Agentes de la Guardia Civil advirtieron de forma clara de que había víctimas de violencia machista que se estaban sintiendo desprotegidas debido al mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato, llegando incluso a devolver al juzgado el dispositivo. Este asunto se puso de relieve por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como de magistrados de juzgados de Violencia Sobre la Mujer y de la propia Fiscalía, en una reunión en Granada el pasado 19 de febrero en la que estuvo presente la subdelegación del Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, a través de sus delegados. Los agentes captaron a un hombre, acusado de quebrantar hasta cinco órdenes de alejamiento, en el domicilio de la víctima sin que el sistema de alertas avisara sobre ninguna incidencia.
Las disfunciones que el nuevo contrato de este tipo de pulseras —que pasó de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas— estaban presentándose ya se habían abordado, de hecho, en una de estas reuniones de la Comisión Provincial de Coordinación Contra la Violencia de Género en Granada en julio de 2024. Cada provincia reúne a sus coordinadores y delegados en esta materia una vez o dos veces al año y el acta de estas reuniones, a las que ha accedido El Independiente, demuestra que desde hace más de un año el asunto estaba encima de la mesa.
Una de las magistradas allí presentes explicó que durante los primeros meses de la nueva empresa que gestionaba el servicio del Centro Cometa (el lugar en el que se encienden los avisos si el maltratador se acerca a la víctima a menos distancia de la que ha estimado el juez) el funcionamiento fue "caótico" y que "se producían numerosas incidencias en la implantación de dicho dispositivo".
La fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer en el territorio, Susana Vega, explicó entonces que "muchos procedimientos se archivan" porque tras preguntar al Centro Cometa estos decían que el hombre no se encontraba en el sitio donde la víctima decía que estaba. Sin embargo, el desfase entre pulsera y dispositivo de la víctima era evidente porque la colocaban a ella en su casa cuando, en realidad, estaba en dependencias de la Guardia Civil.
Siete meses después el tema no ha mejorado, puesto que en una nueva reunión, en febrero de 2025, el asunto escala hasta colocarse entre los dos primeros puntos del día que hay que abordar y toma la palabra el teniente coronel del Instituto Armado. Éste indica que la gestión de las incidencias por parte del Centro Cometa está siendo tan deficiente que "existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas" y que han comunicado "de manera reiterada" el perjuicio que le está suponiendo la asignación de dicho dispositivo. "Llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial", indica las actas de dicha reunión.
Cinco órdenes de alejamiento y ningún aviso
La Guardia Civil expuso en esa reunión a modo de ejemplo que se había asignado una pulsera telemática a un hombre, residente en la localidad de Padul, que se desplazó a la casa de la mujer maltratada y sin embargo el sistema no lo detectó. El agresor se acercó a la vivienda y fue captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días, teniendo además la medida de prohibición de residir y acudir a dicho municipio. El Centro Cometa no reportó incidencia alguna.
Ella había presentado un total de cinco denuncias por quebrantamiento de la orden de protección y en la investigación se ha averiguado que el autor manipuló el brazalete para aproximarse al domicilio de la víctima. Esto entra dentro de las llamadas zonas de exclusión (domicilio, trabajo de la mujer...) que son áreas que están expresamente prohibidas para los portadores de las pulseras por pertenecer al espacio vital de las mujeres.
El teniente coronel explicó que tuvieron que otorgarle una especial protección a la mujer puesto que hay sospechas de que el acusado ha continuado manipulando el dispositivo. En ese encuentro, de nuevo, la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada aseveró que "el sistema de control de dispositivos falla" y esto genera "ansiedad e inseguridad en las víctimas".
En esa reunión el representante del Ayuntamiento de la localidad explicó que se había dado aviso a la Subdelegación del Gobierno y que "aun así" se habían producido nuevos quebrantamientos que no fueron recogidos por el sistema "pese a que desde el Centro Cometa se indicaba que el dispositivo funcionaba perfectamente". El acta del encuentro señala expresamente: "Por ello, y concluyendo que los dispositivos con la nueva empresa adjudicataria están funcionando mucho peor, solicita que se audite la misma, ya que es una herramienta que en teoría debe servir para proteger a las víctimas, pero se está constatando que personas que cuentan con cierta cualificación parece que cuentan con la habilidad para modificarlos".
La fiscal de Violencia que estaba presente se comprometió entonces a enviar a la Fiscalía General el acta de dicha cita "con vistas a implementar el nuevo protocolo que se está desarrollando sobre los dispositivos".
El CGPJ advirtió dos veces
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura que precisamente en febrero de 2025, tras esta reunión en Granada, pidió que "se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas" con las pulseras antimaltrato.
La presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha remitido una carta a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, recordándole que ellos tras el aviso de Granada remitieron oficios el 8 de enero y el 21 de febrero dirigidos a la Delegación del Ejecutivo contando los problemas detectados. Desmiente así Erice a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asegura que en ningún momento el sistema ha fallado. A pesar de lo cual, Redondo ha anunciado que volverá a licitar el contrato para "incluir mejoras" y que lo hará "en unos meses".
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