La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido con firmeza la necesidad de una reforma profunda en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Su propuesta busca trasladar la labor de investigación a los fiscales, permitiendo que los jueces se centren exclusivamente en sus funciones constitucionales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Durante su intervención en las jornadas sobre el proyecto de esta Ley Orgánica, Peramato calificó la reforma como un "hito fundamental" para la justicia española. Destacó que es la primera vez que un texto articulado de esta magnitud llega al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
La fiscal recordó que esta transición hacia un modelo procesal de acusación pura es una reivindicación histórica en el país. Según explicó, este cambio es coherente con el Derecho comparado, alineándose con la práctica de la mayoría de los estados democráticos y del entorno europeo.
Peramato fue tajante al afirmar que las costuras del sistema de Justicia actual "ya no aguantan más" y están en riesgo de reventar. Argumentó que la normativa vigente, que data de 1882, es incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a las necesidades y retos de la sociedad contemporánea.
La complejidad de la criminalidad organizada y la sofisticación de la delincuencia económica exigen, según la fiscal, procedimientos mucho más ágiles y efectivos. El nuevo sistema debe garantizar la defensa de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de forma más dinámica.
Ante las dudas sobre la designación del Fiscal General por parte del Ejecutivo, Peramato aseguró que existe una "absoluta autonomía e independencia" una vez realizado el nombramiento. Subrayó que el fiscal no puede ser renombrado ni cesado por capricho, sino solo por causas tasadas en su Estatuto.
Esta imposibilidad de renovación garantiza que el Fiscal General no actúe por "complacencia con el Gobierno" para asegurar su futuro en el cargo. Para Peramato, este diseño legal proporciona una autonomía funcional esencial para asumir las nuevas responsabilidades de investigación.
Asimismo, destacó que el Ministerio Fiscal cuenta con una "situación privilegiada" para liderar las instrucciones penales debido a su alta especialización. Actualmente, la institución dispone de 13 unidades especializadas en diversas materias y una sólida capacidad de trabajo en equipo.
Finalmente, la fiscal instó a evitar el desánimo o la desilusión que genera el actual sistema "decimonónico". Defendió que las capacidades técnicas de la Fiscalía son suficientes para anular cualquier reticencia sobre este cambio de modelo procesal.
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