El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación criminal contra el gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, para determinar si ambos han obstaculizado de forma deliberada la actuación de agentes federales de inmigración en el estado. La apertura de diligencias supone una escalada en el pulso entre la administración del presidente Donald Trump y las autoridades demócratas de Minnesota por la intensificación de los operativos migratorios en la ciudad.

La investigación se ha conocido a pocos días del tiroteo mortal en el que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, durante una actuación en Mineápolis. Según fuentes federales citadas por medios estadounidenses, la fiscalía examina si las declaraciones públicas de Tim Walz y Frey, críticas con la presencia de ICE y con el despliegue de miles de agentes federales desde finales de 2025, podrían encajar en un supuesto de conspiración para interferir en investigaciones o actuaciones federales.

De acuerdo con responsables del Departamento de Justicia, todavía no se han emitido citaciones formales, aunque podrían producirse en los próximos días. Tanto el gobernador como el alcalde han asegurado que no han recibido notificación oficial alguna y han denunciado que se trata de un uso político del aparato judicial. Ambos han reprochado, además, haber quedado al margen de la investigación sobre la muerte de Good y han puesto en duda la imparcialidad del proceso federal.

Tensión institucional

Desde la administración Trump, varios altos cargos han acusado a los dirigentes demócratas de Minnesota de alentar las protestas y de poner en riesgo a los agentes federales. El propio presidente ha reiterado que intervendrá en el estado “si se ve obligado” para frenar las movilizaciones contra ICE y ha asegurado que, de hacerlo, resolverá la situación “de forma rápida y eficaz”, según un mensaje difundido en su red social, Truth Social.

La tensión institucional se ha visto agravada por la demanda presentada esta semana por el fiscal general de Minnesota, que sostiene que el refuerzo de agentes federales constituye una “invasión federal” inconstitucional y vulnera la soberanía del estado. En paralelo, una jueza federal ha impuesto restricciones a la actuación de los agentes de inmigración frente a los manifestantes, prohibiendo represalias contra protestas pacíficas y el uso de herramientas de dispersión como respuesta a expresiones protegidas.

Las protestas se han intensificado tras la muerte de Good y otro tiroteo reciente, en el que un agente de ICE hirió a un inmigrante venezolano durante un operativo de arresto. Mientras las autoridades federales han defendido la actuación de los agentes y han advertido de posibles arrestos por obstrucción, los responsables estatales y municipales han insistido en que las movilizaciones deben mantenerse pacíficas y han cuestionado el alcance y los métodos del despliegue federal en Minnesota.

El choque institucional surgido tras el tiroteo que acabó con la vida de Renee Good va más allá de una mera disputa jurídica. El intento de Donald Trump de centrar el relato en la supuesta obstrucción de los demócratas a los operativos de inmigración, y de iniciar una investigación penal contra el gobernador y el alcalde, ha sido interpretado por críticos y algunos fiscales federales que dimitieron como un esfuerzo por desviar la atención de las preguntas sobre la conducta del propio Gobierno federal y de los agentes de inmigración implicados en la muerte de Good.