El pulso entre las instituciones europeas a propósito del Sáhara Occidental y los acuerdos comerciales con Marruecos se ha exhibido este jueves sin tapujos. La Comisión Europea ha sufrido un inusual frente común en el Parlamento Europeo, donde eurodiputados de todos los colores políticos —desde el Partido Popular Europeo a los Verdes, pasando por La Izquierda y los ultraconservadores Patriotas por Europa— han acusado a Bruselas de ceder ante Marruecos y de tratar de alterar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para mantener vivo un acuerdo comercial con Rabat declarado nulo por los tribunales.

"Es un descaro", ha llegado a sentenciar el popular italiano Herbert Dorfmann en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento Europeo, que ha celebrado un debate extraordinario para abordar el Reglamento Delegado sobre el etiquetado de origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental ocupado, que intenta mantener la exportación de productos agrícolas saharauis bajo una cobertura marroquí. "Me sorprende el descaro de la Comisión Europea y la forma en que ignora las sentencias del TJUE con los acuerdos de libre comercio", alega el europarlamentario italiano. "Lo que dice ahora el tratado es que la ventaja aquí es que la Unión Europea construirá una planta desalinizadora en el Sáhara Occidental para producir agua para los tomates que se exportarán a la Unión Europea. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo del Sáhara Occidental? Realmente hay que plantearse esa pregunta".

El texto legal pretende introducir una excepción al etiquetado de origen de frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental, la ex provincia española bajo ocupación marroquí desde 1975 y pendiente de descolonización según la ONU. En contra de lo exigido por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obligan a identificar el origen como «Sáhara Occidental», Bruselas ha propuesto sustituirlo por dos regiones administrativas creadas por Rabat -El Aaiún-Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab- en lo que Rabat ha considerado una prueba de su soberanía sobre el territorio.

"Las sentencias no se negocian"

Brigitte Misonne, directora general adjunta de Agricultura, ha reconocido que la excepción "no deriva de la legislación europea" sino de las negociaciones con Marruecos, llevada a cabo en septiembre a lo largo de cinco días en un proceso marcado por la opacidad, tal y como denuncia el Western Sahara Resource Watch. "La Comisión Europea no puede negociar una sentencia del TJUE con el Gobierno de Marruecos. Esto es ridículo", ha replicado Dorfmann.

A juicio de la española Mireia Borrás Pabón, de Vox integrado en Patriotas por Europa, "después de un año en este Parlamento, defendiendo la agricultura europea, hemos visto muchas cosas…" "Lo que aún no habíamos visto es este nivel de descaro", ha subrayado. "Estamos aquí para defender la agricultura, pero ustedes están defendiendo los intereses de un tercer país, incumpliendo una sentencia del TJUE. Esa sentencia fue muy clara. Ampliar el acceso libre de aranceles a Marruecos sería ilegal, y cualquier producto procedente del Sáhara Occidental debería indicar únicamente como origen Sáhara Occidental. Eso está en consonancia con la sentencia. Permítanme leerla. Creo que lo que está haciendo la Comisión incumple la sentencia del TJUE", ha argumentado.

El enfado, casi unánime con la excepción de los socialdemócratas -el grupo en el que está integrado el PSOE-, ha ido creciendo a medida que los representantes comunitarios justificaban su maniobra. Un funcionario ha llegado a describir el Sáhara como «parte de un país», pese a que la ONU y el propio TJUE mantienen que el territorio es «separado y distinto» de Marruecos. Un desliz diplomático y jurídico que ha llevado a diputados de varios grupos a acusar a la Comisión de traicionar a los consumidores, socavar el derecho internacional y actuar como «la oficina comercial de Marruecos», en contra de las posiciones de los propios agricultores europeos.

La objeción multipartidista al nuevo reglamento, ya registrada, se votará en la sesión plenaria del 26 de noviembre. El presidente de la comisión AGRI, Daniel Buda, ha reclamado explicaciones jurídicas. La Comisión ha evitado responder y ha prometido hacerlo por escrito, sin comprometer ninguna fecha. Los eurodiputados reclaman esa respuesta antes del martes, víspera de la votación.

La tensión es tal que muchos ven en este caso algo más profundo que un conflicto técnico. «Aquí todos los elegidos democráticamente vamos en una dirección, y la Comisión en otra. Se trata de quién toma las decisiones en la Unión Europea», resumió el irlandés Luke Ming Flanagan (La Izquierda), subrayando la fractura institucional. El austríaco Thomas Waitz, de Los Verdes, ha censurado, por su parte, el deliberado intento de la Comisión de despreciar el derecho internacional. "Sabían que era contrario al derecho internacional. Y ahora vuelven con una propuesta que, en mi opinión, vuelve a ser contraria al derecho internacional", ha insistido. "«¿Quién conoce en la Unión Europea estos dos nombres árabes de dos regiones? Esto es una traición a nuestros consumidores. Es necesario que haya transparencia sobre el país de procedencia de estos productos. [...] Lo siento, pero esto no se ajusta al derecho internacional. Y somos nosotros, los europeos, los que a menudo defendemos el respeto del derecho internacional. Debemos tomarnos en serio a nosotros mismos y hacer lo mismo cuando se trata de productos agrícolas del Sáhara Occidental. De ahí es de donde proceden. Así es como deben etiquetarse".

El Polisario volverá a la justicia

El choque estalla en un momento en el que la UE se esfuerza por reforzar su relación estratégica con Marruecos. La reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda el plan de autonomía marroquí —sin alterar el estatus jurídico del territorio ni descartar otras opciones, reconociendo el derecho de los saharauis a la autodeterminación— ha sido interpretada en Bruselas como una oportunidad para estabilizar un vínculo crucial en materia migratoria, energética y de seguridad.

En octubre, la Comisión introdujo una enmienda al Acuerdo de Asociación UE-Marruecos que amplía preferencias arancelarias y crea la controvertida etiqueta de “región de origen”. Una reforma que, según Bruselas, pretende salvar los acuerdos anulados por el TJUE en 2024, que invalidó los pactos con Marruecos por no haber contado con el consentimiento del pueblo saharaui.

Pero para muchos dentro y fuera del Parlamento, incluidos juristas en derecho internacional, la maniobra es un intento de esquivar la jurisprudencia y evitar un choque diplomático con Rabat.

El movimiento de Bruselas podría acabar nuevamente ante el Tribunal de Justicia, han advertido ya desde el Frente Polisario, el representante legítimo del pueblo saharaui. ONG, asociaciones de consumidores y agricultores europeos estudian acciones legales al considerar que el nuevo sistema de etiquetado engaña al consumidor y vulnera las sentencias europeas. Productores de España y Francia alertan desde hace años del crecimiento de las exportaciones agrícolas marroquíes, especialmente de tomates y melones cultivados en el Sáhara Occidental.