El gobierno de Vietnam ordenó a los proveedores de telecomunicaciones bloquear el acceso a Telegram, alegando que la plataforma no cooperó en la lucha contra actividades delictivas como fraudes, tráfico de drogas y distribución de contenido "subversivo".

La medida, emitida el 21 de mayo por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, exige a las empresas restringir el servicio antes del 2 de junio. Según un documento oficial, el 68% de los 9.600 canales y grupos de Telegram en el país incumplían leyes locales, incluyendo casos vinculados a terrorismo y venta ilegal de datos de usuarios.

Las autoridades vietnamitas acusaron a Telegram de ignorar solicitudes para eliminar contenido ilegal y compartir información durante investigaciones criminales. Un funcionario del ministerio confirmó que la decisión responde a la negativa de la empresa de proporcionar datos de usuarios, requeridos bajo regulaciones implementadas en 2024 que obligan a plataformas digitales a colaborar con el Estado. 

Telegram, que cuenta con 11.8 millones de usuarios en Vietnam según SOAX, expresó sorpresa ante la prohibición, afirmando haber respondido "oportunamente" a los requerimientos legales.

Este caso refleja el creciente control estatal sobre internet en Vietnam, un régimen unipartidista que ha incrementado la censura bajo el argumento de seguridad nacional. En 2023, el país amenazó con prohibir TikTok por contenido "tóxico", y en 2020 presionó a Facebook para eliminar publicaciones críticas al gobierno. Las nuevas normas exigen a las redes sociales verificar identidades de usuarios y retirar material considerado antiestatal, medidas que organizaciones como Freedom House califican de represivas.

Aunque Telegram seguía operativo en Vietnam días después del anuncio, analistas prevén que el bloqueo se concrete en junio.

La aplicación, fundada por el ruso Pavel Durov —actualmente enfrentando cargos en Francia por presunta complicidad en ciberdelitos—, ha sido prohibida en 30 países desde 2015, incluyendo China e Irán, por su cifrado de extremo a extremo que dificulta la vigilancia estatal. Mientras defensores de derechos digitales alertan sobre el impacto en la libertad de expresión, el gobierno vietnamita insiste en priorizar la "seguridad cibernética".