La justicia gratuita en Aragón se prepara para vivir un punto de inflexión sin precedentes la próxima semana. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, procederá a firmar las órdenes que actualizarán los baremos retributivos de los profesionales del turno de oficio, los cuales acumulaban años de desfase respecto a los costes reales del servicio. Esta medida implicará un incremento medio del 35 % en las retribuciones de los abogados y supondrá una inversión pública anual superior a los 7,1 millones de euros destinados íntegramente a sostener este servicio esencial.
Desde el Gobierno autonómico se ha insistido en que el turno de oficio no puede depender exclusivamente de la buena voluntad, sino que exige una compensación económica justa para sus profesionales. Según ha manifestado la propia Vaquero, garantizar un pago digno es una condición imprescindible para asegurar la calidad, continuidad y supervivencia de un sistema que representa uno de los pilares del Estado de derecho. Con esta reforma, Aragón busca eliminar las barreras económicas en el acceso a la tutela judicial efectiva, garantizando la igualdad ante la ley y la cohesión social.
La nueva regulación, que incluye también una mejora del 7 % en las retribuciones de los procuradores, es fruto de un proceso de diálogo constante con los colegios profesionales de la comunidad. Las aportaciones de estas corporaciones han resultado clave para acomodar los módulos a la legislación procesal vigente y dar respuesta a las dificultades de cobertura que arrastraban diversos partidos judiciales. Asimismo, el Ejecutivo aragonés ha adquirido el compromiso de seguir analizando de forma conjunta futuras actualizaciones específicas para la procura.
Uno de los cambios de mayor calado estructural se centra en la reorganización del sistema de guardias para dotarlo de mayor equidad territorial. La reforma introduce un nuevo modelo retributivo homogéneo que establece una compensación diaria en todos los partidos judiciales de Aragón, superando el modelo anterior que aplicaba una referencia semanal en aquellos distritos que no fuesen capitales de provincia. A este pago base garantizado se le sumará además un incentivo variable vinculado directamente al volumen de asistencias reales completadas en cada jornada.
La reorganización también atiende demandas de carácter eminentemente geográfico, como el desdoblamiento de la guardia en los partidos judiciales de Boltaña y Barbastro, unificados anteriormente de forma que dificultaban el servicio por la gran dispersión del territorio. Junto a esto, se fortalecerá la prestación general del servicio mediante la incorporación de un profesional de refuerzo en cada una de las tres provincias aragonesas, una medida largamente solicitada por los colegios profesionales para robustecer el turno general.
Finalmente, la normativa aprobada incorpora una cláusula de flexibilidad pionera para hacer frente a imprevistos o eventos multitudinarios que puedan saturar el servicio. Bajo este nuevo marco normativo, los colegios de abogados estarán facultados para proponer la adscripción temporal de profesionales adicionales cuando se den estas circunstancias extraordinarias. La medida, sujeta a la autorización de la Dirección General de Justicia, garantizará que la cobertura legal a la ciudadanía se mantenga inalterable incluso ante picos puntuales de demanda.
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