Ni el revés de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero tras considerarlos un expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, le detiene. El régimen marroquí ha seleccionado a cinco inversores nacionales e internacionales para llevar a cabo seis proyectos en el sector del hidrógeno verde en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con una inversión de 319 mil millones de dirhams (30.279 millones de euros).
Este anuncio se ha hecho público este jueves en un comunicado difundido tras una reunión del Comité Directivo encargado de gestionar el sector del hidrógeno verde, presidida por el jefe del Gobierno, Aziz Ajanuch. El Sáhara Occidental, ocupado por Rabat desde 1976 y otrora provincia española, es un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Se trata de empresas líderes en el ámbito del hidrógeno verde en sus respectivos países, que conforman el consorcio de inversores ORNX, compuesto por la empresa estadounidense Ortus, la española Acciona y la alemana Nordex, las cuales invertirán en la producción de amoníaco.
Además, otro consorcio de inversores, integrado por la empresa emiratí Taqa y la española Cepsa, se enfocará en la producción de amoníaco y combustible industrial.
Asimismo, la empresa marroquí Nareva invertirá en la producción de amoníaco, combustible industrial y acero verde.
Por otro lado, un consorcio de inversores compuesto por las empresas chinas UEG y China Three Gorges se encargará de la producción de amoníaco. Esta misma materia también será producida por la empresa saudí ACWA Power.
Se suman a los firmados con Marruecos
Estos seis proyectos se suman a otros dos acuerdos firmados en el mismo sector ante el Rey Mohamed VI y el presidente francés, Emmanuel Macron, en octubre de 2024 en Rabat, durante la visita del jefe de Estado galo a Marruecos. Dichos acuerdos involucran a las empresas francesas Total Énergies y ENGIE.
Los proyectos seleccionados este jueves se desarrollarán en un área de hasta 30.000 hectáreas por proyecto, y el Estado marroquí garantizará la protección y el uso adecuado de los bienes inmuebles públicos, añade el comunicado.
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