Muy a nuestro pesar, en Ceuta estamos viviendo unos sucesos que NO "son cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad". Por mucho que lo diga un ministro del Gobierno de España, de Interior precisamente. Partiendo de la base de que no estamos ante un episodio de movimientos migratorios irregulares a los que, también muy a nuestro pesar, nos tienen acostumbrados. La absoluta falta de previsión, a pesar de los informes que ya nadie puede negar, la falta de reacción en tiempo y forma, y la carencia de un plan de contingencias elaborado a partir de las lecciones aprendidas que se debían haber obtenido de la invasión de mayo de 2021, y que habría permitido disponer de procedimientos para afrontar la situación desde su inicio, nos lleva, transcurridos diez días, a permanecer en una situación de descontrol con posibilidad de que evolucione a peor.
Transcurridos diez días desde la invasión de ciudadanos marroquíes, principalmente, y de otras nacionalidades, con un amplio abanico de situaciones y edades, adultos, menores, mujeres, familias… en unas cifras que desconocemos y que van desde los 72.000 que ofrece el Ministerio del Interior, hasta los más de cien mil que cifran otras entidades; el único aspecto realmente positivo que podríamos encontrar está en que una importante cifra, 70.000 cita Interior, se han vuelto a Marruecos por su propia iniciativa, algo que debemos agradecer.
El desolador balance de la situación, muestra de la incapacidad, desidia, falta de interés, carencia de visión política y geopolítica, no puede ser más negativo:
Tragedia por el número de muertes que se produjeron en el momento de la invasión, con más de ochenta cuerpos rescatados del mar en la zona española, hasta la fecha, sin que se conozcan con certeza las cifras de las aguas de Marruecos. Solamente este dato avala la calificación de catástrofe y exige la búsqueda de responsables, señor ministro.
La absoluta falta de rigor en las cifras —no olvidemos que estamos hablando de seres humanos— que proporciona el Gobierno de España, que cifra en 72.000 las entradas y 70.000 las salidas voluntarias. ¿De dónde las han sacado? Debemos asumir una realidad: desconocemos el número de entradas al igual que el de salidas, por lo que tendremos que deducir que somos incapaces de conocer con exactitud el número de los que permanecen en Ceuta. Los ciudadanos de Ceuta no tenemos medios para saber los que quedan, pero percibimos lo que hay en nuestras calles invadidas, tanto las del Centro, donde en algunas horas y lugares llegan a ser más visibles que los nacionales, como en las barriadas, en las que día a día se están apropiando de los espacios públicos, desplazando a los propios residentes. La cifra de dos mil no retornados que ofrece el Gobierno se cae por su propio peso ante las declaraciones de uno de sus miembros, la ministra de Juventud e Infancia que nos visitó ayer, y que apuntó el dato de 1.342 menores no acompañados registrados. Y nadie del Gobierno ofrece una explicación a esta incongruencia. Los menores son una muy pequeña parte, pero muy pequeña, de los no retornados, la inmensa mayoría jóvenes de edad comprendida entre 20 y 25 años, al menos en apariencia. Por favor, no mientan, no nos falten al respeto. El señor delegado del Gobierno en Ceuta, por cierto natural de esta ciudad, a preguntas de los medios de comunicación sobre los no retornados lo resolvió con presteza, unos 2.500 son de los que entraron, el resto son de los que ya estaban aquí. La respuesta no merece siquiera un comentario, salvo la preocupante sensación de que los que pudieran estar ya aquí no cuentan.
