apreciarse en este caso", puesto que las denuncias "se refieren a presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos".

"Procede, sin que ello suponga en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables, que se nombre un delegado instructor para que lleve a la práctica las actuaciones previas, en relación con las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en las denuncias de los actores públicos", señala.

Será en esa fase de actuaciones previas "en la que, con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos y a su provisional individualización, determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable", explica.

La Audiencia de Badajoz declaró probado que hubo un plan preconcebido para "pergeñar actos arbitrarios" con el objetivo de "favorecer" a David Sánchez, una "arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público", "innecesaria y vacía de contenido", para primar el "interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general".