La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha comparecido este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado con el que tenía una cita después de que éste propusiera que la causa por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y administración desleal sea juzgada por el tribunal por jurado. En su lugar, lo ha hecho su letrado que junto a la Fiscalía de Madrid han pedido el archivo de toda la investigación de la esposa de Pedro Sánchez.

El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso El Independiente y que se ha presentado este lunes, explica que para co-dirigir la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de la que llevaba la batuta Begoña Gómez "no es preciso ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario o catedrático" que es lo que le ocurría a la esposa del presidente del Gobierno (que no es licenciada).

Sobre la creación del software, el fiscal indica que, a pesar de que empresas como Indra aportó 100.000 euros, telefónica 55.000 y Google otra cantidad, "los trabajos en materia informática y tecnólogica" fueron finalizados, pero "no consta que el citado programa se haya llegado a implentar ni se hayan verificado los resultados prácticos del mismo". Además, dice el fiscal que "ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".

En relación al delito de apropiación indebida por haber registrado la marca de dicho proyecto, el Ministerio Pública lo que indica es que ni el logo ni la imagen que se utilizaba en la UCM consta que hayan sido empleado "fuera del ámbito de la UCM" ni que se haya utilizado de forma "lucrativa" o que la Complutense haya entablado litigio alguno. Ella lo registro "siguiendo indicaciones expresas de la Gerencia de la Escuela de Gobierno del centro", indica.

La misma línea han seguido las defensas del empresario José Carlos Barrabés y de la asesora de la Moncloa Cristina Álvarez, que han solicitado el archivo de toda la causa por no haber ningún indicio de criminalidad contra ellos, según aseguran fuentes jurídicas presentes en la cita de este lunes. Por su parte, las acusaciones populares bajo la dirección letrada de Hazte Oír han solicitado la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para esclarecer el delito de tráfico de influencias.

Barrabés y la asesora de Moncloa

En lo referente a Barrabés, el fiscal sostuvo que la sociedad Innova Netx S.L. (que fue la que ganó los concursos públicos) se constituyó en el año 2012 y que su contratación con el sector privado se inició entre 2016 y 2017 y, en cualquier caso, dice que las contrataciones en las que se añadieron las cartes de Begoña Gómez están siendo objeto de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Sobre el informe de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) refleja que aunque "las tachas u observaciones se concretan en un excesivo peso de la valoración subjetiva", pero que "la fórmula escogida no es singular o exclusiva de estos contratos, siendo una problemática recurrente en otras jurisdicciones".

Y de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, indica que sus funciones se basaban "en el desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza, comprendiendo en tales actuaciones, las de la gestión de la agenda y la preparación de la presencia de reuniones, vistas, eventos...". El Ministerio Público destaca que entre Álvarez y Begoña Gómex hay "lazos previos laborales y de amistad surgidos años antes" de que Pedro Sánchez fuera presidente del Ejecutivo.

Gómez y Pedro Sánchez

"Más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones que ya hemos apuntado en otras ocasiones, la mera relación conyugal de María Begoña Gómez no puede operar como una suerte de presunción iuris et de iure que se traduzca en el prevalimiento e influencia con relevancia penal en toda su actividad, pretendiendo que vaya impregnando siempre además del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito", refleja el fiscal.

El representante de la Fiscalía defiende que "la mera presencia de la persona no puede ser sin más influencia" y que el despliegue de la misma debe valorarse y cuantificarse no pueden ser "líneas genéricas". "A nuestro parecer se ha hablado de tráfico de influencias con cierta generalidad, sinp recisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos".

Pide a Amazon información

Peinado ha solicitado a Amazon datos sobre la web de la cátedra que codirigió la espoa del presidente del Gobierno en laUniversidad Complutense "al no haberse reptimido copias de los correos interesados por la Secretaría de Gobierno de la UCM respecto de los correos emitidos y recibidos desde las cuentas de correo electrónico asociadas al máster de Transformación Social Cometitiva".

El juez seañala que tras haber comprobado que el dominio www.transformatsc.org está "alojado en servidores de Amazon" quiere conocer exactamente los términos en los que esta web fue suscrita: nombre y dirección completa del cliente; precio del serivio con detalle de la faturación y métodos de mago; correo electrónico del cliente y descripción detallada del mismo, etc.

Asimismo, el magistrado ha ofrecido a la Universidad Complutense de Madrid que, si quiere, pueda presentar acciones legales contra Begoña Gómez, precisamente, por el software que ella quiso poner en marcha para que las empresas pudieran comprobar si estaban cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.