El empresario Claudio Rivas, presunto socio de Víctor de Aldama en el denominado caso Hidrocarburos, ha sido procesado junto a una veintena de personas ante los indicios de que habría participado años antes, entre 2016 y 2018, en otro supuesto fraude de más de 70 millones de euros en el mismo sector.

Se trata de una investigación diferente a la que llevó a Rivas y a Aldama un tiempo a prisión preventiva por la presunta defraudación de 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024, en la que está implicada la empresa Villafuel.

Al margen de esta causa, la más conocida, que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, otro magistrado, Antonio Piña, ha propuesto este viernes juzgar a Claudio Rivas y a otras 21 personas por un fraude presuntamente llevado a cabo varios años antes, entre 2016 y 2018, que ascendería a más de 70 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos a través de la empresa SKT OIL.

A estas dos causas que tiene abiertas este empresario en la Audiencia Nacional se suma una tercera, también relacionada con otro presunto fraude en hidrocarburos que habría sido perpetrado entre los dos anteriores, entre 2019 y 2020, con una operadora denominada Gaslow.

Este viernes, la investigación del primero de esos tres supuestos fraudes avanza con el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) del juez Antonio Piña, en el que ve indicios de delitos contra la Hacienda Pública de los años 2016, 2017 y 2018, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales y constitución, dirección e integración en organización criminal.

En el caso de Claudio Rivas, el magistrado le acerca al banquillo por defraudación tributaria a través de la mercantil SKT OIL, en concurso con falsedad de documento mercantil de los ejercicios 2017 y 2018, y también por delito de integración en organización criminal.

El instructor propone también que en el juicio se declare responsables civiles subsidiarios a un total de 16 mercantiles y como partícipes a título lucrativos a cinco personas.

La resolución describe la presunta operativa defraudatoria llevada a cabo a través de la empresa de hidrocarburos SKT OIL, y la ocultación e introducción posterior en el circuito económico de los beneficios ilícitos, así como la actividad relativa a la facturación falsa utilizada.

Según el juez, SKT OIL habría incrementado de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por empresas inactivas, inexistentes o "que hacen de esta operativa su actividad ordinaria". La misma dinámica se habría utilizado, apunta, a través de la operadora de hidrocarburos OWTRA OIL.

La trama organizada habría defraudado a través de SKT OIL una cuota de 13,8 millones de euros en el año 2016, de 35,2 millones en 2017 y de 14,6 millones en 2018. En el caso de OWTRA OIL, habría defraudado 7,2 millones en el ejercicio 2018 de euros de la cuota del IVA.

El auto incluye también cómo se habrían adquirido diversos inmuebles, entre ellos una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid comprado por 1,6 millones de euros y un edificio de 45 viviendas adquirido en 2018 por 1,6 millones y vendido en 2022 por 2,7 millones.