"Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad". Han pasado sólo cinco días desde que Álvaro García Ortiz pronunció estas palabras frente al Rey Felipe VI y, como todos los pronósticos auguraban, el juez del Tribunal Supremo que lo investigaba ha dado el último paso para sentarlo formalmente en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos que le puede llevar a estar hasta seis años en prisión. Los siete magistrados que conformen el tribunal son la clave para que el asunto que ha traído por primera vez en la historia española a un fiscal general hasta aquí acabe en condena o en absolución.

Hay una evidencia que pocos se atreven a rebatir y es que la Sala de lo Penal está dividida en este asunto. Ya lo estaba cuando el pasado 15 de octubre de 2024 se acordó el inicio de la misma en el alto tribunal con la oposición, por ejemplo, de la magistrada Susana Polo que cedió para alinearse con el resto de sus colegas en iniciar la causa, pero que algunas fuentes no la ven firmando una condena llegados a este punto.

Ella y el resto de la Sala de Admisión formarán parte del tribunal juzgador. Es decir, los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Además, a estos cinco se incorporará el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, a quien algunos atribuyen tendencia conservadora, pero muchos otros califican de independiente. Forma parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Arrieta ejercerá de presidente del tribunal, según indican fuentes jurídicas a este medio, mientras que la plaza del séptimo integrante se jugaba entre dos progresistas: Javier Hernández y Ana Ferrer. Algunas voces indicaban que si a Martínez Arrieta se le integraba por ser el más antiguo de la Sala de lo Penal, la otra plaza debía ser para Hernández; pero si se integra por ser el nuevo presidente la siguiente más antigua (libre de formar parte de la instrucción o de la revisión de los recursos) era Ferrer. Finalmente, las fuentes jurídicas dan por hecho que será ella la séptima toga para el que sea uno de los juicios más mediáticos celebrados en el Tribunal Supremo, con todos los respetos para el podium en el que se encuentra el 'procés'.

Las voces del órgano explican que lo previsible es que el juicio se celebre antes de navidad, probablemente en noviembre, y que dé tiempo a dejarlo visto para sentencia este mismo año. No esperan que se extienda más de una semana, lejos de las largas sesiones que duraron meses durante el proceso contra los líderes independentistas. A pesar de que muchos testigos, entre periodistas, políticos y fiscales, tendrán que pasar a declarar, la investigación no es ardua y el objeto es sencillo: saber si hay pruebas suficientes para asegurar que García Ortiz filtró un correo de las diligencias que se siguen en la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, lo tiene claro y así lo plasmó en su auto de apertura de juicio oral. A pesar de que la instrucción ha tocado distintos extremos como si una nota de prensa podía ser delictiva o si se puede señalar al fiscal general por la información que terminó en La Moncloa, finalmente, la investigación ha quedado reducida a un correo: el del 2 de febrero de 2024 en el que el letrado de Alberto González Amador refleja que "efectivamente" se han cometido varios delitos a la Hacienda Pública.

Ese email terminó en la prensa, según el instructor, porque el fiscal general quería "ganar el relato", puesto que había un medio de comunicación que estaba publicando una información acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto con el novio de Ayuso cuando la realidad había sido la contraria. Para el juez Hurtado era un asunto "de escasa relevancia", pero García Ortiz comenzó una actividad "frenética" para hacerse con todos los correos de la causa y horas después algunos de ellos terminaron en la Cadena SER.

La sorpresa de la fianza

La acusación popular pedía una fianza de 300.000 euros para asegurar sus responsabilidades pecunarias, es decir, para poder hacer frente a sus responsabilidades civiles (una indemnización al novio de Ayuso, por ejemplo) si termina condenado. El juez la consideró excesiva, pero ha marcado otra cantidad que ha sorprendido a distintas fuentes de la causa: 150.000 euros.

El jefe de la Fiscalía tendrá que depositar ese dinero en los próximos cinco días y, si no lo hace, se procederá al embargo de sus bienes por esa cantidad. Para algunas fuentes políticas esto es una muestra de la "guerra" a la que el Supremo ha sometido a García Ortiz, algo en lo que coinciden algunas fuentes de la Fiscalía más próximas a él que indican que cómo es posible que se pida una cantidad tan alta cuando ya la Sala Primera del Tribunal Supremo explicó en una sentencia que González Amador es un personaje público (por ser pareja de Ayuso) y su reputación no ha sido dañada.

Nueva defensa y dimisión

García Ortiz ha mantenido desde el inicio del procedimiento su intención de seguir en el cargo como garante de la legalidad porque piensa que así protege a otros fiscales a los que más investigados los puedan denunciar. Este martes desde la Fiscalía General se transmitía el mismo mensaje, que no había cambios en su postura y que no dirían nada más por respeto al proceso.

Así las cosas, como la ley no contempla qué hacer con el fiscal general en caso de imputación o de procesamiento, él puede quedarse en el cargo tanto tiempo como quiera (hasta que cese el Gobierno que lo nombró). El Tribunal Supremo ha descartado suspenderlo, pero sí ha enviado a la Inspección fiscal el auto por si quisieran desde allí tomar una medida.

De cara al juicio, por tanto, la única pieza que puede moverse ya es la de que Álvaro García Ortiz contrate a un abogado privado en lugar de servirse de los servicios de la Abogacía del Estado con los que ha estado defendido hasta ahora. Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar.