La reubicación de más de 800 menores llegados a Ceuta pondrá a prueba las costuras de los pactos PP-Vox

"No más menores extranjeros no acompañados (MENAS) (sic). El Gobierno (...) se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Este párrafo se repite mimético en los pactos de gobierno de coalición del PP con Vox en el que sólo cambia el nombre de la comunidad autónoma, esto es, Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía. El rechazo explícito pondrá a prueba a esos ejecutivos a la hora de determinar la reubicación de los cientos de menores llegados a la costa de Ceuta desde Marruecos en uno de los peores ataques contra la soberanía española que se recuerdan.

No hay aún cifras concretas del número de menores inmigrantes no acompañados en la ciudad autónoma. Se habla de entre 800 y 1.000 para unas instalaciones que ya están sobresaturadas. No es una cantidad muy exagerada habida cuenta de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska elevó ayer a 72.000 las personas que asaltaron la frontera desde Marruecos. En un plazo de tres días se les debe identificar y tutelar, también iniciar los trámites destinados a reubicar a esos chavales a los que no se les pueda garantizar el retorno junto a sus familias, aspecto que también contempla la ley de Extranjería.

La bronca va a estar servida cuando el Gobierno declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria

Si en julio de 2024 el acogimiento de 400 menores en toda España supuso la ruptura, por parte de Vox, de esos mismos gobiernos de coalición, los pactos alcanzados en el último ciclo electoral especifican el rechazo a ningún tipo de mecanismo de ubicación. Significa que la bronca va a estar servida cuando el Gobierno central ponga en marcha la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria "para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada", conforme al reglamento que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Según este texto, la aprobación de dicha declaración debe realizarse en un plazo máximo de cinco días naturales desde la comunicación por parte de la comunidad o ciudad autónoma afectada, y será trasladada al conjunto de integrantes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Quiere decir que tendrá que ser el gobierno de Ceuta, capitaneado por el popular Juan Jesús Vivas, el que pida la solidaridad al resto de las comunidades, gobernadas en su gran mayoría por su propio partido. Y, a falta de acuerdo, se pondrá en marcha el mecanismo automático de reparto. La situación será endiablada para el PP. Ayer mismo se le preguntó al secretario general popular, Miguel Tellado, por esta eventualidad y se limitó a decir que la situación de Ceuta "no tiene nada que ver" con otras anteriores" y que es el Gobierno de España el que debe resolverlo una vez que ha "generado el problema".

Abascal eleva aún más el tono: "Ni un euro para menas ni para invasores"

¿Y qué dice su socio de coalición? Pues a tenor del exabrupto de Santiago Abascal en X esa puerta está más que cerrada porque tras anunciar el Ejecutivo que tiene previsto dedicar 25 millones de euros adicionales para atender a esos menores no acompañados ha dejado escrito que "ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos".

Pero incluso aquellos territorios gobernados por el PP libres de pactos con Vox son profundamente reticentes al criterio de Moncloa para distribuir a esos menores. Y es que el año pasado se dejó fuera de ese reparto al País Vasco y prácticamente a Cataluña, bajo el argumento de que son dos territorios que hacen un sobreesfuerzo de acogida, con unos datos poco contrastados. Tampoco ayudó que Moncloa dejara que fuera Junts la que 'vendiera', en julio de 2025, el acuerdo para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería como un triunfo con respecto al resto de España, en general, y a Madrid, en particular. A la derecha independentista le faltó tiempo para anunciar que Cataluña acogería a entre 20 y 30 menores más, mientras que al territorio de Isabel Díaz Ayudo, irían 700, que luego resultaron ser 800.

Madrid "está al límite"

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró este martes que los recursos de atención a menores extranjeros no acompañados "están al límite" y pidió al Gobierno central que no "derive su incompetencia", informa Europa Press. Tampoco Galicia, con otro gobierno de mayoría absoluta del PP, está contento con el reparto de fondos que recibió el pasado mes de julio para atender a estos menores, por suponer un 82 por ciento menos de lo recibido el año anterior. Significa que el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP van a ir al choque con un Juan Jesús Vivas obligado a gestionar una situación insostenible en su territorio. "No vamos a tapar los errores del gobierno central entrando a ese trapo", sentencian fuentes del ejecutivo aragonés.