Irán vuelve a asomarse al abismo de la revuelta social. Al menos siete personas han muerto, más de una treintena han resultado heridas y al menos 119 han sido detenidas en los primeros cinco días de protestas desencadenadas por el desplome de la moneda nacional y el rápido encarecimiento del coste de la vida. Se trata de las movilizaciones más extensas desde el levantamiento de 2022 tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, aunque, por ahora, sin alcanzar aquella intensidad.
Las protestas estallaron el 28 de diciembre en Irán, cuando comerciantes del centro de Teherán comenzaron a cerrar sus tiendas en señal de protesta por una nueva sacudida del rial, que ha perdido cerca de la mitad de su valor frente al dólar en el último año. Un día después, se sumaron los tenderos del Gran Bazar de Teherán. Lo que empezó como un pulso económico se ha transformado rápidamente en un desafío político, con manifestaciones y huelgas que se han extendido a al menos 17 de las 31 provincias del país.
Provincias en ebullición y violencia creciente
Los enfrentamientos más graves se han producido lejos de la capital, en provincias occidentales y del suroeste como Lorestán, Chahar Mahal y Bajtiarí, Hamadán, Juzestán e Isfahán. En ciudades como Lordegán, Azná o Kouhdasht, vídeos difundidos en redes sociales muestran barricadas en llamas, disparos en la noche y choques directos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La agencia semioficial Fars reconoce al menos tres fallecidos y varios heridos durante asaltos a instalaciones policiales, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan el balance y aseguran que algunas de las víctimas eran civiles abatidos por las fuerzas de seguridad. La Guardia Revolucionaria ha confirmado la muerte de un miembro de la milicia Basij y acusa a los manifestantes de instrumentalizar el malestar social para generar caos, una versión rechazada por grupos opositores, que sostienen que el fallecido participaba en las protestas y fue alcanzado por disparos oficiales.
La información sobre esta nueva oleada de protestas se enfrenta a la dificultad de verificar los datos, en un país donde el acceso a la información está fuertemente controlado y los periodistas se enfrentan a detenciones y censura.
Trump amenaza con intervenir
El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con intervenir si continua la represión de las protestas en la República de los Ayatolás, días después de reunirse con Benjamin Netanyahu y abordar la posibilidad de reanudar los ataques contra Teherán. "Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar", ha advertido el republicano en las redes sociales.
De la economía a la impugnación del régimen
Aunque el detonante inmediato ha sido económico —inflación superior al 40%, salarios pulverizados y una moneda en caída libre—, las consignas escuchadas en las calles reflejan un malestar más profundo. A los gritos contra la carestía se han sumado lemas abiertamente políticos contra el líder supremo Ali Jamenei y el sistema teocrático.
De forma significativa, en algunas protestas han reaparecido consignas que reivindican el regreso de la monarquía y mencionan al príncipe Reza Pahlavi, heredero del último sha. Su oficina sostiene que el movimiento ha roto “la barrera del miedo” y que el régimen se muestra “débil pero peligroso”, una narrativa que Teherán intenta contrarrestar presentando las protestas como una conspiración alentada desde el exterior.
Universidades, bazares y huelgas: los viejos epicentros
Como en anteriores oleadas de contestación, los bazares y las universidades se han convertido en núcleos clave. Comercios cerrados en Teherán, Isfahán o Shiraz, paros de estudiantes en algunas de las principales universidades del país y el respaldo público de sectores como el transporte han amplificado la presión sobre el Ejecutivo.
La respuesta del régimen ha incluido el cierre de oficinas públicas, centros educativos y negocios en 21 provincias, oficialmente por una ola de frío, aunque muchos iraníes interpretan la medida como un intento de vaciar las calles y cortar la coordinación de las protestas. Las fuerzas de seguridad han recurrido a gases lacrimógenos, cañones de agua —incluso con temperaturas bajo cero—, balas de goma y, según múltiples testimonios, fuego real en zonas rurales.
Diálogo retórico y mano dura
El Gobierno del presidente Masoud Pezeshkian ha tratado de combinar el discurso conciliador con la presión policial. La portavoz gubernamental ha anunciado un diálogo directo con comerciantes y sindicatos, mientras la fiscalía advierte de una “respuesta decisiva” ante cualquier intento de desestabilización.
Paralelamente, el Ministerio de Inteligencia ha anunciado detenciones de personas supuestamente vinculadas a grupos opositores en Europa y la incautación de armas, reforzando una narrativa de amenaza externa que el régimen ha utilizado en anteriores crisis para justificar la represión.
Un régimen bajo presión múltiple
El estallido social llega en un momento especialmente delicado para la República Islámica. Años de sanciones occidentales por el programa nuclear, la guerra de doce días con Israel el pasado junio y los bombardeos estadounidenses contra infraestructuras estratégicas han dejado a la economía exhausta y al liderazgo político erosionado.
Aunque las protestas aún no han alcanzado la magnitud del levantamiento de 2022, su rápida expansión territorial, la aparición de consignas abiertamente rupturistas y el número de víctimas mortales apuntan a un escenario de alta volatilidad. Para muchos analistas, el régimen se enfrenta a un dilema conocido: ceder lo justo para ganar tiempo o reprimir con dureza para evitar que una protesta nacida del hambre termine cuestionando los cimientos mismos de la república islámica.
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