El Gobierno ultima a qué funcionarios afectarán las 35 horas y pospone la nueva oferta de empleo público

El Gobierno se comprometió en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024 a reducir la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 35 horas semanales. Sin embargo, la activación efectiva no se ha producido hasta casi tres años después. En diciembre de 2025, el Ministerio de Función Pública trasladó a los sindicatos la intención de implantar la medida entre febrero y marzo; posteriormente, en enero, se planteó la posibilidad de vincularla a los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Finalmente, el horizonte se ha desplazado hasta este mismo abril.

Los sindicatos —CCOO, UGT y CSIF— han mantenido reuniones esta semana con Función Pública con el objetivo de concretar los últimos aspectos técnicos del acuerdo antes de su paso por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), convocada para este viernes. En este encuentro se prevé que las organizaciones sindicales decidan si respaldan el texto definitivo. No obstante, por el momento, tan solo UGT ha avanzado que lo ratificará, mientras que CCOO y CSIF han mantenido sus reticencias a la espera de conocer el contenido final, que presentará Función Pública este viernes.

¿Quién podrá acceder?

El acuerdo inicial planteado por el Ministerio contemplaba excepciones para determinados colectivos. Pese a ello, la Administración General del Estado (AGE) se ha comprometido a presentar un nuevo texto en el que la reducción de jornada se extienda al conjunto del personal de la Administración, según las fuentes sindicales consultadas por este periódico. Asimsimo, estas mismas fuentes precisan que, aunque el alcance será general, algunos ámbitos —como Instituciones Penitenciarias, el personal del Ingesa o el ámbito educativo— deberán adaptar la medida en sus respectivos marcos de negociación. Además, quedarán fuera de este marco las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "al no formar parte del ámbito de negociación sindical de la AGE".

No obstante, pese a estas excepciones, el acuerdo incluirá previsiblemente al "personal de la Administración General del Estado y a sus organismos públicos, agencias y otras entidades de derecho público" como el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) o la DGT (Dirección General de Tráfico), entre otras, si bien su aplicación efectiva requerirá desarrollos específicos en los departamentos correspondientes.

¿Cuándo entrará en vigor?

La implantación de las 35 horas no será inmediata tras la firma del acuerdo. El procedimiento previsto implica que primero se tenga ue aprobar en la Mesa General de la AGE y, posteriormente, la Secretaría de Estado de Función Pública tendrá que remitir una resolución. Además, según ha precisado UGT en un comunicado, el Gobierno se ha comprometido en alcanzar "esta resolución en un plazo máximo de 15 días". Y será en ella donde se fije la fecha concreta de entrada en vigor, al menos para las jornadas ordinarias, de la reducción en las horas de trabajo semanales, lo que sitúa su aplicación efectiva previsiblemente a medidados-finales de abril, si el Gobierno cumple con los plazos con los que se ha comprometido.

OEP de 2026

En paralelo, también se ha abordado la Oferta de Empleo Pública (OEP) para 2026, aunque su avance ha quedado bloqueado. De hecho, todavía "no hay fecha para retomar la negociación", apuntaba UGT en su comunicado.

En concreto, aunque todavía no se han puesto cifras concretas, las fuentes de la mesa de negociación apuntaban a que que se mantendría en niveles similares a la de 2025, cuando se aprobaron 36.588 plazas, incluyendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas (de ellas, 27.697 fueron de nuevo ingreso). Una decisión que las tres organizaciones han rechazado al considerar que no respondería a las necesidades derivadas de la reducción de la jornada laboral.

Estas mismas fuentes señalan que la Administración no ha presentado un desglose detallado de las necesidades de personal por departamentos, lo que dificulta evaluar si la oferta garantizaría la calidad del servicio público. En este sentido, la reducción de la jornada, sostienen, implica una reorganización de los efectivos que podría requerir un incremento adicional de plantilla para mantener los niveles de atención, por lo que necesitarían más nivel de detalle para dar el visto bueno. Además, este desacuerdo se produce en un contexto de restricciones presupuestarias, que ya han condicionado negociaciones anteriores, como sucedió con la subida salarial de los funcionarios para el periodo 2025-2028.