Vox ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Montoro (Córdoba), a cargo de las diligencias por el accidente ferroviario de Adamuz, contra el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera. El partido les apunta por presuntos delitos de homicidio imprudente o imprudencia grave, un delito contra los trabajadores y delitos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión, entre otros, por el accidente en el que han fallecido 40 personas y ha provocado más de cien heridos.

Los querellantes insisten que los hechos son "extremadamente graves", y que con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, Pardo de Vera y Marco de la Peña deben ser investigados, por una "grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias".

En la querella, a la que ha tenido acceso El Independiente, Vox destaca que es crucial determinar "la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto". Un factor clave para pedir responsabilidades, aunque insisten que por el momento ya se puede determinar alguna de las personas que deben responder penalmente, "con independencia del análisis de las causas del siniestro que quedará a expensas de la necesaria investigación".

"La existencia de deberes legales de mantenimiento y cuidado, como responsables competenciales, y por ello la responsabilidad del mando, gestión o control de la coordinación, unido a los daños objetivos, daños personales, y materiales ocasionados hacen inexcusable la apertura de investigación", reza la querella.

Ponen el foco, entre otras cosas, en "brecha" localizada por la Guardia Civil en el carril y ponen el acento sobre los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses, respecto a incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido la tragedia de Adamuz.

Piden investigar, también, el contrato adjudicado en UTE a Ferrovial, OHL, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania y Contratas y Ventas, y la constructora Azvi por el cuál se invirtió 52,5 millones de euros para renovar el tramo Guadalmez-Córdoba.

Vox también ha solicitado al tribunal las declaraciones de los querellados Isabel Pardo de Vera y Luis Pedro Marco, así como Óscar Puente, José Luis Ábalos y José Antonio Santano Clavero, entre otros, así como los que resulten responsables en la medida de su ámbito de competencia y Participación en la toma de decisiones.

Se pide la testifical del exministro socialista ante los indicios de que durante su mandato al frente de Transportes se amañaron contratos públicos para el cobro de mordidas. Además, se hace hincapié en que la "vinculación íntima entre la entonces presidente de Adif y la actividad delictiva constatada en la Audiencia Nacional sobre la contratación de los organismos vinculados a Ministerio de Transportes". En este escenario, también se incluye la labor de Koldo García como asesor ministerial.