Más de 425 personas fueron detenidas por expresar su apoyo al grupo propalestino proscrito 'Palestine Action' en una protesta el sábado en Londres, en la que se registraron algunos altercados violentos. La Policía había advertido la víspera que expresar apoyo a una organización proscrita es un delito según la Ley de Terrorismo y que los infractores serían arrestados.

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La subcomisaria adjunta de Scotland Yard, Claire Smart, dijo en un comunicado que unos 25 manifestantes fueron arrestados además por agresión, al golpear y lanzar objetos a los agentes que trataron de desalojar al millar de asistentes al acto organizado por el grupo Defend our Juries en la plaza del Parlamento.

Otra manifestación convocada paralelamente por la Coalición Parad la Guerra y la Campaña de Solidaridad con Palestina, a la que acudieron unas 20.000 personas, transcurrió sin apenas detenciones, apuntó Smart.

"Las tácticas empleadas por los partidarios de Palestine Action en su intento de desbordar el sistema judicial, así como el nivel de violencia observado entre la multitud, exigieron el despliegue de recursos considerables, que obligó a retirar a agentes de los barrios, en detrimento de los londinenses que dependen de ellos", manifestó.

La Policía ya detuvo a más de 500 personas en otra protesta en agosto en la que, como en esta ocasión, los participantes esgrimieron pancartas de respaldo al mismo grupo, que fue proscrito en julio tras vandalizar dos aviones en una base militar británica y bloquear la entrada de una empresa de suministro de armas a Israel.

En ambas manifestaciones participaron muchas personas mayores y con discapacidad, y en agosto la mayoría de detenidos fueron ciudadanos de entre 60 y 69 años que defendían la libertad de expresión.

Durante la protesta del sábado, con lemas como "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action", se produjeron episodios de violencia sobre todo en las calles colindantes, mientras que la concentración principal en la plaza del Parlamento transcurrió de manera pacífica.

Hasta ahora, más de 138 personas han sido acusadas formalmente por mostrar apoyo al grupo –lo que conlleva penas de hasta 14 años de cárcel–, mientras el Ministerio del Interior planea recurrir la decisión judicial que permitía a la organización impugnar su ilegalización.

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