Inamovible pese a las críticas de la comunidad internacional. El 1 de enero entró en vigor la decisión del Gobierno de Israel de retirar las licencias a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales que operan en la Franja de Gaza y en Cisjordania ocupada, al considerar que no completaron un nuevo proceso obligatorio de registro aprobado en marzo de 2025. La medida obliga a los trabajadores extranjeros de estas organizaciones a abandonar los territorios palestinos antes del próximo 1 de marzo, fecha límite fijada por las autoridades israelíes para completar el cese de sus actividades.

Israel, bajo cuyo control operan estas ONG al gestionar los visados del personal humanitario y los accesos tanto a Gaza como a Cisjordania, justificó la retirada de permisos alegando razones de seguridad y la necesidad de detectar posibles vínculos con grupos armados. El Ejecutivo sostiene que las organizaciones afectadas no cumplieron con los nuevos requisitos administrativos establecidos en la normativa, ampliamente criticada por el sector humanitario.

Un proceso de registro cuestionado por vulnerar principios humanitarios

El nuevo marco regulatorio exige a las ONG proporcionar al Gobierno israelí información considerada sensible, incluidos los datos completos de todos sus empleados. Además, contempla como causas para denegar o retirar licencias cuestiones como negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación o boicot, o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes ante tribunales extranjeros o internacionales.

Las organizaciones humanitarias han denunciado que estas condiciones suponen una forma de condicionar la ayuda a la alineación política y vulneran los principios fundamentales de independencia y neutralidad que rigen la acción humanitaria internacional.

Organizaciones afectadas y advertencias sobre el impacto en la población civil

Las suspensiones afectan a 37 ONG procedentes de 16 países, entre ellos España, Países Bajos, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido y Canadá. Entre las organizaciones figuran algunas de las más reconocidas a nivel internacional, como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Oxfam, Cáritas y Movimiento por la Paz.

Médicos Sin Fronteras, a la que Israel acusa de haber tenido “terroristas” entre sus trabajadores, negó rotundamente las acusaciones y advirtió de que el cierre de las ONG dejará a cientos de miles de personas sin atención sanitaria ni servicios esenciales. Su coordinadora de emergencias para Gaza, Claire San Filippo, denunció que realizar este tipo de afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se desarrolla en la Franja.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con su mujer, Sara, ha asistido a la suntuosa fiesta de Nochevieja celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su residencia privada en el estado de Florida, lo que subraya los intensos lazos entre los Gobiernos de ambos países. | Efe

Consecuencias “catastróficas” para Gaza

Agencias de la ONU y organizaciones internacionales han advertido de que la retirada de licencias tendrá consecuencias catastróficas para la población de Gaza, donde cerca de dos millones de personas dependen de la ayuda humanitaria tras más de dos años de ofensiva israelí que ha dejado alrededor del 80 % de la infraestructura dañada o completamente destruida. La mayoría de la población desplazada vive actualmente en tiendas de campaña y en condiciones extremas.

Las ONG afectadas gestionan o apoyan buena parte de los hospitales de campaña, centros de atención primaria, servicios de agua y saneamiento, refugios de emergencia, centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda y actividades críticas de desminado. En el ámbito de la nutrición infantil, fuentes humanitarias subrayan que toda la capacidad de hospitalización para tratar casos de desnutrición aguda grave en Gaza depende del apoyo de ONG internacionales.

El Gobierno israelí, por su parte, aseguró que la ayuda humanitaria continuará a través de las agencias de la ONU, gobiernos donantes, el sector privado y más de una veintena de ONG internacionales que sí completaron el nuevo proceso de registro.

Condena internacional y críticas desde la ONU y la UE

La decisión ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional. La Unión Europea, a través de su comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, instó a Israel a levantar las barreras a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y cuestionó la nueva normativa de registro. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó las suspensiones de intolerables y arbitrarias, al considerar que empeoran una situación ya extrema para la población civil.

Un grupo de diez países, entre ellos Canadá, Francia, Japón, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresó su grave preocupación por el nuevo deterioro de una situación humanitaria que sigue siendo calificada de catastrófica y advirtió de que uno de cada tres centros sanitarios en Gaza podría cerrar si se detienen las operaciones de estas organizaciones.

ONG israelíes denuncian que la medida “pone vidas en riesgo”

Un total de 18 organizaciones israelíes de derechos humanos y humanitarias condenaron este jueves la decisión del Gobierno de Israel, al considerar que el nuevo marco de registro viola los principios humanitarios fundamentales de independencia y neutralidad y restringe aún más el acceso a la asistencia vital en Gaza y Cisjordania, en un momento de necesidad crítica.

El comunicado está firmado por organizaciones como B’Tselem, Rompiendo el Silencio, Combatientes por la Paz, HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos y el Comité Público contra la Tortura en Israel, que denuncian que estas medidas socavan la acción humanitaria basada en principios, ponen en peligro al personal y a las comunidades y comprometen la prestación eficaz de la ayuda.

Las ONG israelíes recuerdan que, paralelamente a la ofensiva israelí contra la población de Gaza iniciada en octubre de 2023, el acceso humanitario se ha visto gravemente restringido y que, pese al alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre, la ayuda esencial continúa retrasándose o siendo denegada.

En Cisjordania, advierten de que la violencia militar, institucional y de colonos israelíes ha alcanzado niveles sin precedentes, y subrayan que las ONG internacionales desempeñan un papel crucial en el apoyo a las comunidades más vulnerables, así como en la rendición de cuentas y la transparencia. Bloquear su labor, afirman, pone vidas en riesgo.

Las organizaciones concluyen que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación legal de garantizar suministros adecuados a la población civil palestina y que garantizar el acceso a la ayuda humanitaria no es una opción discrecional, sino un deber jurídico que, denuncian, está siendo incumplido.