La historia de Carlos Ramón Brenes, de 70 años, es la de Nicaragua. Un hombre que luchó como guerrillero contra la dictadura de Somoza junto a los Ortega y que hoy entra en la lista de los 33 "desaparecidos forzosos" de un régimen que ya "no distingue entre enemigos y antiguos héroes".
De las 73 personas que el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas ha registrado en Nicaragua a finales del pasado mes de agosto, 33 se encuentran en condición de "desaparición forzosa". Esta práctica, que consiste en la detención de personas sin determinar su paradero y sin informar a las familias de dónde están o si están bien, es una estrategia cada vez más consolidada en el régimen de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo.
El pasado 14 de agosto el guerrillero y militar retirado Carlos Brenes y su mujer, Salvadora del Socorro Martínez, de 68 años, fueron detenidos por la policía de Nicaragua. Desde entonces, su familia no consigue saber dónde están, son “desaparecidos forzosos”, o “así es como me enseñó a llamarlo mi padre”, cuenta Thelma, hija de Carlos, en conversación con El Independiente.
"Nos enteramos de que había desaparecido porque dejó de contestar al WhatsApp”, cuenta. “Cuando pasaron dos días, supimos que algo iba mal". El matrimonio no se opuso ante la detención ya que, según le confirmó una persona que estuvo presente durante el arresto a Thelma, la policía se los había llevado diciéndoles que "era solo por cinco días".
Ya ha pasado más de un mes.
De guerrillero a preso político
Para entender la detención de Brenes hay que retroceder a los orígenes de su lucha. Con apenas 16 años se unió a la guerrilla sandinista y combatió a la dictadura de la familia Somoza. Tras el triunfo de la revolución en 1979, pasó a formar parte del nuevo ejército, donde sirvió hasta 1991. Ese año, ante la inminente transición de poder, fue testigo de un expolio masivo de propiedades estatales por parte de la cúpula sandinista, un episodio conocido en Nicaragua como "la piñata", ante esta decepción “abandonó el ejército y se retiró de la política”, cuenta Thelma.
A principios del año 2000, fundó un grupo de militares retirados que, desde una posición de autoridad moral, comenzaron a criticar públicamente el creciente autoritarismo y la corrupción de Daniel Ortega, y aunque no militó en ningún partido de la oposición, su voz se convirtió en una referencia para el pueblo nicaragüense.
Una primera "detención arbitraria" y una foto por WhatsApp
Su primer arresto llegó en 2018 tras unas protestas sociales en abril de ese año que "en junio ya llevábamos como unos 160 muertos", ya que el régimen sofocó las manifestaciones por la vía violenta. Brenes en ese momento leyó un comunicado en el que decía "Daniela Ortega, deberías de renunciar como presidente de Nicaragua y te debería dar una vergüenza por la sangre derramada de los jóvenes", explica su hija, que añade que "al mismo tiempo hace un llamado el ejército de Nicaragua y le dice, 'Ejército de Nicaragua, vos tenés un juramento hacia la Constitución de proteger al pueblo y deberías de estar protegiendo al pueblo y no protegiendo la dictadura'".
La respuesta fue una acusación de terrorismo y el encarcelamiento de Brenes durante casi un año. "El caso de mi padre fue calificado como detención arbitraria por las Naciones Unidas", explica Thelma.
Su caso fue llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la cual, tras analizar las circunstancias, concluyó que la detención de Carlos Brenes había sido de carácter arbitrario. Esta resolución de un organismo de la ONU sentó una base fundamental que desacreditaba las acusaciones del gobierno nicaragüense y enmarcaba su encarcelamiento como un acto de persecución política, no como un proceso judicial legítimo.
Fue liberado en 2019 bajo una ley de amnistía forzada por la presión internacional. Desde entonces el exmilitar había vivido bajo arresto domiciliario. "Él no tenía ninguna actividad política. La policía le llegaba a la casa y tenía que reportarse cada día mandando una foto por WhatsApp".
Ortega muere matando
El régimen de Ortega sabe perfectamente que Carlos Brenes no supone una amenaza activa para la dictadura, pero aún así, el 14 de agosto de 2025, él y su mujer fueron arrestados. "Los chismes en Nicaragua dicen que Daniel Ortega está muy enfermo. Al parecer, su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, está tratando de eliminar a toda la gente que en algún momento fueron imágenes públicas con relevancia moral", cuenta Thelma, que añade que "a diferencia de las oleadas anteriores, donde al menos existía una acusación formal, ahora las víctimas simplemente se desvanecen". Además alerta de que "el número está totalmente subestimado, porque las familias tienen muchísimo miedo de denunciar". Cuando los familiares acuden a las cárceles a preguntar, la respuesta es una amenaza: "Si vienen a preguntar mañana, los metemos presos a ustedes".
Un asesinado en Costa Rica
La persecución, además, se ha vuelto transnacional. Roberto Samcam , miembro del mismo grupo de militares retirados que fundó Brenes y exiliado en Costa Rica, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa el pasado mes de julio. Las autoridades costarricenses "lo están investigando como un asesinato pagado. Fueron sicarios mandados para que lo matasen".
Cárceles inhumanas
Las condiciones en las cárceles son, según los testimonios recabados por las organizaciones de derechos humanos, inhumanas. Los presos sufren la negación de acceso a la luz solar, beben agua contaminada, reciben alimentación insuficiente y padecen tortura psicológica constante con frases como "van a morir aquí" o "nadie se acuerda de ustedes". La atención médica es prácticamente inexistente, y las medicinas que llevan los familiares son confiscadas o tiradas a la basura por los custodios. "Mi papá es diabético, y yo no sé si tiene acceso a medicina, probablemente no. Para la gente que lleva mucho tiempo desaparecida, es horrible, uno empieza a pensar en lo peor", se sincera Thelma.
Desde el Gobierno de España, explica la hija de Carlos, el apoyo a los nicaragüenses exiliados y obligados a irse es real. En algunos casos, el Gobierno ha dado la nacionalidad española a alguno de los nicaragüenses que se han visto obligados a salir del país por temor a su vida.
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