El juez intructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha ordenado este miércoles que se realicen averiguaciones para saber dónde vive actualmente Claudia Montes, la que fue Miss Asturias 2017 y vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos --principal imputado en esta causa-- por la contratación en una empresa pública. El magistrado del Tribunal Supremo, además, reclama a Logirail (la empresa pública en la que fue contratada) que esclarezca los términos de la contratación.

Montes estaba citada este martes en una declaración como testigo, pero no se presentó tras un problema con su notificación de forma oficial, como avanzó El Independiente. La Comisaría especial del Supremo había contactado con ella telefónicamente y le había comunicado la cédula de citación, pero ella se negó a dar un correo electrónico o cualquier dato personal manifestando que quería ser citada en su domicilio que no facilitó. Cuando los agentes se personaron en el lugar que constaba como su casa, los vecinos informaron de que había sido desahuciada así que se desconoce "su actual paradero".

Por eso, el magistrado Puente reclama la comprobación del domicilio actual a través de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Gijón. Pero no es la única petición. El juez se adentra de lleno en la contratación de Montes por la empresa pública Logirail que dependía del Ministerio de Transportes y pide que en un plazo máximo de 15 días den cuenta de cómo se llevó a cabo dicho convenio de trabajo.

El magistrado pretende conocer en qué modo fue publicada la vacante, el número de concursantes que optaron a la adjudicación de la plaza y en qué consistió el proceso selectivo. Las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha analizado diversos mensajes encontrados en el móvil de Koldo García (el que era asesor ministerial de Ábalos), son que Claudia Montes fue enchufada. El exministro llegó a preguntar si no se podía encontrar algún trabajo para esta mujer en alguna de las empresas públicas.

Cabe recordar que la investigación también ha revelado que Jésica Rodríguez, la que era pareja del ministro, fue contratada por otras dos administraciones pública --Ineco y Tragsatec-- y, según sus propias palabras, ni siquiera acudió a trabajar en los más de dos años que obtuvo un sueldo.

Por ello, el magistrado insiste en conocer "en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a doña Claudia Montes", así como en quién era "la persona que le encargaba los concretos trabajos".