Valencia y Aragón siguen adelante y pedirán la suspensión de la regularización masiva hasta que decida el TJUE

Los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana están dispuestos a seguir adelante con su recurso contra la regularización masiva de inmigrantes. Ayer se conoció, coincidiendo con el último día de plazo para pedir dicha regularización, que el Tribunal Supremo, a través de sendas providencias, admitía dudas respecto a si este proceso chocaba con las normas europeas y, en concreto, con la Ley de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio. Dio a las partes la opción de presentar en cinco días alegaciones para elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pero, además, ambas pedirán la suspensión de la norma hasta que se pronuncie Luxemburgo.

Hasta el momento, explican fuentes del ejecutivo aragonés, el Supremo "sólo nos ha dado audiencia para alegaciones". No hay, por tanto, una decisión del alto tribunal, que esperará a dichas alegaciones, tanto de las partes como del ejecutivo central. De hecho, la abogacía del Estado ya está trabajando en las mismas. En caso de que, efectivamente, el Supremo plantee la cuestión prejudicial ante el TJUE, "lo más probable es que se suspenda el real decreto y , por tanto, la tramitación administrativa del proceso de regularizacion" que es la que debiera arrancar ahora tras el aluvión de peticiones. Una suspensión que piden ambas comunidades.

El Supremo desestimó en mayo suspender la regularización como pidió Ayuso

Los mismos medios consultados recuerdan que en este sentido se pronunciaron los votos particulares emitidos el pasado mes de mayo en el Supremo. Entonces, el mismo Tribunal rechazó la petición de la Comunidad de Madrid de suspender la regularización ante el riesgo de colapso en la prestación de los servicios públicos, fundamentalmente educación y sanidad. La decisión contó, sin embargo, con las objecciones de los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román, que ya hablaron entonces de plantear una cuestión prejudicial y paralizar el proceso administrativo que se abre ahora.

"No tendría sentido seguir la tramitación para que en unos meses nos pueda decir el TJUE que es ilegal. Pero -admiten en Aragón- la decisión del TS podría no suspender el real decreto" a pesar de la petición en este sentido de ambos recurrentes.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, calificó de "lógica" la decisión del Supremo. Tras reunirse ayer con Felipe VI en Zarzuela tras su reelección, defendió que la regularización de inmigrantes "debe cumplir con toda la legislación. España forma parte de la Unión Europea y, por tanto, hay que respetar las normas de la comunidad europea" en referencia al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Partidario, por tanto de elevar las consultas al TJUE para supervisar un proceso, "que creo que, por desgracia, adolece, de muchos problemas legales".

El valenciano Pérez Llorca critica "la rapidez y los ocultismos que tiene siempre el Gobierno"

Su homólogo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, se felicitó ayer por este paso del Supremo y criticó "la rapidez y los ocultismos que tiene siempre el Gobierno de España". Cabe señalar que el acuerdo de Pedro Sánchez con Podemos eludió su paso por el Congreso y estableció unas normas y condiciones tanto para acreditar la presencia en nuestro país como para pedir la regularización que fueron muy controvertidos.

Suspendía las órdenes de expulsión en curso y a la misma podían acogerse inmigrantes con antecedentes policiales o a espera de juicio. Además, la acreditación de carecer de antecedentes penales se facilitó a través de una declaración responsable de inexistencia de los mismos con rellenar un simple documento. Del mismo modo, podían declararse vulnerables.

Los 500.000 inmigrantes sin papeles son 1,3 millones y falta el reagrupamiento familiar

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se pusieron en pie de guerra. Y eso que, en principio, el Ejecutivo central y las ONGs hablaron de 500.000 personas inmigrantes sin papeles. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elevan la cifra hasta 1,3 millones de extranjeros y tras la regularización puede venir el reagrupamiento familiar y disparar ese número.

Hasta su pacto con Podemos, los socialistas también rechazaban las regularizaciones "generalizadas" por entenderlas contrarias al ordenamiento comunitario. Elocuente fue, en este sentido, el debate en comisión el 12 de marzo de 2024, en el que comparecieron tres de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El diputado socialista Luc André Diouf, de origen senegalés, apeló a que "hacemos leyes, pero que no se nos olvide que estamos dentro la Unión Europea, y cuando se nos traslada desde Europa que se puede regularizar es caso por caso". Y para que quedara aún más claro subrayó la imposibilidad de "salir del marco europeo. Quien diga lo contrario está faltando a la verdad".

Las "particularidades" de España

Y eso que entonces ni siquiera estaba en vigor el pacto de migración y asilo, que, lejos de las regularizaciones, apuesta directamente por las deportaciones como norma general a aplicar en los casos de inmigrantes sin papeles. El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, se mostró criticó a principios de junio con la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia, totalmente a contracorriente de los socios comunitarios y con el propio acuerdo firmado por España.

Brunner comentó que "la señal no es buena", aunque dijo entender la particularidad de nuestro país puesto que "el ochenta por ciento de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura". También recibió Sánchez críticas de otros estados miembros, en concreto de Dinamarca (con gobierno socialista), Bélgica, Alemania y Hungría.