María Núñez Bolaños, dirigiéndose a los juzgados de Sevilla.

La magistrada María Núñez Bolaños, dirigiéndose a los juzgados de Sevilla. EP

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Núñez Bolaños: por sus autos la conoceréis

Política LA JUEZ DEL 'CASO ERE', DENUNCIADA POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANTE EL CGPJ

Núñez Bolaños: por sus autos la conoceréis

El Ministerio Público acusa a la juez que sucedió a Alaya de tener la "voluntad de paralizar o ralentizar la marcha" de las macrocausas / "Tengo una frase fundamental, que es que la justicia lenta no es justicia", proclamaba la magistrada en 2016

«Tengo una frase fundamental, que es que la justicia lenta no es justicia. Si no hay solución, no hay solución, y si la solución llega tarde, tampoco es solución». Abordada en los pasillos por el grupo de periodistas que cubre habitualmente la información de tribunales en Sevilla, la magistrada María Núñez Bolaños hacía balance en la mañana del 16 de junio de 2016 de su primer año como titular del juzgado que instruye el caso ERE y otras macrocausas de corrupción vinculadas a la gestión de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista. «Se han hecho muchas cosas (…). El balance no puede ser más que positivo», resumió.

Tres años después de aquellas declaraciones, la juez se ha convertido en noticia a nivel nacional a raíz del extenso informe que la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla al completo ha elevado al fiscal jefe, Alejandro Luzón, en el que relatan de forma pormenorizada todas las presuntas irregularidades cometidas por Núñez Bolaños en la instrucción de las causas. Ese escrito, cuya existencia desveló en exclusiva El Independiente y con escasos precedentes, es la base de la denuncia que el Ministerio Público ha presentado esta semana contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe valorar ahora si aquélla ha cometido una de las faltas graves tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): «La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales».

La juez que tiene como cita de cabecera que la «justicia lenta no es justicia» ha sido acusada por la Fiscalía de «retraso injustificado» y de tener la «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos». En la denuncia, cuyo contenido ha avanzado El Español, Anticorrupción sostiene que la magistrada «se muestra pasiva o se limita a dar una mera apariencia de tramitación de las diligencias» y que está llevando a cabo en el procedimiento de los ERE un «vaciamiento progresivo tras acordar la exclusión de los cargos de la Junta de Andalucía».

La denuncia ante el órgano de gobierno de los jueces se produce meses antes de que se conozca la sentencia de la primera pieza del caso, en la que se ha juzgado el procedimiento específico con el que la Administración andaluza repartió 741 millones de euros en ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración entre los años 2000 y 2010. El fallo de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se espera para el próximo otoño, avalará la tesis acusatoria que ha mantenido el Ministerio Público desde el inicio de la instrucción o supondrá un revés a su planteamiento procesal.

Tengo una frase fundamental, que es que la justicia lenta no es justicia», decía en 2016 la juez denunciada ahora por la Fiscalía ante el CGPJ por «retraso injustificado»

Hubo un tiempo en que Anticorrupción mantenía sintonía con Núñez Bolaños, que se hizo cargo del juzgado que había dirigido Mercedes Alaya tras conseguir ésta una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La juez ahora denunciada recaló a mediados de junio de 2015 en Instrucción 6 de Sevilla tras servir durante los 11 años anteriores en un juzgado especializado en materia de Derecho de Familia (Primera Instancia 17 de Sevilla) y, con anterioridad, en uno de lo contencioso-administrativo de Huelva.

Esa inexperiencia en la instrucción de procedimientos penales fue uno de los argumentos esgrimidos por Alaya en el duro escrito que envió al CGPJ en un intento de hacer ver que debía ser ella -en comisión de servicio tras ocupar su plaza en la Audiencia de Sevilla- y no su sucesora la que debía continuar con la investigación de los ERE, del fraude de la formación y de las presuntas irregularidades en la concesión de avales y préstamos por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Amistad con el ex consejero de Justicia

No fue la única razón expuesta por Alaya. Ésta también veía comprometida la imparcialidad de su compañera debido a la amistad que desde hace años mantienen el marido de Núñez Bolaños -Julio Guija Villa, jefe del servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla- y el entonces consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

