Los ataques contra la asistencia médica en los conflictos armados han alcanzado niveles récord a lo largo de 2025. Es la principal conclusión del informe publicado este miércoles por Médicos Sin Fronteras MSF elaborado a partir de datos de bases de datos internacionales y de la propia experiencia de la organización en distintos escenarios de guerra casi diez años después de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condenaba los ataques contra la atención sanitaria y reclamaba el fin de la impunidad.
MSF advierte de que los Estados deben cumplir el Derecho Internacional Humanitario DIH respetar la vida de los civiles garantizar la rendición de cuentas y revertir la cultura de impunidad.
Récord mundial 1.348 ataques y 1.981 muertos en 2025
El informe titulado La atención médica en el punto de mira recoge datos del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y documenta que en 2025 se registraron 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron 1.981 muertes de pacientes y personal sanitario. Una cifra que supone un aumento muy significativo de la letalidad ya que duplica las 944 muertes registradas en 2024 para MSF estos datos evidencian un deterioro acelerado de la protección real de la asistencia sanitaria en la guerra
La violencia contra la atención médica se concentró de manera especialmente grave en Sudán. En 2025 fue el país más afectado con 1.620 trabajadores médicos humanitarios y pacientes asesinados, seguido de Myanmar con 148; Palestina con 125; Siria con 41 y Ucrania con 19. La cifras y su extensión geográfica reflena, según MSF, el impacto devastador que tiene la violencia contra hospitales y misiones médicas en sociedades donde el acceso a la salud ya es limitado o inexistente.
Las partes beligerantes eluden su obligación de proteger instalaciones, pacientes y personal
MSF denuncia que las partes beligerantes incluidos los Estados eluden cada vez más su obligación de proteger las instalaciones el personal, los pacientes y los vehículos médicos como exige el Derecho Internacional Humanitario y advierte de que esta tendencia se aprecia tanto en los datos como en el discurso público de gobiernos y actores militares.
El informe destaca un giro especialmente preocupante en la forma de justificar los ataques ya que se pasa de presentar estos hechos como errores a defenderlos como acciones legítimas bajo el argumento de que los hospitales o los equipos humanitarios habrían perdido su estatus protegido.
En palabras de Erik Laan, experto en incidencia política de MSF, "las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ataques por error a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario han perdido la protección que les otorga el DIH". "Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil".
La carga de la prueba se invierte: hospitales y comunidades deben demostrar que no son objetivos militares
MSF sostiene que el debilitamiento del DIH se traduce también en un cambio práctico de responsabilidad y que, en algunos casos, los ataques pueden explicarse por interpretaciones erróneas del derecho o por el aprovechamiento de ambigüedades normativas. Mientras tanto, la consecuencia directa es que los hospitales dejan de ser considerados por defecto estructuras civiles protegidas y pasa a imponerse la idea de que son las comunidades y las instalaciones sanitarias quienes deben demostrar que no son objetivos militares.
Erik Laan subraya además un incumplimiento recurrente del marco humanitario. A menudo, se pasan por alto las obligaciones fundamentales de las partes beligerantes como la de avisar con antelación antes de un ataque. Esto impide que los centros médicos respondan a las denuncias de pérdida de protección o evacúen a los pacientes.
Los Estados protagonizan la mayoría de incidentes: el 81 por ciento en 2024
El informe incorpora cifras de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos que documentó 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria en 2024, un 15 por ciento más que en 2023, y un 62 por ciento más que en 2022 y destaca que aproximadamente el 81 por ciento se atribuyeron a actores estatales. Se trata de una cuestión central para MSF porque el tipo de violencia ejercida por Estados suele implicar mayor capacidad destructiva y mayor probabilidad de ataques aéreos y uso de explosivos en zonas densamente pobladas.
Raquel González, coordinadora de MSF España y responsable de la campaña Nuestra Línea Roja, señala que la implicación estatal agrava el riesgo para la atención sanitaria. La participación del Estado en los conflictos armados plantea retos específicos para la protección de la atención médica ya que los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos especialmente en zonas densamente pobladas, advierte.
MSF insiste en que los ataques contra hospitales y misiones médicas no solo causan víctimas directas sino que desmantelan la red asistencial al forzar el cierre de servicios esenciales y acelerar la retirada de organizaciones humanitarias, lo que deja a comunidades enteras sin posibilidad real de tratamiento en contextos de guerra.
Raquel González resume el efecto acumulativo de esta violencia: "La violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de las organizaciones humanitarias, lo que corta el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas. Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables".
El informe subraya que el personal contratado localmente es el grupo más expuesto y vulnerable en esta violencia sostenida. Según la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios, entre 2021 y 2025 fueron asesinados 1.241 trabajadores locales; 1.006 resultaron heridos y fueron secuestrados 604 representando el 98 por ciento del total de trabajadores humanitarios asesinados y el 96 por ciento de los heridos y el 94 por ciento de los secuestrados a nivel mundial.
Kunduz 2015: un antes y un después y una promesa incumplida
MSF recuerda que el 3 de octubre de 2015 sufrió uno de los ataques más mortíferos contra sus equipos cuando un avión de combate AC 130 de Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de MSF en Kunduz (Afganistán) y causó 42 muertes, incluidas 14 de su personal. Tras aquel ataque y la presión humanitaria, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2286, un punto de inflexión simbólico que sin embargo no se ha traducido en garantías reales.
"Esta resolución fue un rayo de esperanza ya que era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante", admite Laan. El informe concluye con un llamamiento a los Estados para que adopten medidas reales de cumplimiento investigación y transparencia y para que la protección de la asistencia médica deje de ser una declaración formal y vuelva a ser una norma operativa en el campo de batalla.
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