Donald Trump es descendiente de inmigrantes: su madre, Mary Ann McLeod, había nacido en Escocia, y su padre era hijo de un alemán, Friedrich Trump. Su esposa, Melania, es eslovena. Pero el presidente de Estados Unidos, dentro de su batalla contra los inmigrantes, ansía acabar con el derecho a la nacionalidad por nacimiento, definida en la 14ª Enmienda de la Constitución. La causa ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este miércoles ha debatido los argumentos a favor y en contra de la orden ejecutiva de Trump, dictada el primer día de su segundo mandato pero sin aplicación por decisión de los tribunales. La impresión es que Trump puede cosechar otra derrota pero hay que esperar hasta junio o julio para conocer la decisión.

Por primera vez en la historia el presidente se ha sentado en la sala en primera fila. Allí ha escuchado al fiscal general adjunto, John Sauer, que defiende la posición de la Administración de Trump. Después se ha marchado.

En las inmediaciones del tribunal, el chef español José Andrés, nacionalizado estadounidense hace más de una década, daba un discurso a los congregados. "Hoy no se trata de defender un derecho constitucional. Se trata de mucho más: hoy estamos aquí para defender la idea de lo que es América y lo que será".

Escepticismo inicial

La mayoría de los magistrados se mostraron escépticos ante los intentos del presidente de limitar la ciudadanía por nacimiento durante la vista. Ahora son seis conservadores, tres de ellos propuestos por Trump, y tres progresistas. Los principales jueces conservadores plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente.

Trump quiere poner fin a la ciudadanía automática para los bebés nacidos en territorio estadounidense. Argumenta que EEUU es el único país donde se reconoce la nacionalidad al recién nacido cuando no es así. En varios países americanos, desde Canadá a México se aplica esta práctica.

El presidente ha pedido al tribunal que reinterprete la 14ª Enmienda, que se añadió a la Constitución en 1868 después de la Guerra Civil. La enmienda revocó la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que en 1857 había negado la ciudadanía a los estadounidenses afroamericanos.

En un precedente clave, el Tribunal Supremo dictaminó en 1898 que Wong Kim Ark, un hombre de ascendencia china nacido en San Francisco de padres no ciudadanos, era ciudadano estadounidense.

Alito, con las tesis de Trump

Trump ha presionado para reducir drásticamente ese alcance. Su tesis es que la garantía de ciudadanía que establece la enmienda no se debería aplicar a los hijos de padres que se encuentran en el país de forma ilegal o de aquellos con visados temporales por motivos laborales, de viaje, de estudios o humanitarios.

"El texto de la cláusula, en mi opinión, no le respalda", ha dicho la juez Elena Kagan al fiscal general adjunto D. John Sauer, quien actúa en representación de la Administración Trump. "Creo que está buscando un significado más técnico y esotérico".

En otro momento, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., ha dicho a Sauer que su argumento de que la 14.ª Enmienda no se aplicaba a las personas que no tenían estatus migratorio permanente se basaba en un fundamento jurídico endeble, según The Washington Post. "Los ejemplos que da para respaldar eso me parecen muy peculiares… hijos de embajadores, hijos de enemigos durante una invasión hostil, niños en buques de guerra. Y luego lo amplía a toda una clase de extranjeros ilegales aquí en el país... No estoy muy seguro de cómo puede llegar a ese gran grupo a partir de ejemplos tan pequeños y algo idiosincráticos".

El único juez que ha respaldado firmemente a la Administración fue el conservador Samuel A. Alito Jr, de origen italiano. Ha sugerido que las excepciones a la 14.ª Enmienda podrían ampliarse para tener en cuenta nuevas realidades que no existían en el momento de su ratificación en 1868. "Lo que estamos tratando es algo que era desconocido en aquel momento: la inmigración ilegal", ha señalado Alito. En una información de The New York Times, se recordaba cómo el padre de Alito llegó como bebé a Estados Unidos con su madre, procedente de Italia. Si lo hubieran hecho hoy, serían inmigrantes ilegales.

Varios de los jueces conservadores del Supremo interrogaron de forma minuciosa al abogado de la Unión Americana por las Libertades Civiles, que presentó el recurso judicial. La vista se prolongó más de dos horas. Recientemente el Supremo emitió una sentencia que invalidaba los aranceles de Trump por lo que otra decisión en contra sería un varapalo para el presidente, que lleva un annus horribilis.

La cuestión clave

Esa formulación fue reflejada por el Congreso en una ley de 1952 y se ha interpretado en sentencias judiciales y medidas ejecutivas durante más de cien años como una garantía de la ciudadanía por nacimiento.

"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en los que residen", declaraba la enmienda. La cuestión clave para los jueces es qué significa que una persona en Estados Unidos esté "sometida a su jurisdicción".

El presidente y el Departamento de Justicia argumentan que fue una enmienda concebida para los estadounidenses negros, y no para quienes ahora se benefician de ella: desde los que aprovechan para que sus hijos tengan el pasaporte aunque sean nacionales de otros países y también para los descendientes de indocumentados.

"El propósito de la Ciudadanía por Derecho de Nacimiento no era que las personas de vacaciones se convirtieran en Ciudadanos permanentes de los Estados Unidos de América, y trajeran a sus familias con ellos, ¡todo el tiempo riéndose de lo 'TONTOS' que somos!", publicó el presidente la primavera pasada.

Pero, como dice José Andrés, en esa enmienda también se refleja que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Como lo atestigua la propia biografía del presidente y de gran parte de los magistrados del Supremo.

Los grupos que impugnan la legalidad de la orden de Trump, liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, subrayan que tanto los tribunales como el Congreso y los presidentes anteriores han adoptado una lectura amplia del texto de la 14ª Enmienda, que, afirman, encarna valores estadounidenses fundamentales de igualdad y oportunidad.

Sin nacionalidad por nacimiento, más ilegales

Una sentencia a favor de la Administración Trump tendría consecuencias prácticas de gran alcance, al privar de la ciudadanía a más de 200.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos de padres indocumentados.

La orden ejecutiva solo afectaría a los bebés que nazcan en el futuro. Los detractores afirman que una decisión a su favor generaría caos e incertidumbre para los recién nacidos y sus padres, y pondría en duda la situación de millones de personas que ya se han beneficiado de la ciudadanía por nacimiento, según publica The New York Times.

Los expertos en demografía afirman que, si se eliminara la ciudadanía por nacimiento automática, las consecuencias serían profundas. El Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad Estatal de Pensilvania, por ejemplo, calcula que la derogación de la ciudadanía por nacimiento daría lugar a que, para 2045 habría 2,7 millones de personas más viviendo en EEUU de forma irregular; personas que anteriormente habrían tenido derecho a la ciudadanía por nacimiento si se mantiene la legislación actual.

El mayor impacto absoluto del cambio de política afectaría a los inmigrantes latinos, que constituirían más del 90 % de las personas nacidas en Estados Unidos sin estatus legal en el país para 2050.