“No parece probable que la Sala de Apelación del Supremo rectifique el criterio del juez Llarena sobre el mantenimiento de la prisión preventiva de Oriol Junqueras“. Eso es lo que opinan las fuentes del alto tribunal consultadas por El Independiente sobre la decisión que adoptarán los tres magistrados (Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde) que componen la Sala ante la que ha apelado el líder de ERC para salir de la cárcel y poder así estar presente en la sesión de constitución del Parlament del próximo día 17 de enero y, lo que aún es más importante para él, en la sesión de investidura que podría celebrarse diez días después, según ha revelado Mariano Rajoy en su rueda de prensa de fin de año.

El criterio de la Fiscalía (Jaime Moreno y Consuelo Madrigal están manteniendo una postura sólida y contundente que, a veces, incluso contradice los deseos del gobierno) y de la acusación popular (el partido Vox) es también contrario a que se levante una medida cautelar que tiene como principal objetivo evitar la reiteración delictiva del imputado.

Los independentistas han puesto todas sus esperanzas en que, tras la comparecencia del próximo 4 de enero ante la Sala de Apelaciones, Junqueras logre salir de prisión y, de ese modo, pueda optar a la presidencia de la Generalitat, cargo al que también opta Carles Puigdemont, huido en Bruselas.

Las fuentes consultadas admiten que el juez Pablo Llarena podría dar un permiso a los encarcelados que fueron elegidos en las listas de ERC y JxC (Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez)  para que recojan su acta en el Parlament, hecho del que ya hay precedentes en etarras presos elegidos al Parlamento vasco (por ejemplo, Juan Carlos Yoldi o Josu Ternera), aunque, según el reglamento de la cámara catalana, la recogida de las credenciales no exigen la presencia física de los diputados y se podría hacer por persona interpuesta.

Lo más probable es que la Sala de Apelación ante la comparecerá Junqueras el 4 de enero decida mantener la prisión preventiva para el líder de ERC y candidato a presidir la Generalitat

Sin embargo, acudir a la sesión de investidura para hacer un discurso y ser elegido, es otra cosa. “Eso sólo sería posible si Llarena decidiera levantar la medida cautelar al entender que ya no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva”, señalan las fuentes.

Tanto los Jordis (Sánchez y Cuixart), como el ex consejero de Interior de la Generalitat, Forn, comparecerán ante el juez Llarena el próximo día 11 de enero, ya que el recurso de éstos, a diferencia de Junqueras, no se ha presentado ante la Sala de Apelaciones, sino ante el juez instructor.  Llanera podría interpretar que ante un posible riesgo de fuga -poco probable- o de reiteración delictiva -que podría quedar minimizado si existe el compromiso expreso de respetar la ley y la Constitución- prevalece el derecho al pluralismo político que establece el artículo primero de la Constitución. Esa es la duda en la que se debate el magistrado. Si, finalmente, estima el recurso de los Jordis y Forn, la decisión sería extensible al líder de ERC.

Lo realmente kafkiano de esta situación es que de la decisión que adopte el Supremo va a depender en gran medida el nombramiento del presidente de la Mesa del Parlament, el del presidente de la Generalitat e incluso la posible mayoría absoluta por parte del independentismo en la cámara.

La pretensión de Puigdemont es que Junqueras acepte su propia candidatura para presidir el Govern a cambio de que Carme Forcadell (que se presentó en las listas de ERC) recupere su puesto como presidenta del Parlament. Es decir, que todo vuelva a ser como era antes de la aplicación del 155 de la Constitución.

Puigdemont no tiene opciones para ser investido presidente. Si vuelve a España, ingresará en prisión, y si se queda en Bélgica, no puede participar en la sesión de investidura. La comparecencia virtual es pura ficción.

Sin embargo, Puigdemont se resiste a volver a España y sus por ello sus diputados (especialmente Jordi Turull) plantean una ilusoria investidura virtual: es decir, que pueda ser elegido tras un discurso de investidura emitido desde Bruselas para ejercer la presidencia desde Bélgica.

El reglamento del Parlament exige la presencia física del candidato en la sesión de investidura. Por tanto, lo que pretende Puigdemont es imposible, a no ser que se produzca un cambio exprés del reglamento (lo que ya ocurrió con la aprobación en lectura única de las leyes de Referéndum y Transitoriedad), decisión que, sin duda, sería recurrida ante el Constitucional por los partidos no independentistas. El propio abogado del ex presidente de la Generalitat, Jaume Alonso Cuevillas, ha manifestado que su defendido sólo podría volver a ser Molt Honorable si vuelve a España.

La situación es tan inaudita como compleja. Se podría dar el caso de que los encarcelados que han sido elegidos diputados fueran puestos en libertad, si así lo estima el juez Llarena, mientras que los cinco de Bruselas tendrían que ser sustituidos por otros tantos diputados por el sistema de correr los candidatos de las listas de ERC y JxC (en Bruselas hay tres del JxC: Clara Ponsati, Lluís Puig, además de propio Puigdemont; y dos de ERC: Toni Comin y Monserrat Serret), para que el bloque independentista no se quedara con 65 escaños, tres por debajo de la mayoría absoluta. Pero, ¿aceptaría Puigdemont ser sustituido por otro diputado? Eso parece imposible, así que es probable que la lista corra sólo en cuatro escaños para dejar vacante el del ex presidente de la Generalitat.

Aun con todo, suponiendo que Junqueras saliera de prisión antes del día 23 de prisión -cosa que las fuentes califican de “improbable”- y que incluso pudiera ser elegido presidente de la Generalitat, estaríamos ante una situación transitoria. El Supremo quiere que haya sentencia a más tardar a finales de 2018. Y no hay ninguna duda de que habrá condena, al menos por desobediencia, para los imputados, lo que conlleva la inhabilitación por un periodo de, al menos, dos años.

Es decir, que, en caso de que Junqueras fuera elegido presidente de la Generalitat, tendría que dejar de serlo a finales del año que viene. Al igual que tendrían que dejar sus puestos en el Govern y en el Parlament los imputados que resultasen condenados.