En medio de una oleada de protestas que los expertos consideran el mayor desafío para su existencia desde 1989, la República Islámica de Irán vuelve a usar la mano dura. Con un país sumido en un apagón de las comunicaciones que dura más de 100 horas, las ONG alertan del riesgo de ejecuciones de manifestantes. El primero podría ser este mismo miércoles Erfan Soltani, de 26 años, vecino de Fardis, en la periferia de Karaj a unos 40 kilómetros de Teherán, se enfrenta a una ejecución inminente tras un proceso judicial descrito como exprés, opaco y sin garantías mínimas. 

Su familia no conoció siquiera la fecha del ahorcamiento hasta días después del arresto, cuando la maquinaria ya había hecho su trabajo: condena cerrada, expediente inaccesible, sentencia “final”.

Su ejecución envía un mensaje a una calle en pie de guerra. Ssi se consuma, la ejecución de Soltani podría convertirse en la primera vinculada a esta nueva oleada de protestas de las últimas dos semanas, un dato que refuerza el carácter ejemplarizante del caso. En un país donde la justicia se utiliza a menudo como herramienta de control político, la aceleración del proceso apunta a un objetivo claro: usar la pena capital como instrumento de disuasión colectiva, una advertencia dirigida a los que siguen saliendo a la calle.

Arresto en casa y justicia acelerada

Según la información recibida por Hengaw Organization for Human Rights, Soltani fue arrestado el jueves 8 de enero de 2026 en su domicilio, en relación con las protestas en Fardis. Se trata de una ciudad satélite del área metropolitana de Karaj, un cinturón urbano e industrial donde el malestar social suele manifestarse con rapidez y donde el régimen aplica, también con rapidez, su política de contención.

La autoridad que acometió su detención no ha sido identificada oficialmente. Solo cuatro días después del arresto, la familia recibió la notificación de que la ejecución ya tenía fecha: este miércoles. Sin margen para una defensa efectiva. Sin tiempo para campañas públicas. Sin espacio para la presión internacional.

Una fuente cercana a la familia explicó a Hengaw que las autoridades comunicaron que la sentencia de muerte es definitiva y que será ejecutada en la fecha indicada. La familia ha sido informada, además, de que dispondrá únicamente de una breve visita final, el último trámite antes del ahorcamiento.

La familia de Soltani ha sido mantenida deliberadamente al margen del procedimiento. No ha podido acceder a los detalles de los cargos, ni a la documentación del caso, ni a información verificable sobre el tribunal que ha dictado la sentencia. En la práctica, la condena llega sin posibilidad real de impugnación.

Según Hengaw, desde su detención Soltani ha sido privado de los derechos más básicos, incluidos los pilares elementales del debido proceso: acceso a asistencia letrada, derecho a preparar defensa y posibilidad de contar con garantías procesales en un juicio independiente.

La situación adquiere un tono especialmente revelador por un detalle: la hermana de Erfan Soltani es abogada colegiada. Ha intentado activar vías legales y conocer el expediente, pero las autoridades han bloqueado su acceso al caso, impidiéndole revisar documentación, cargos o diligencias.

Pena de muerte como mecanismo de control social

El caso se inscribe en un patrón que los defensores de derechos humanos llevan años denunciando: el régimen no utiliza la pena capital solo como castigo penal, sino como herramienta de intimidación colectiva. Su utilidad no es jurídica sino política. En particular cuando la contestación social vuelve a ocupar calles y barrios, el Estado busca restablecer el miedo como forma de gobierno.

Hengaw considera que el caso constituye una violación manifiesta del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la normativa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente su artículo 6, relativo al derecho a la vida.

En términos jurídicos, la cuestión es clave: incluso en los países que mantienen la pena de muerte, el derecho internacional exige condiciones estrictas. Una condena capital dictada en un procedimiento donde el acusado carece de abogado, no puede ejercer defensa efectiva, y no dispone de un juicio independiente e imparcial, desborda el terreno de la justicia penal.

Por eso Hengaw subraya que la ejecución planeada en estas condiciones equivale, en la práctica, a una ejecución extrajudicial, una muerte administrada por el Estado con apariencia de proceso, con el expediente convertido en un objeto inaccesible.

La organización ha lanzado un llamamiento urgente a actores internacionales, mecanismos de Naciones Unidas y organismos de derechos humanos para actuar de inmediato, exigir la paralización del ahorcamiento y reclamar una revisión independiente e imparcial del caso.