El langostino se ha convertido en un producto accesible y de consumo diario en los supermercados y restaurantes españoles. Sin embargo, detrás del precio asequible que paga el consumidor europeo se esconde una realidad de degradación ambiental, crisis climática y precariedad laboral en el principal país productor del mundo, Ecuador. Un exhaustivo informe científico y técnico titulado Langostino barato, costes elevados, elaborado por la organización Foodrise y presentado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en colaboración con Protección Animal Ecuador, desvela el insostenible impacto de la acuicultura intensiva y el papel de liderazgo que ejerce España en este modelo transatlántico.
Vigo, puerto principal del langostino ecuatoriano
La desconexión entre el mercado europeo de productos del mar y sus propios caladeros es cada vez mayor. Actualmente, el 58% de los langostinos que se consumen en la Unión Europea procede de la acuicultura. En este escenario, España desempeña un papel central: nuestro país importa anualmente de Ecuador más langostinos de cultivo de los que se pescan o se crían conjuntamente en la totalidad de la Unión Europea (47.400 toneladas frente a las más de 56.000 toneladas que absorbe el mercado español).
El puerto de Vigo se ha consolidado como el principal punto de entrada para estas importaciones en la UE, que posteriormente se distribuyen por el resto de los Estados miembros. El atractivo comercial radica en el precio: en 2023, el langostino ecuatoriano se vendió a una media de 4,6 euros por kilo, compitiendo de manera agresiva frente a los 6,57 euros por kilo de primera venta que promedia el langostino capturado por buques de la UE, desplazando gradualmente a la flota extractiva local.
Este auge comercial ha venido acompañado de una fuerte penetración del capital español en el país andino. Gigantes pesqueros como Nueva Pescanova –que opera a través de su filial Promarisco– y el proveedor Profand han realizado inversiones multimillonarias para adquirir explotaciones camaroneras en Ecuador. Gran parte de esta estructura abastece de forma directa a la gran distribución minorista: Profand adquirió su primera explotación acuícola en Ecuador en 2024, evidenciando un modelo de negocio verticalmente integrado que conecta las granjas ecuatorianas con los lineales de los principales supermercados españoles.
Más emisiones que el vacuno lechero
El extraordinario crecimiento del sector camaronero en Ecuador, cuyas exportaciones escalaron de 40.000 toneladas en el año 2000 a un estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad, lo ha convertido en el principal motor económico del país, superando en 2025 al petróleo crudo con una facturación de 8.400 millones de dólares. Sin embargo, el informe advierte de que el 80% de su impacto ambiental se origina antes de la cría, específicamente en la producción de piensos industriales.
La dieta de estos crustáceos depende de la soja, la harina y el aceite de pescado capturado masivamente en las costas de Ecuador, Perú y Chile. Solo las importaciones europeas de langostino ecuatoriano representan el desvío de 178.000 toneladas de peces silvestres al año para ser convertidos en pienso. Organizaciones de la sociedad civil califican esta dinámica de "colonialismo nutricional", al sustraer recursos marinos esenciales del ecosistema sudamericano para alimentar el consumo europeo.
España importa anualmente de Ecuador más langostinos de cultivo de los que se pescan o se crían en la totalidad de la Unión Europea
Además, debido a la deforestación asociada a la soja y el uso intensivo de energía, el langostino de cultivo arrastra un impacto climático masivo: según datos recopilados por Science, una sola porción de 100 gramos de proteína de langostino de granja genera un promedio de 18 kg de CO2 equivalente, una cifra que supera a la del vacuno lechero (17 kg de CO2 equivalente) y sitúa a este crustáceo como el tercer sistema alimentario más intensivo en emisiones, solo por detrás de la carne de vacuno y de cordero.
El colapso del manglar y los conflictos territoriales
Sobre el terreno, los estanques de acuicultura ocupan ya unas 220.000 hectáreas de la costa ecuatoriana. Esta expansión desmedida ha provocado la pérdida histórica del 57% de la cobertura de manglares de Ecuador desde finales de la década de 1960. La situación es especialmente crítica en algunos estuarios del Golfo de Guayaquil (región que concentra el 60% de la producción), donde los manglares han sufrido un colapso del 90%. Esta destrucción priva a las comunidades locales de un ecosistema clave para la captura de carbono, la biodiversidad y su sustento tradicional.
Aunque la industria camaronera se presenta actualmente como un sector respetuoso con el medio ambiente, los investigadores y las comunidades de pescadores, cangrejeros y recolectores ancestrales siguen denunciando incursiones ilegales y la destrucción sistemática de sus entornos habitacionales. El informe expone graves conflictos territoriales, destacando que a principios de 2026 decenas de familias campesinas dedicadas al cultivo histórico de arroz fueron desalojadas forzosamente de sus hogares en el cantón de Durán, con la ayuda de la policía ecuatoriana, para ceder terrenos a nuevas empresas camaroneras. El caso ha llegado a ser examinado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos.
Vertidos químicos, antibióticos y precariedad laboral
El impacto en los recursos hídricos costeros es otra de las alarmas encendidas por el dossier. Por cada tonelada de langostinos producida, el sistema acuícola genera más de 51 kilos de desechos de nitrógeno derivados de los piensos y de la propia carga orgánica de los crustáceos; de ellos, 26 kilos terminan vertiéndose de forma directa y final a los ríos y costas circundantes. Asimismo, se documenta la presencia de sustancias tóxicas como el metabisulfito de sodio (utilizado para la conservación del crustáceo) y el uso opaco de antibióticos clasificados como críticos para la medicina humana (como amoxicilina, eritromicina y sulfonamida), aplicados para contener brotes patológicos en estanques sobrepoblados, lo que incrementa el riesgo global de proliferación de bacterias resistentes.
En el plano social, las ganancias de un negocio concentrado predominantemente en un reducido grupo de corporaciones locales y transnacionales (las dos principales empresas, Santa Priscila y S.O.N.G.A., acaparan casi un tercio de las exportaciones) no repercuten en la población trabajadora. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidos en el informe, el 63% de los operarios de la acuicultura en Ecuador trabaja en condiciones de informalidad y carece de un contrato formal, lo que cronifica una situación de extrema precariedad laboral e indefensión en regiones costeras azotadas, además, por la extorsión y el crimen organizado.
El Observatorio de Bienestar Animal concluye alertando sobre los límites de las certificaciones ecológicas y de trazabilidad. Un estudio internacional de la entidad World Forest ID desveló que el 84% de los productos de langostino analizados en puntos de venta europeos y estadounidenses no correspondía con el origen geográfico declarado. Ante la falta de información, las organizaciones exigen una mayor transparencia corporativa y ética a las cadenas de supermercados que operan en España, para que los ciudadanos dejen de externalizar inconscientemente su huella ecológica sobre las comunidades más vulnerables del planeta.
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