Mes y medio después de tomar el control de la instrucción del caso ERE, Núñez Bolaños tomó una decisión trascendental para el devenir del caso que suponía desmarcarse abiertamente de la tesis de Alaya y posicionarse junto a la Fiscalía. Con el argumento de agilizar la instrucción, la magistrada acordó trocear el sumario de la causa de los ERE en piezas separadas: una sobre el  procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, otra con las sobrecomisiones percibidas por las mediadoras por la formalización de las pólizas de prejubilaciones y un tercer bloque formado por cada cada una de las más de 200 ayudas sociolaboral o directas a empresas. «La justicia tiene que ser ágil y agilizar la tramitación e instrucción de una macrocausa para conseguir resultados pasa por la división», explicó a los periodistas aquella mañana de junio de 2016.

Era la segunda decisión relevante que adoptaba. La primera la tomó 24 horas después de llegar al juzgado, cuando desautorizó a su antecesora dictando una resolución con la que dejaba sin efecto una providencia -firmada por Mercedes Alaya pero que no se había notificado a las partes- con la que requería a la Junta más información sobre las subvenciones otorgadas al entramado de empresas y asociaciones controladas por el ex consejero andaluz Ángel Ojeda, entre otros beneficiarios.

Los desencuentros y el enfrentamiento con el Ministerio Público han ido en aumento por la disparidad de criterios jurídicos entre instructora y Fiscalía -en su opinión, algunos imputados en el caso ERE son «víctimas» en vez de «delincuentes»- hasta desembocar en el escrito enviado por toda la plantilla de Anticorrupción en Sevilla y que puede marcar el futuro profesional de Núñez Bolaños, de baja desde el día en que trascendió el informe elevado a Alejandro Luzón para que presentara denuncia ante el CGPJ.

Frente al criterio de su antecesora, Núñez Bolaños ha archivado piezas y mantiene que muchos de los investigados en el ‘caso ERE’ son «víctimas» y no «delincuentes»

En múltiples escritos, los fiscales han venido advirtiendo de que el riesgo de prescripción de delitos en la macrocausa de los ERE era «cada vez más cierto» si no se avanzaba en la investigación de los hechos por los que se inició el caso en enero de 2011. El tiempo entre la adopción de medidas y la fecha de otorgamiento de las ayudas ha provocado ya que no se pueda perseguir penalmente a numerosos beneficiarios de ayudas, toda vez que han transcurrido más de 10 años -plazo establecido para las subvenciones inferiores a 450.000 euros- desde el último pago hasta la notificación de la imputación o 15 años si la ayuda excede esa cantidad. Ése fue el criterio fijado por los fiscales Anticorrupción a principios de 2016.

No sólo la eventual prescripción de delitos por la tardanza en su investigación. El Ministerio Público también ha llamado la atención sobre posibles dilaciones indebidas por el retraso en la instrucción, circunstancia que podrían esgrimir en el futuro las defensas de imputados para que se atenúen penas en caso de sentencias condenatorias.

Escrito de los fiscales combatiendo un auto de archivo de la juez Núñez Bolaños.

La Fiscalía ha recurrido numerosas decisiones de Núñez Bolaños, como la decisión de archivar la pieza correspondiente al otorgamiento de una ayuda de 1,2 millones de euros a la empresa sevillana Romero Álvarez SA. «Se hace uso por la magistrada instructora de los principios de la confianza en la Administración y buena fe para justificar una conducta que de todo punto es delictiva», argumentaban las fiscales en la apelación con la que pedían la revocación del sobreseimiento libre de dichas actuaciones.

La denuncia ante el poder judicial se produce sólo unos meses antes de que se conozca la sentencia de la primera pieza del ‘caso ERE’

No sólo en la causa de los ERE. Anticorrupción también ha combatido la resolución por la que la juez acordó el 27 de mayo sobreseer provisionalmente el conocido como caso avales. Iniciado el 28 de enero de 2014 para investigar la concesión presuntamente irregular de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento a empresas por parte de la Agencia IDEA, la juez acordó el archivazo al entender con el avance de la instrucción se habían desvanecido «uno por uno» los indicios de delito.

