El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha calificado como una "buena noticia" la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda. Sin embargo, el responsable autonómico ha combinado esta valoración positiva con una firme crítica hacia el Gobierno central por la falta de participación que se ha concedido a las diferentes comunidades autónomas en el diseño de las medidas.
Las declaraciones se han producido durante un acto de entrega de vehículos y puntos limpios móviles a entidades locales celebrado en Medina del Campo (Valladolid), donde ha coincidido con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. En este contexto, Suárez-Quiñones ha señalado que la aprobación del plan llega tarde, ya que el marco temporal del anterior finalizaba teóricamente en el periodo 2022-2025, aunque ha reconocido que la llegada de nuevos recursos siempre es un avance positivo.
A nivel presupuestario, el consejero ha detallado que el nuevo documento supone un incremento sustancial en la aportación de fondos estatales, llegando a duplicar su participación. No obstante, ha querido poner en valor que la ejecución de este acuerdo exige un esfuerzo económico "muy relevante" por parte de las autonomías, lo que en el caso específico de Castilla y León se traducirá en multiplicar por seis su colaboración financiera, cantidad que deberá sumarse a las inversiones en vivienda que ya realiza la Comunidad de forma independiente.
El punto de mayor fricción institucional radica en el respeto a la competencia autonómica. Suárez-Quiñones ha evidenciado una "discrepancia profunda" con el diseño del plan, recordando que las competencias exclusivas en materia de vivienda residen en los gobiernos autonómicos. A pesar de los contactos previos y las conferencias sectoriales mantenidas, la Junta considera que la participación autonómica no ha sido "real" a la hora de integrar sus propuestas, lo que ha generado disconformidad con algunas de las medidas finalmente adoptadas.
Pese a estas legítimas discrepancias en las que "cada comunidad defiende lo suyo", el Ejecutivo regional se ha comprometido a exprimir y aprovechar "al máximo" los recursos disponibles. El objetivo primordial será facilitar el acceso a una vivienda digna y en condiciones asequibles para dar respuesta a la principal preocupación ciudadana actual, prestando especial atención a los jóvenes y fijando una "mirada muy especial al medio rural".
En términos globales, el consejero ha subrayado que este plan permitirá inyectar 380 millones de euros a las políticas de vivienda de la región durante sus cinco años de vigencia, correspondientes al periodo 2026-2030. Esta cantidad engrosa la gran apuesta de la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco, que contempla movilizar una inversión total cercana a los 1.000 millones de euros hasta el final de la década, consolidando la materia de vivienda como una de las prioridades absolutas de su acción de gobierno.
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