La Guardia Civil investigó recientemente a un conductor que circulaba a 213 km/h por la Autovía A-4 a su paso por Valdepeñas (Ciudad Real), una vía con límite genérico de 120 km/h para turismos.
El hecho, detectado el 21 de diciembre de 2024 durante un control de velocidad, no solo revela una conducción temeraria, sino también la coexistencia de otros factores de riesgo: el conductor presentó una tasa de alcohol en aire espirado de 0,30 mg/l —superando el máximo permitido de 0,25 mg/l— y dio positivo en pruebas de detección de cocaína y cannabis.
Esta combinación de velocidad desmedida y consumo de sustancias sitúa el caso como uno de los más graves registrados en la provincia en los últimos años.
Según el artículo 379.1 del Código Penal, superar en más de 80 km/h el límite en vías interurbanas constituye un delito contra la seguridad vial, con penas que incluyen prisión de 3 a 6 meses, multas de hasta 12 meses de salario, y la retirada del permiso de conducir por 1 a 4 años.
Además, la presencia de drogas y alcohol agrava la situación jurídica, ya que el artículo 379.2 sanciona específicamente la conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas. Las diligencias del caso fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Valdepeñas, donde se evaluarán tanto el exceso de velocidad como las infracciones asociadas al consumo.
Este incidente se enmarca en las campañas intensivas de control desplegadas por la DGT en Ciudad Real durante 2024-2025. Solo entre el 7 y el 13 de abril de 2025, se controlaron 26.663 vehículos en la provincia, con 1.339 denuncias por velocidad —el triple que en el mismo periodo de 2024—.
La estrategia prioriza las carreteras convencionales, donde se concentra el 53% de los siniestros mortales, según datos del Observatorio de la DGT.
La relación entre velocidad y letalidad en accidentes está ampliamente documentada: un aumento del 10% en la velocidad media eleva un 40% el riesgo de muerte en colisiones.
En este contexto, casos como el detectado en la A-4 refuerzan la necesidad de combinar controles policiales con campañas educativas, especialmente dirigidas a conductores jóvenes, que representan el 62% de los infractores reincidentes. La Guardia Civil ha reiterado que estos operativos continuarán de forma permanente para disuadir conductas de alto riesgo.
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