El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y ha ordenado además la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada quince días ante la Justicia.
En un auto fechado este sábado, al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid considera que existen indicios suficientes para que Gómez se siente en el banquillo ante un Tribunal del Jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Junto a Gómez, el magistrado también ha acordado abrir juicio oral contra su exasesora Cristina Álvarez, asistente de Presidencia que trabajaba para ella, por los mismos delitos; y contra el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien aprecia indicios de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sobre este último, Peinado acordó este jueves abrir una nueva línea de investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con fondos europeos.
La resolución supone el mayor paso dado hasta ahora en la causa abierta hace más de dos años contra la esposa de Pedro Sánchez. Frente a la petición de archivo formulada por la Fiscalía, el instructor concluye que la investigación ha reunido indicios suficientes para que los hechos sean enjuiciados por un jurado popular.
En el auto, Peinado sostiene que la investigación ha permitido constatar que Gómez “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid”, obteniendo una “interlocución singular” con responsables de la universidad pública, empresas patrocinadoras y entidades tecnológicas.
Según el magistrado, esa posición le habría permitido recabar “apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial” para la creación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su entorno.
El juez considera además que la captación de fondos empresariales para dicha cátedra “no aparece, indiciariamente, como una dinámica ordinaria de patrocinio universitario”, sino como parte de un “circuito de relaciones de apoyo, colaboración y financiación” tejido alrededor de los proyectos impulsados por Gómez. A su juicio, la financiación y el respaldo obtenidos de distintas compañías aparecen “conectados con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco”.
El magistrado adopta estas cautelares después de que las acusaciones populares las solicitaran en la audiencia preliminar celebrada el lunes. En su resolución, Peinado sostiene que concurre “la existencia de indicios racionales de criminalidad de un hecho delictivo” y recuerda que tanto su juzgado como la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han venido avalando la continuidad de las pesquisas a lo largo de la instrucción.
El juez rechaza así la petición de archivo formulada por la Fiscalía y acuerda que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado, al entender que los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación atribuidos a los acusados son competencia de este órgano, mientras que los de corrupción en los negocios y apropiación indebida quedarían conectados a los anteriores.
La resolución supone un nuevo revés para Begoña Gómez, investigada desde abril de 2024 por las actividades desarrolladas en torno a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, esta institución académica está personada como perjudicada en la causa y reclama más de 113.000 euros. La investigación sitúa por primera vez a la esposa de un presidente del Gobierno en activo a las puertas de un juicio penal.
En el auto, de 84 páginas, Peinado da por válidos los escritos de acusación presentados por las acusaciones populares y concluye que existen elementos suficientes para que los tres encausados se sienten en el banquillo. Entre los hechos que considera susceptibles de enjuiciamiento figuran las cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de Barrabés para concursos de Red.es, la captación de financiación empresarial para la cátedra, el papel desempeñado por Cristina Álvarez desde Presidencia del Gobierno y la presunta apropiación de activos vinculados al proyecto tecnológico Transforma TSC.
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