En su recurso de apelación, los fiscales han pedido la reapertura de dicha causa, entre otros motivos porque la juez dio carpetazo sin haber practicado dos diligencias de investigación confirmadas por la Audiencia de Sevilla: el informe pericial encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la elaboración de un atestado clave por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Alaya encargó la investigación policial cuando abrió las diligencias hace más de cinco años.

«La magistrada instructora deniega la práctica de esas diligencias tan importantes para el esclarecimiento de los hechos, ahora con el argumento de que ya ha procedido a cumplir con lo ordenado por la Audiencia al haber librado sendos oficios a dichos organismos para que remitieran el resultado de lo encomendado. Difícilmente pueden haber remitido la UCO y la IGAE el resultado de lo encomendado pues, según consta en sendos oficios de 12 y 26 de febrero de 2019 -en el caso de la UCO- y de 21 de febrero de 2019 -en el caso de la IGAE- no se había puesto a su disposición la documentación necesaria para el desarrollo de la tarea encomendada», razonan los fiscales en el recurso.

Núñez Bolaños ha recibido varios reveses de la Audiencia de Sevilla por su decisión de archivar diversas piezas separadas en el caso ERE, como la relativa a las ayudas concedidas con cargo al fondo de reptiles a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén. En octubre de 2016, la instructora archivó la pieza relativa a la subvención que la Junta de Andalucía concedió a dicha empresa para sufragar el coste de las prejubilaciones de 54 trabajadores de su planta de Jaén (Linares). La juez concluyó que, aunque el procedimiento de concesión fuera «inadecuado o ilegal», los hechos investigados no revestían carácter de delito.

El enfrentamiento no ha sido únicamente con Anticorrupción; también con la acusación popular que ejerce el PP. Esta parte pidió su recusación en la causa en la que se investigan las transferencias de financiación que la Agencia IDEA recibió de diversas consejerías para el pago de subvenciones, al entender que el hecho de que una cuñada de la juez trabajara en dicho organismo de la Junta de Andalucía comprometía su imparcialidad. La Audiencia de Sevilla rechazó dicha pretensión el pasado mes de noviembre.

Justificación de la fianza de 30.000 euros al PP, luego revocada por la Audiencia, para ejercer la acusación popular en una de las macrocausas.

El choque entre instructora y acusación popular había vivido otro episodio relevante cuando, el 2 de octubre de 2017, la magistrada impuso al PP una fianza de 30.000 euros para poder personarse en el citado procedimiento de las transferencias de IDEA. Núñez Bolaños justificaba la elevada cuantía de la caución en el importe de los fondos públicos a investigar: 4.315 millones de euros, cuatro veces más que en el caso de los ERE fraudulentos.

«Personalidades políticas de signo contrario»

 «Esta es una causa que, de instruirse como insistentemente solicita el Partido Popular, podría convertirse en una causa de dimensiones y con afectados, personalidades políticas de signo contrario al partido que ejerce la acusación popular, aún mayor que las diligencias previas 174/11 (ERE), causa donde, a entender de esta instructora y constada la actuación de las acusaciones populares, debió exigirse desde un principio fianza a todas y cada una de las mismas», expuso Núñez Bolaños.

Esa decisión fue revocada siete meses después. «No encontramos, y no se explica, la razón de la imposición de fianza en la causa, como no se explica tampoco la cuantía establecida, muy superior a la que viene estableciendo con carácter general el Tribunal Supremo en causas especiales», zanjó la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

De baja desde hace más de dos semanas, el juez que venía prestando labores de refuerzo se ha hecho cargo de la instrucción de las macrocausas hasta que Núñez Bolaños se reincorpore a su puesto. El promotor de la acción disciplinaria que nombre el CGPJ deberá determinar si la magistrada que proclama que «la justicia lenta no es justicia» ha incurrido en «retraso injustificado» y ha demostrado con su actuación tener la «voluntad de paralizar o ralentizar la marcha de los procedimientos», como le acusa la Fiscalía Anticorrupción.