El Gobierno de Donald Trump ha dado este jueves un giro significativo a la política de sanciones sobre Venezuela al emitir una licencia general que autoriza determinadas transacciones comerciales vinculadas al petróleo venezolano. La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, abre la puerta a que petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país suramericano, aunque bajo un marco de restricciones y control por parte de Washington.

La decisión llega casi tres semanas después de que Trump se reuniera en la Casa Blanca con los máximos responsables de más de una veintena de compañías petroleras estadounidenses, entre ellas ExxonMobil y ConocoPhillips, a las que instó a invertir en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro. La nueva licencia sustituye el esquema de autorizaciones individuales —como la concedida a Chevron— que Washington había aplicado desde que la administración de Joe Biden levantara de forma temporal las sanciones al sector energético en 2024.

Pese a su carácter general, el permiso impone condiciones estrictas. Solo podrán beneficiarse las empresas estadounidenses constituidas antes del 29 de enero de 2025 y los pagos a entidades venezolanas deberán canalizarse a través de cuentas bancarias bajo control de Estados Unidos. Además, los contratos que estas compañías firmen con el Gobierno venezolano o con Petróleos de Venezuela (PDVSA) deberán regirse por la legislación estadounidense y contemplar que cualquier disputa legal se resuelva en tribunales de EE. UU.

La licencia también prohíbe mecanismos de pago que Washington considere no transparentes, como canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas radicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

Durante su primer mandato, Trump impuso en 2019 duras sanciones a la industria petrolera venezolana, lo que provocó un desplome de la economía del país, altamente dependiente de las exportaciones de crudo. Tras la intervención militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero —que culminó con el arresto de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por presunto narcotráfico—, la Casa Blanca ha intensificado la presión sobre las grandes petroleras para que regresen al país.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. La mayoría se concentra en la Faja del Orinoco, donde el crudo extrapesado requiere inversiones millonarias y tecnología avanzada para su explotación.

Chevron es, por el momento, la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela con una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para importar crudo. La compañía decidió permanecer en el país en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó los últimos yacimientos privados y obligó a las multinacionales a aceptar un control mayoritario del Estado a través de PDVSA o abandonar el país.

Actualmente, las empresas mixtas de Chevron y PDVSA aportan alrededor del 27 % de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios, en un sector que Washington aspira ahora a reactivar bajo su supervisión directa.