Constatamos que no hay elaborados los necesarios planes de contingencia, ni por parte de la Ciudad Autónoma ni por parte del Gobierno
La falta de respuesta en tiempo y forma. Independientemente de la ya constatada existencia de informes de los servicios de inteligencia españoles, la frontera española tiene una muy buena visibilidad de lo que sucede al otro lado de las estructuras fronterizas, no estamos en una complicada orografía ni hay excesivas construcciones que pudieran impedir ver una masa humana semejante desplazarse hasta la frontera física, y luego avanzar por un estrecho pasillo, que prácticamente obliga a avanzar en fila, hasta llegar al espigón para lanzarse al agua. No es creíble que la escasa dotación de medios humanos de policía y Guardia Civil que desempeñaban sus labores en ese momento no informasen a sus superiores, y estos a Delegación del Gobierno. Vamos a admitir que se trata de unas cifras imposibles de controlar con los medios humanos y materiales (y normativos, no olvidemos que nuestras leyes convierten su misión original de impedir el paso en colaboradores para organizar flujos seguros de entrada), pero a las nueve de la mañana, hora aproximada de comienzo de las entradas, no eran setenta mil, una reacción en dicho momento habría permitido que el número de entradas hubiese sido mucho menor. Pero aquí constatamos que no hay elaborados los necesarios planes de contingencia, ni por parte de la Ciudad Autónoma, que con la experiencia de 2021 ya debería tener elaborados unos procedimientos para establecer zonas de concentración y control de los llegados, ni por parte del Gobierno de la nación, a través de la Delegación en Ceuta. No hubo esa respuesta en tiempo y forma, al igual que no había ninguna medida preventiva ante los avisos de servicios de información, asociaciones profesionales de Guardia Civil y Policía Nacional, y a los ciudadanos se nos quedó la duda de si era por ineptitud, incapacidad, falta de voluntad, o quizás por una combinación de todas o alguna de ellas. Duda que día a día se va disipando, y no de forma favorable para los responsables.
Consumada la invasión, desplegadas unidades militares de la Comandancia General de Ceuta, recibidos refuerzos policiales y de Guardia Civil desde la Península, implicada la Policía Local en misiones que no le son propias, pero que han asumido con una entrega digna de elogio y agradecimiento, se pudo considerar que la situación se había estabilizado, término que no debe confundirse con normalizado. Incluso hemos sido testigos del retorno voluntario de una parte muy importante del contingente invasor, y sin la intervención de ninguno de los actores políticos de los que podríamos esperar alguna respuesta. Es posible que a esto se deba el éxito de este retorno. Visita protocolaria, lamentablemente a día de hoy no tengo otro término para definirla, del presidente del Gobierno y del ministro de Interior, que no dejan meridianamente claro qué acciones tiene previstas el Gobierno de España para resolver esta situación y exigir las responsabilidades correspondientes a Marruecos por su inacción, al menos.
El Gobierno de España ha prometido 25 millones de euros, bienvenidos sean, pero todo no se arregla con dinero
Y llegamos a la crisis humanitaria, que si bien tiene su origen en el elevado número de entradas y las diferentes situaciones de las personas individualizadas, cada una con sus vivencias y circunstancias personales, se está manteniendo en el tiempo por la escasa y lenta respuesta de las autoridades responsables:
- Menores no acompañados. La Ciudad Autónoma es la responsable de su acogida. Independientemente de su probable evacuación (el término reparto me parece lamentable) a la Península, desde el minuto uno tenía que haber dado prioridad a su control y ubicación de emergencia, concentrándolos y custodiándolos para impedir, aunque sea contra su voluntad, que estén en la calle vulnerables a agresiones y abusos de todo tipo. El Gobierno de España ha prometido 25 millones de euros, bienvenidos sean, pero todo no se arregla con dinero. Transcurridos diez días vagan por la ciudad, buscando en la basura, pidiendo y confiando en la buena voluntad de los ciudadanos. Tenemos que desearles mucha suerte para que no tengan un mal encuentro.
- Adultos, concentrados y separados por sexo. España, el Gobierno, tiene la obligación de controlar la situación evitando que esta ingente masa humana sin identificar se desplace sin control por Ceuta. Por su seguridad, y por la nuestra.
Nuestros comercios de alimentación se resienten del incremento de consumo y nuestros servicios sanitarios están completamente saturados
Humanidad, indudablemente. Hablamos de seres humanos que, seguramente, no de forma voluntaria, han sido utilizados como carne de cañón para generar esta crisis, como muestran los más de ochenta cuerpos rescatados del mar. Pero las acciones humanitarias deben desarrollarse con orden y a través de las entidades, ya sean gubernamentales o no, identificadas para ello. La ayuda espontánea, si bien tranquiliza nuestra conciencia, puede convertirse en un factor que favorezca la permanencia en las calles y, por tanto, se convierta en un factor de desestabilización e incremento de su vulnerabilidad.
