Desde que Donald Trump arrancó su segundo mandato, una secuencia se ha repetido: él firma una orden ejecutiva, un juez bloquea la medida temporalmente y el caso termina con el Departamento de Justicia recurriendo al Tribunal Supremo. Ha pasado algo menos de una vez a la semana desde el pasado enero, cuando el actual presidente estadounidense juró el cargo, y ha supuesto un giro abismal frente a cómo cualquier otro mandatario había encarado su presidencia.
Ningún otro presidente ha tenido que hacer frente a tal número de órdenes judiciales en su contra, y ningún otro había desafiado, criticado e insultado tan a menudo, ni tan abiertamente, a los jueces. En este contexto, la justicia se ha convertido en el gran foco de atención y en concreto el Tribunal Supremo pasará a primera fila en las próximas semanas, cuando deberá dar a conocer sus últimas opiniones del curso.
Esas opiniones determinarán hasta dónde puede llegar el presidente y cuánto poder tienen los tribunales más bajos a la hora de pararle los pies. Hasta ahora, han sido el principal obstáculo de la Administración a la hora de implementar su agenda, pero eso puede cambiar en solo unos días… o reafirmarse.
Vamos a repasar qué casos están ahora en la mesa del Tribunal Supremo estadounidense y si hasta ahora se ha posicionado a favor o en contra de las órdenes de Trump sobre las que ya ha fallado, para así contar con una imagen más completa de cara a los fallos de los próximos días. Asimismo, repasaremos el papel de las juezas progresistas y de la jueza conservadora Amy Coney Barrett, ahora en el punto de mira de los seguidores del presidente porque no siempre ha votado como ellos esperaban.
Más de 300 demandas contra las órdenes de Trump
Hasta el día de hoy, los jueces han bloqueado las órdenes de Trump mucho más a menudo de lo que le han permitido seguir adelante. Según un recuento llevado a cabo por la agencia de noticias Bloomberg, el pasado 8 de mayo se habían presentado 328 demandas contra las decisiones de Trump, los tribunales habían emitido más de 200 órdenes para detener decisiones de la Administración y solo han permitido que las políticas que habían sido demandadas salieran adelante en 43 casos. En el resto, aún no han dictado sentencia.
Y eso solo a lo largo de estos últimos cinco meses. Antes, Trump se convirtió en el primer presidente convicto al ser condenado en el caso Stormy Daniels, cuando la justicia consideró probado que había falsificado documentos, facturas y cheques para ocultar pagos a la exactriz porno, y estaba siendo juzgado en otros tres, algo que no fue suficiente para impedirle que regresase a la Casa Blanca. El ahora presidente achacó esos casos a una supuesta persecución judicial ordenada por Joe Biden, pero los últimos meses han demostrado que Trump pierde en los tribunales con jueces nombrados por presidentes tanto republicanos como demócratas, y también con algunos nombrados por él mismo.
Esos casos perdidos son los que la Administración Trump está recurriendo al Supremo, algo que está haciendo mucho más a menudo que gobiernos anteriores, puesto que ya le ha pedido en 13 ocasiones que intervenga tras perder en tribunales más bajos. Bloomberg dice que George W. Bush y Obama, entre los dos, solo recurrieron sentencias hicieron ocho veces en entre 2001 y 2016.
Para muchos, la manera en la que el presidente está desafiando a la justicia supone que el país se encuentra en medio de una crisis constitucional, un relato al que su gabinete intenta darle la vuelta, en muchas ocasiones tratando de convencer de que la supuesta voluntad popular está por encima de las normas. “Él fue elegido de forma abrumadora por una mayoría abrumadora de ciudadanos de los Estados Unidos para ser nuestro comandante en jefe, y eso es lo que está haciendo”, ha opinado la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, en una entrevista en Fox News. “Solo desde el 20 de abril, hemos recibido más de 170 demandas presentadas contra nosotros. Esa debería ser la crisis constitucional”.
El Supremo, a favor y en contra de Trump
A lo largo de los últimos meses, el Supremo ha fallado tanto a favor como en contra de Trump. Su última decisión conocida, aunque no tiene nada que ver con ninguna orden de la Administración, fue este miércoles, cuando decidió que los estados pueden prohibir los tratamientos de cambio de género para los menores trans, al considerar que es algo sobre lo que deben poder decidir los ciudadanos de cada territorio.
