El Gobierno defiende su proceso de regularización ante el Supremo y subraya que respeta el Derecho de la UE

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, cuyo periodo de solicitud concluye este martes, 30 de junio, se ha encontrado con un escollo potencial y muy serio: la amenaza del Tribunal Supremo de llevar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por si pudiera colisionar con el Derecho comunitario. El Gobierno defiende que no, que no es así, que el camino desplegado en estos meses es garantista y que se ha diseñado "velando estrictamente por su compatibilidad" con el ordenamiento jurídico europeo. Además, en el Ejecutivo lanzan un mensaje de "tranquilidad" a los inmigrantes que han solicitado su normalización administrativa.

Ahora, es el Supremo el que tiene que decidir. El alto tribunal ha acordado dos providencias por las que tramite los recursos interpuestos por los gobiernos autonómicos de Comunidad Valenciana y Aragón contra el real decreto del Ejecutivo central de 14 de abril por el que se abrió el proceso de regularización extraordinaria. En las dos resoluciones, el TS traslada a las partes que en el plazo de cinco días expresen su parecer respecto a la posibilidad de que se formule ante el TJUE "una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE". Las dos providencias dictadas por el Supremo es el paso previo a resolver las medidas cautelares solicitadas por las dos CCAA que han impugnado.

El alto tribunal tiene dudas, por tanto, de que la normativa española pueda encajar con el Convenio Schengen, el reglamento europeo de esta materia y el Tratado de la UE, y por eso reclama a las partes su posición. En virtud del real decreto —que no tiene rango legal, no necesitó por tanto de convalidación parlamentaria—, dice el TS, "un nacional de un tercer país que resulte beneficiario de primera autorización de residencia temporal de un año adquiere derecho a circular libremente por el espacio Schengen durante noventa días en periodos de ciento ochenta".

Los magistrados recuerdan que en 2024 la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo por el que los Estados miembros asumen una serie de obligaciones. El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez concede permiso de residencia y trabajo —no la nacionalidad—, sacando de los márgenes a miles de inmigrantes que se encontraban en situación irregular en España. "No se trata pues de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular debiendo reunir determinadas condiciones", añade el TS, informa EFE. Así, advierte el tribunal, "el régimen de regularización establecido en el real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo de la UE".

Desde la Moncloa recuerdan que el mismo Supremo, ya el pasado mayo, "desestimó adoptar las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento que ha seguido desarrollándose con total normalidad" hasta el momento y que concluye este 30 de junio.

El plazo para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones exprese su parecer sobre la cuestión prejudicial está abierto hasta el próximo viernes, 3 de julio, y entretanto el departamento de Elma Saiz, señalan en el Ejecutivo, "trabaja en coordinación con la Abogacía del Estado para aclarar las cuestiones planteadas".

Fuentes del Gobierno creen que si el Supremo decidiera elevar la cuestión prejudicial ante la UE "serviría para resolver dudas concretas antes de resolver el fondo de la cuestión". Eso sí, en el Ejecutivo están plenamente seguros del procedimiento puesto en marcha, y por eso manda a los solicitantes un "mensaje de tranquilidad". La norma, prosiguen, "se ha redactado velando estrictamente por su compatibilidad con el Derecho comunitario". La regularización otorga "un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español".

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