Humanidad, también, para aquellas personas que aún no han abandonado sus hogares pero piensan que cruzando la frontera alcanzarán una vida idealizada en relatos ajenos a la realidad, y que con nuestra actitud permisiva nos convertimos en colaboradores necesarios de ese efecto llamada que tan bien manejan otros para sus propios intereses, ya sean las mafias, Marruecos, o alguna mano oculta que difícilmente se identificará.
Humanidad, para evitar que estas personas, si consiguen alcanzar su objetivo de cruzar a la Península, algo bastante probable, no se conviertan en mano de obra ultrabarata, en condiciones próximas a la esclavitud.
Humanidad, para los trabajadores españoles que, como consecuencia de esta llegada de mano de obra barata, ven cómo día a día se deterioran las condiciones laborales y su situación económica no les permite desarrollar una vida digna, creando una familia.
Humanidad para los inmigrantes, los que haciendo uso de su derecho a buscar una vida mejor abandonan su país de origen y se desplazan hacia el nuestro cumpliendo los trámites legales para ello; y que se ven mezclados, y no pienso que sea de forma fortuita, en ese eufemismo de migrantes con el que se engloba a los que han cumplido con los requisitos establecidos para pasar de un Estado a otro con aquellos que no respetan las fronteras ni las normas, poniendo a todos en situación de permanente sospecha.
Humanidad para los ciudadanos de Ceuta, que estamos viendo cómo nuestras vidas se han visto alteradas de forma violenta, sin que recibamos de los organismos gubernamentales nada más que palabras, mientras vemos que toda la atención se centra en los vulnerables, mientras nuestras calles, playas y lugares públicos están ocupados por una muchedumbre que no respeta las normas de convivencia; nuestros comercios de alimentación se resienten del incremento de consumo y nuestros servicios sanitarios están completamente saturados.
No nos engañemos, ya tenemos muchos políticos que nos engañan, esto no es inmigración, la inmigración que recoge la carta de la ONU se entiende reglada y respetando las leyes. Esto es, con muy buena voluntad, INMIGRACIÓN IRREGULAR, y deberíamos tener siempre presente que en una sociedad desarrollada lo irregular no puede ser admitido. La lucha contra la inmigración irregular debe perseguir el ÉXITO CERO. No debemos, no podemos, admitir que se puedan alcanzar derechos partiendo de una ilegalidad. Las personas que acceden a España de forma irregular no deben recibir ayudas a la inclusión, no deben tener derecho a empadronarse, no deben tener libertad de movimientos. Y si la ley establece esto, la Ley debe ser cambiada, y mientras se cambia debe quedar en suspenso. Las personas inmigrantes irregulares deben permanecer en lugares de internamiento bajo control, asegurando sus necesidades básicas. Los menores deben estar bajo la tutela de las administraciones públicas el tiempo indispensable para la localización de su origen y su retorno. Las ONG y demás organizaciones que colaboren con la inmigración irregular deben quedar excluidas de los fondos públicos, como colaboradores necesarios en esta auténtica trata de personas que es la inmigración irregular. Por el contrario, se deben fomentar y apoyar a las que realicen funciones encaminadas a desarrollar flujos migratorios regulares. El tráfico de personas no puede ser una forma de vida, un negocio.
Precisamente por humanidad, por respeto a la vida humana, comprendiendo las diferentes situaciones de cada uno de ellos, solidarizándonos con sus circunstancias, pero sin olvidar que la democracia, la libertad, nuestra forma de vida, descansan en el Derecho. Fuera de él sólo queda la barbarie. Ninguna objeción a la inmigración. No es cuestión de color de piel, religión o cultura. Pero regulada.
Enrique Ávila es secretario de la UNED en Ceuta
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