Entre las decisiones más importantes en las que el Supremo se ha posicionado a favor de las políticas de Trump están las siguientes. En febrero, el Supremo le dio a Trump su primera victoria al dar la vuelta a la decisión de un tribunal inferior que había pedido a la Administración pagar 1.500 millones de dólares por trabajos ya completados por parte de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los principales objetivos de los recortes del presidente y de donde ha despedido a alrededor de 10.000 personas, y permitiendo al Gobierno, por tanto, no tener que liberar los fondos.
En mayo, le permitió prohibir a las personas trans del Ejército, al menos de forma temporal. En otra ocasión en el mismo mes, le permitió que retire el permiso de residencia temporal a 350.000 venezolanos, y que Joe Biden les había concedido al considerar que volver a su país era demasiado peligroso, al menos mientras estuviese bajo las órdenes de Nicolás Maduro. En otra resolución de emergencia, el Supremo bloqueó la orden de un juez que pedía al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que entonces dirigía Elon Musk, información sobre sus operaciones.
Pero el Alto Tribunal también ha emitido resoluciones importantes contra el Gobierno estadounidense, bloqueando despidos masivos, deportaciones y cortes de financiación. En abril, le prohibió seguir deportando de forma exprés con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, redactada en tiempos de guerra, y poco después rechazó permitir a Trump congelar casi 2.000 millones de dólares en ayuda al extranjero.
Entre los asuntos más importantes sobre los que el Supremo tendrá que decidir está si un juez de distrito puede bloquear una decisión de Trump que afecte a todo el país, que tendrá un impacto importantísimo en toda su agenda, y si el presidente puede revocar la ciudadanía por nacimiento, una orden que han denunciado estados demócratas, grupos en defensa de los inmigrantes y mujeres embarazadas que temen que se le deniegue la nacionalidad a sus bebés.
¿En qué sentido va a posicionarse el tribunal? Por el momento, parece que los jueces podrían darle la razón al presidente a la hora de la de permitirle denegar la ciudadanía a nacidos en EEUU, en contra de las últimas órdenes judiciales, pero que no tienen tan claro cómo resolver las consecuencias que esa decisión tendrá.
La oposición de las juezas
Es previsible que las próximas resoluciones del Supremo sobre órdenes de Trump cuenten con el voto en contra de las juezas progresistas -Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson-, que ya han mostrado su disconformidad por escrito en un buen número de resoluciones. Pero el quid de la cuestión estará, en muchos casos, en el voto que emita la cuarta mujer del Tribunal, Amy Coney Barrett, que lleva meses en el punto de mira de los republicanos porque fue nombrada por Trump pero no siempre vota como al presidente le gustaría.
Ante la decisión de la mayoría de los jueces de permitir que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Musk tuviese acceso a los datos de la Seguridad Social de millones de americanos, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson dejó por escrito su desacuerdo. “Resulta particularmente sorprendente pensar que las concesiones de alivio en estas circunstancias podrían (involuntariamente) transmitir no solo un trato preferencial para el Gobierno sino también una voluntad de socavar tanto las sentencias bien razonadas de compañeros de tribunales inferiores como las limitaciones que establece la ley y que están intentando hacer cumplir", dijo.
Jackson ya se quejó de forma similar después de que el Supremo dijese el 30 de mayo que el Gobierno podía revocar el estatus legal de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que a día de hoy viven en EEUU. Según la jueza, el tribunal "claramente cometió un error" en su decisión, que afecta a 530.000 inmigrantes si el Gobierno decide acabar con sus visados mientras la nueva norma termina de evaluarse en la justicia.
La jueza progresista Sonia Sotomayor también ha expresado su frustración por los intentos de Trump de conseguir que el Supremo vete el derecho de los jueces a bloquear sus órdenes a nivel nacional. “El presidente está violando no solo uno, sino, según cuento, cuatro precedentes del Tribunal Supremo. ¿¡Y usted afirma que ni el Tribunal Supremo ni un tribunal inferior pueda frenar al Ejecutivo, universalmente, a la hora de violar esas resoluciones?!”, manifestó cuando el procurador general D. John Sauer trataba de explicar la postura de la Administración.
Junto a ellas dos suele votar Elena Kagan, la tercera jueza progresista, pero si el resto de los integrantes del tribunal opinan en sentido contrario el resultado es de seis contra tres y por tanto la postura conservadora resulta ganadora. Por eso la jueza Amy Coney Barrett regresará a los titulares a lo largo de las próximas semanas, porque podría conseguir que el Supremo falle contra Trump en casos en los que la Administración confía en el conservadurismo de los jueces para conseguir la sentencia que necesita.
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