Hace apenas un año nadie conocía quién era Alberto González Amador, pero en muy poco tiempo a la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso se le han abierto varios frentes judiciales. Algunos, a causa de la investigación por fraude fiscal que lo mantiene imputado, y otros, a raíz de denuncias que él mismo ha interpuesto contra aquellos que han dicho que era un "defraudador confeso" o han hablado de la periferia de su procedimiento.

El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia previa para examinar una demanda que presentó González Amador contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien le reclama 40.000 euros por sus declaraciones. En la cita no es necesario que esté ninguno de los dos, simplemente los abogados de ambos. Por parte de él, acudirá Guadalupe Sánchez, la letrada que, por cierto, representa también al rey emérito Juan Carlos I en otra demanda por el honor; mientras que la ministra será representada por la Abogacía del Estado.

En el caso de Montero, ella dijo que Díaz Ayuso había estado viviendo "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública". La vista de este jueves es la primera bala en los tribunales para actuar por el honor de González Amador.

Sus abogados ya presentaron solicitudes de conciliación en los juzgados de Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -a quien le pedía 100.000-; contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños -a quien le requería 50.000-, así como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el diputado socialista José Zaragoza, la concejal Rita Maestre y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Sin embargo, por el momento no se han formalizado el resto de demandas, según explican fuentes jurídicas. No es descabellado pensar que la pareja de la presidenta madrileña está esperando a ver en qué términos se manifiesta el Supremo con la primera denuncia contra Montero para ver cómo procede con los demás.