Pistoletazo de salida en el Tribunal Supremo. El alto tribunal ha acogido este jueves la celebración de la vista preliminar al juicio por el 'caso mascarillas', cuya celebración se prevé para el próximo mes de abril. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama han vuelto a verse cara a cara en la Sala de lo Penal, en la que serán enjuiciados próximamente por la pieza principal del conocido como 'caso Koldo'.

La vista de este jueves ha servido para que las partes expongan sus últimas peticiones antes del inicio del juicio, entre las que han destacado la retirada de testigos o la solicitud para que se adhieran a la causa los últimos informes. Durante la primera parte de la vista, la defensa de Koldo García ha protagonizado parte de las solicitudes qué más debate han generado en la Sala, destacando la propuesta de apartar a cinco de los siete magistrados que conformarán el tribunal.

La abogada Leticia de la Hoz ha pedido recusar a los magistrados Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se ha opuesto "radicalmente", al considerar la medida de "absoluta improcedencia" además de atemporal. Un argumento también compartido por el tribunal, y así lo ha manifestado el presidente Andrés Martínez Arrieta, que ha explicado a los presentes que dicha petición debería haberse presentado una vez que se conoció la composición de la Sala hace ya unas semanas y, por tanto, es "extemporánea".

Las defensas de Koldo y Ábalos también han solicitado la puesta en libertad de sus clientes, rechazada por la Sala de Apelaciones.

La representación letrada del exasesor ministerial también ha puesto sobre la mesa una propuesta poco común y que ha generado cierta sorpresa entre los asistentes. La letrada del exescolta navarro ha pedido someter a su cliente a la prueba del polígrafo y la celebración de un careo con el empresario Víctor de Aldama.

Anteriormente, Anticorrupción ha manifestado la necesidad de incorporar a la causa el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la causa de hidrocarburos sobre los presuntos fondos en efectivo recibidos por los investigados. El mismo versa sobre los movimientos de efectivo detectados en la investigación a la empresa Villafuel, parte de los cuales acabaron en manos del exministro socialista y su exasesor, según refleja en el informe el Instituto Armado.

El Ministerio Público también ha renunciado a llamar como testigo al hijo del exministro socialista, Víctor Ábalos, y a otros tres testigos propuestos en el escrito de acusación. A esta petición también se ha adherido la defensa de Aldama, liderada por el letrado José Antonio Choclán.

Respecto a la lista de testigos, cuya composición definitiva aún no se conoce, el Partido Popular ha renunciado también a llamar a cuatro de ellos, entre los que destacan la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, y Santos Cerdán, que permanece como investigado en la pieza separada por el presunto amaño de obras públicas, que será ahora investigada por la Audiencia Nacional. La acusación popular también ha pedido que testifiquen los agentes de la UCO que han elaborado varios de los informes clave de la causa.

Las defensas solicitan trasladar el juicio a la Audiencia Nacional

Tras un pequeño receso, en el que el tribunal ha valorado la petición de recusación de varios de sus miembros, la defensa de Koldo ha vuelto a coger la capitanía de la vista. La letrada ha aprovechado para reiterar ante la Sala su petición de trasladar el juicio por el 'caso mascarillas' a la Audiencia Nacional. La abogada ya incluyó en su escrito de defensa que su cliente está siendo investigando en dos procesos distintos, por lo que debería ser remitido todo al juzgado de Ismael Moreno.

También ha hecho alusión este jueves al derecho del 'exnúmero dos' del PSOE de renunciar a su condición de diputado y "recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario para poder tener un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica, y no ante el mismo tribunal que lo juzgó".

Además, la defensa ha manifestado la situación, a su juicio, "anómala" que supone que tanto el hermano, como la mujer de Koldo sean investigados por la Audiencia Nacional, y el exasesor ministerial sea juzgado por el alto tribunal. En este sentido, ha defendido la suspensión "inmediata" de la vista de este jueves.

Justo después, ha llegado el turno de la defensa del exministro de Transportes quien, entre otras cosas, ha solicitado la nulidad del auto de procedimiento abreviado y la puesta en libertad de su cliente. El letrado Marino Turiel ha subrayado varias de las diligencias acordadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno las cuales considera que vulneraron varios de los derechos de su cliente, cuando este aún tenía condición de aforado.

