La magistrada María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
La macrocausa de los ERE, de forma similar a otros procedimientos que inundan juzgados y tribunales por toda España, es la expresión y consecuencia de una interpretación extensiva y analógica de los tipos penales, de investigaciones generales teledirigidas desde instancias políticas de según qué color según qué casos, amplificadas y retransmitidas desde las terminales mediáticas vinculadas al grupo político beneficiado del espectáculo. Tienen como punto de partida la realidad de prácticas corruptas vinculadas al (des)control del destino de fondos públicos, pero, en ese marco procesal y mediático viciado, envenenado y patológico, esa realidad resulta magnificada hasta su completa deformación en una espiral que crea un monstruo procesal ingobernable, incontrolable, capaz de devorar bienes tan preciados y necesarios para el funcionamiento de una sociedad democrática como la confianza de la ciudadanía en sus jueces y tribunales.
Cuando ese monstruo deja ver su verdadera faz, pasados los años y llegado el momento de concretar hechos y delitos dando por finalizada la fase de instrucción, tanto en Sevilla como en otras demarcaciones de nuestro mapa judicial han aparecido voces críticas. Letrados de la Administración de Justicia, jueces, magistrados y fiscales levantan la bandera de la lógica, del rigor técnico, del sentido común, dispuestos a embridar en términos razonables esos descomunales procedimientos judiciales. Quienes cabalgan a lomos del monstruo se enfrentan al vértigo de procedimientos inviables y la incómoda certeza de intuir que es quizás el momento de rectificar.
Desgraciadamente son los menos. La mayoría de quienes se auto-atribuyeron el título de 'los incansables', ensalzados por ese sector de opinión pública que en cada caso corresponda, devienen incapaces de hacer ese ejercicio de humildad indispensable para enfrentar la realidad. Este grupo de policías, fiscales y jueces que se tienen a sí mismos por héroes, frente a las voces críticas, recurren a la descalificación personal y en último término pretenden convertir a aquellos que sostienen en el rigor y los argumentos su posición contraria a esas prácticas procesales televisadas en chivo expiatorio sobre quien cargar responsabilidad del previsible fiasco.
La juez miró al monstruo de los ERE de frente, armada de lógica y rigor jurídico; la reacción de Anticorrupción ha sido denunciarla al CGPJ
Por poner algún ejemplo, podemos recordar que hubo un fiscal que, al ser designado para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, advirtió que el instrumento penal debe ser utilizado con moderación y otras premisas del buen hacer procesal tan elementales como que los investigadores policiales no debían dictar sentencias en los atestados. Fue lapidado al más puro 'estilo Villarejo', desempolvando y difundiendo un viejo asunto familiar tan artificiosamente creado y exagerado en su gravedad que, si bien sirvió para destrozar su prestigio personal y profesional en una campaña mediática infame, nunca supuso objeción alguna para el desempeño del cargo de fiscal del Tribunal Supremo.
Hace unos días, desde esa misma institución se ha formulado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra una magistrada sevillana que hace años miró al monstruo de los ERE de frente, armada de lógica, rigor jurídico y argumentos, en su mayor parte refrendados de manera reiterada por la Audiencia Provincial y desoídos con idéntica reiteración por los fiscales anticorrupción que la denuncian.
De entre esos argumentos que dan armazón y soporte a sus resoluciones merecen ser destacados tres, tan incontestables, sencillos y sólidos como aquel del fiscal que recordaba el diferente contenido de un atestado y una sentencia. Son tres argumentos que hieren de muerte al monstruo pinchando el globo de su inconsistencia. El primero es que no toda irregularidad administrativa es encuadrable en el Código Penal. El segundo, que no puede exigirse a los ciudadanos que sean vigilantes hasta ser responsables del correcto funcionamiento de la Administración pública. El tercero, que si un consejero o un director general ha sido acusado y juzgado por malversación por una cifra que incluye todas las ayudas o subvenciones otorgadas en su departamento no puede volver a ser de nuevo acusado y juzgado ayuda tras ayuda, en más de un centenar de juicios.
En las macrocausas, la realidad resulta magnificada hasta su completa deformación en una espiral que crea un monstruo procesal ingobernable
Frente a estos tres argumentos elementales, metálicos y letales, la reacción ha sido una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, que lejos en la reserva y discreción habitual ha sido inmediatamente filtrada.
Sirvan estas palabras de homenaje y desagravio para todos aquellos que se enfrentan de manera activa a la lacra de los macroprocesos, verdadera masacre de derechos civiles y garantías procesales, actuando en su comisaría o en su juzgado en el desempeño de las funciones y facultades que la ley les otorga en el proceso penal sin olvidar que tienen en sus manos un bisturí tan imprescindible como afilado y dañino, que sólo están autorizados a utilizar con prudencia.
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José María Calero Martínez es abogado.