El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha prorrogado un mes más el secreto de la investigación del gran apagón que se produjo en España el pasado 28 de abril. A pesar de que el Gobierno ya ha zanjado el asunto y ha explicado que existió una descompensación en la red eléctrica que provocó el paso a negro, el magistrado todavía no ha puesto el punto final a unas diligencias que se prolongan ya cinco meses.

Calama firmó este martes 30 de septiembre el auto de prórroga del secreto, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente. La investigación que abrió el togado inicialmente, sin previa petición de la Fiscalía, lleva bajo llave desde el pasado 30 de abril, un día después del escrito que dio pie al inicio de la causa y dos días después del corte que dejó sin suministro eléctrico toda la península ibérica.

El juez explicó que abría la causa tras unas explicaciones del Gobierno que indicaban que pasadas las 12:30 de la mañana de ese día se había "perdido de forma súbita" y durante cinco segundos, el equivalente al 60% de la luz que se estaba consumiendo, siendo "algo que no había ocurrido jamás". El propio auto no descartaba la hipótesis de que se hubiera producido un sabotaje informático y apuntaba, incluso, a acciones de terrorismo.

"Si bien en el momento actual la causa de los referidos hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibilidades", indicaba el magistrado. "Por tanto, resulta necesaria la apertura de una investigación judicial por si tales hechos pudieran ser constitutivos de un delito de terrorismo". Durante varios días el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descartó la teoría del ciberataque, aunque ya desde el día posterior Red Eléctrica lo desechara.

Las voces consultadas señalan que Calama está a la espera de unas diligencias policiales que aún no ha recibido. Él, en su auto de apertura, encomendaba los trabajos al Centro Criptológico Nacional (CCN) --que depende del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-- a quien pedía un informe sobre los hechos, además de a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a la que pedía "investigar" la causa del apagón.

Por su parte, conminó a Red Eléctrica la emisión de otro informe sobre lo ocurrido. Para todo ello daba un plazo "improrrogable" de diez días, por lo que ya en el mes de mayo, Calama tuvo que haber recibido una respuesta al menos "preliminar". No es descartable que posteriormente el juez pidiera investigaciones más a fondo de algunos de los extremos presentados o, incluso, que haya practicado alguna testifical bajo secreto, pero algunas fuentes de la propia Audiencia Nacional muestran su extrañeza por el hecho de que la causa siga su curso cuando el propio Ejecutivo ha presentado ya un informe definitivo sobre el 'apagón' y ha descartado cualquier tipo de ciberataque que sería el único escenario delictivo por el que se mantendría la competencia del órgano judicial central.

Hace ya más de tres meses que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó en el Consejo de Ministros el informe del comité que había analizado las circunstancias de la crisis de electricidad. El documento estaba, además, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. La ministra llegó a asegurar que "la mayor investigación en materia de ciberseguridad que se ha dado en nuestro país" permitía concluir que "no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética ni en el operador ni en los distintos niveles".

El estudio explicaba que hubo un error de planificación de Red Eléctrica (participada con un 20% de capital público) y un funcionamiento aparentemente anómalo de las centrales que deberían haber ayudado a controlar esa tensión. Pasado el mediodía hubo una oscilación "atípica" en la red lo que provocó que se aplicaran los protocolos existentes en Europa y esto causó una subida de la tensión "rápida, sostenida y lineal" que terminó con las desconexiones de infraestructuras en Granada, Badajoz y Sevilla. A partir de ahí, fue una reacción en cadena en la que se perdió la capacidad de interacción con Europa a través de Francia.