La defensa ha criticado que la unidad policial accediese al contenido de un disco duro, propiedad de Ábalos, hallado en el registro del domicilio de su exasesor cuando este aún no estaba siendo investigado formalmente. "Esa evidencia lamentablemente no ha sido devuelta, por lo que la defensa no ha podido dirigir ninguna diligencia de investigación sobre la misma", ha añadido.

El letrado también ha hecho referencia a la denuncia interpuesta por el exdirigente socialista contra la UCO por la intercepción de "correspondencia privada" de un aforado. El 'exnúmero dos' del PSOE sostiene que la unidad policial montó un dispositivo frente a su casa en el que se requisó y abrió un sobre que iba dirigido a él cuando el Congreso aún no había informado sobre su condición de aforado.

Aldama insiste en que no tiene un pacto con la Fiscalía

La intervención de la defensa de Víctor de Aldama ha sido la más breve. El letrado José Antonio Choclán ha comenzado su intervención destacando que "no existe ningún acuerdo de conformidad" con la Fiscalía. La defensa ha sostenido que lo único que lo único que se ha expuesto es la conformidad con los hechos defendidos por el Ministerio Público, aunque se ha puesto de manifiesto su oposición a la consecuencia penal de los mismos.

La defensa de Aldama insiste en que la colaboración de su cliente con la Justicia debe verse compensada con una atenuante de pena "muy cualificada" y ha excluido a su cliente de las operaciones de Villafuel, y algunos hechos reseñados por la Fiscalía respecto al 'caso hidrocarburos'.

"Lejos de vulnerar ningún derecho fundamental, lo que ha hecho esta defensa es tutelar sus derechos y acogerse a una normal penal favorable", ha añadido Choclán. Acto seguido, el abogado ha adelantado que su cliente declarará en el juicio a respuestas de cada una de las acusaciones y de todas las defensas.

El fiscal: "El aforamiento es un privilegio y lo ha sido para Ábalos"

Tras la intervención de las defensas, la Fiscalía se ha pronunciado oralmente sobre alguna de las peticiones de los letrados. El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha defendido la transparencia y "adecuación" de la instrucción dirigida por el magistrado Leopoldo Puente y ha informado en contra de trasladar el juicio a la Audiencia Nacional.

Al inicio de su intervención, el fiscal ha calificado a Koldo García como el "alter ego" de José Luis Ábalos y ha subrayado que su conducta es de coautoría con la del exministro y, por ello, se le atribuyen los mismos hechos que a su exjefe.

Sobre la manifestación por parte de la defensa de Ábalos respecto a la supuesta vulneración de su condición de aforado con la práctica de varias diligencias de investigación, Luzón ha mantenido en Sala que el "aforamiento es un privilegio y lo ha sido para Ábalos".

En todo caso, el representante del Ministerio Público ha reconocido que el único limite a este derecho ha sido la apertura de juicio oral. Una vez que se dicta auto de apertura de juicio oral, ha calificado de "descabellado" dejar en manos del investigado la elección de órgano enjuiciador, como pretenden Ábalos y Koldo.

El fiscal del caso también ha dedicado unas palabras a las alegaciones formuladas por la defensa de Aldama. Luzón ha defendido que no existe ningún acuerdo con el investigado y que su declaración en diciembre de 2024, por la que fue puesto en libertad, "no fue inducida por el Ministerio Público". Sostiene que la Fiscalía conoció lo que Aldama tenía que decir sobre el 'caso Koldo' cuando este declaró ante el juez, donde desveló la presunta participación de Santos Cerdán en el amaño de obras públicas.

Acto seguido, el fiscal ha explicado que el "premio" o la "menor pena" que pueda ser impuesta a Aldama viene determinada por el Código Penal. Al respecto, ha subrayado que "no es oportuno" valorar ahora la atenuante "muy cualificada" solicitada por Choclán y que esta rebaja de pena deberá ser valorada por en el juicio no esta vista previa.